COSTE DE UNA PROPUESTA DE NIVEL BASICO DE PREVISION SOCIAL EN ESPAÑA[1]

 

THE COST OF A PROPOSAL FOR A BASIC SOCIAL PROTECTION FLOOR IN SPAIN

 

Joseba Iñaki De La Peña Esteban[2]

Profesor Titular. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). España

 

Noemí Peña Miguel

Profesor Ayudante. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). España

 

Resumen

 

En el año 2005 el Banco Mundial propuso diseñar una asignación económica para cada ciudadano en función de su propia situación, que fuera sufragada anualmente teniendo en cuenta tanto la situación demográfica como económica del país. Sus orígenes más cercanos pueden derivar de la concepción de la Renta Básica (Van Parijs, P., 1994; Raventós, D., 2005). Este nuevo pilar de previsión, también llamado pilar cero, implica un rediseño de las prestaciones básicas que se otorgan dentro del país.

 

Igualmente, también implica rediseñar todo el sistema de prestaciones contributivas, pues parte de ellas se abonarían a través de un nivel básico de cobertura. El objeto principal de la presente contribución es determinar el coste de establecer un nivel básico de previsión que aúne las prestaciones sociales mínimas en una única, que redistribuya las existentes (jubilación, invalidez, fallecimiento) en una única prestación propia, así como que dirija los ingresos suficientes como para financiarla, sin menoscabar el equilibrio técnico del sistema. Ello implica modificar los niveles de cobertura de la Seguridad Social propuestos por la Organización Internacional del Trabajo en 1998, para adecuarlos a una prestación de carácter universal.

 

Palabras clave

 

Previsión social; Prestación social básica; Pensiones; Coste de la Seguridad Social.

 

Abstract

 

In the year 2005 the World Bank proposed to design an economic benefit for all citizens depending on their own situation. This kind of benefit has to be supported in an annual financial base, taking into account the demographic and economic situation of the country. Its origin could be the Basic Income (Van Parijs, P., 1994; Raventós, D. 2005). This new level of social protection implies a redesign of the basic and compulsory level of protection that every country has. Even more, it implies re-designing the whole system of benefits, because part of them would be included as basic coverage.

 

The aim of this paper is to determine the cost of a social protection level for Spain. This benefit has to redistribute the existing minimum benefits (retirement, disability, mortality). The model, as well, has to redirect the sufficient income to finance them without reducing the technical balance of the Social Security system. This implies to modify the levels of protection into Spanish Social Security system to a new one based on the International Labor Office model –ILO 1998-.

 

Keywords

 

Social welfare; Basic benefit; Public pensions; Social Security cost.

 

JEL: I38, H19, H83.

 

 

1. Introducción

 

Existen un número elevado de ayudas económicas dirigidas a distintos estamentos de la población cuya finalidad es evitar la indigencia. Estas ayudas se otorgan no sólo en España, sino en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea (Figari, F.; Matsaganis, M. y H. Sutherland, 2013). Las distintas administraciones las financian mediante dotaciones puntuales e incluso dependiendo de la situación económica del país. Sin embargo, no existe un sistema integral que busque precisamente que todo ciudadano de un país evite el riesgo de pobreza y que, por el hecho de ser ciudadano, se tenga asegurado el sustento mínimo vital. Los antecedentes a una prestación con esta finalidad pueden encontrarse en la Renta Básica (Van Parijs, P. 1994; Raventós, D. 2005). Hay autores (Raventós, D., 2012) que remarcan que en el entorno actual, en el que el modelo del Estado de Bienestar puede verse en peligro por la crisis económica, el estudio de un modelo de financiación de la Renta Básica toma una dimensión importante. Asimismo, la Renta Básica no es una propuesta ni ofensiva ni defensiva, sino de reorganización y redistribución de las cargas y beneficios de los modernos sistemas de bienestar (Noguera, J., 2002).

 

El enfoque de una prestación social básica para toda la población española se sustenta en la propuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo -ILO- (ILO, 2012) relativa al sistema básico nacional de protección social y centrada en que los gobiernos de los países garanticen la seguridad básica de ingresos para sus habitantes (European Parliament, 2010). Este enfoque de la ILO concuerda con la recomendación realizada por el Banco Mundial en el año 2005, que incorporó un pilar cero de protección social (Holzman, R. y R. Hinz, 2005). Sin embargo, en España no se parte de cero. En nuestro país existen prestaciones mínimas dentro del sistema de seguridad social sujetas a requisitos económicos mínimos de la unidad familiar, al igual que ocurre para las prestaciones de desempleo y las rentas mínimas de inserción que, con competencia autonómica, se ofertan en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) de nuestro país. Sin embargo, no existe un sistema único e integrador de cobertura que permita a todo ciudadano en igualdad de cobertura recibir una prestación que garantice un mínimo estándar de vida.

 

Para el desarrollo del presente objetivo se aborda en el primer epígrafe el concepto de un nivel básico de previsión. A continuación se ahonda en los antecedentes existentes, haciendo especial mención a la Renta Básica e indicando algunos ejemplos de cobertura universal y parcial existentes en el mundo. También se indican las implicaciones que tendría esta prestación dentro de un sistema de bienestar nacional como el propuesto por el Banco Mundial. A continuación, se aborda el problema del importe de la prestación básica teniendo en cuenta distintos criterios que actualmente existen, entre ellos, la finalidad de la ayuda económica, que es el que se adoptará para determinar en el siguiente epígrafe el coste que supondría en España un nivel de previsión social de estas características. Finalmente se termina el presente trabajo con una serie de comentarios e implicaciones que dimanan del establecimiento del nivel básico propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, junto con las referencias bibliográficas incluidas en el presente documento.

 

 

2. Los pilares de previsión del sistema

 

La idea de la asistencia social tiene una larga historia en los sistemas de bienestar instalados en Europa. Su inicio lo podemos focalizar en 1889 cuando en Alemania se adoptó un programa social de seguros para la vejez, diseñado por Otto von Bismarck con la finalidad de promover el bienestar de los trabajadores alemanes (ILO, 2009). Posteriormente en plena Segunda Guerra Mundial, en 1941, en la Carta del Atlántico, el Presidente norteamericano Roosevelt y el Primer Ministro del Reino Unido, Sir Winston Churchill se comprometieron a mejorar las normas laborales, el progreso económico y una seguridad social para todos. Un año más tarde, en 1942, el Gobierno del Reino Unido publicó el Plan Beveridge, que dio lugar a la creación del primer sistema unificado de seguridad social. El informe presentado en 1942 dota a la Seguridad Social de un carácter integral y universal donde se proponía que se atacaran los cinco males gigantes de las sociedades modernas: “la indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y la ociosidad” (Beveridge, W.H., 1942).

 

El auge de los sistemas de protección públicos en Europa lleva a la definición de la teoría de los tres pilares que se desarrolló a partir de los años sesenta del siglo pasado (Dupeyroux, J.J., 1966) y sobre la que se sistematiza la construcción del marco normativo europeo. Propuesta por la Universidad de Lovaina, distingue tres niveles o pilares de previsión: el primer pilar se refiere al sistema público de previsión; el segundo pilar está constituido por los regímenes privados y complementarios de carácter ocupacional o de empleo que surgen en el ámbito de las empresas y de las relaciones laborales; el tercer pilar está conformado por las cuentas individuales de ahorro previsor a largo plazo. Posteriormente la Organización Internacional del Trabajo abogó por un sistema más amplio (Gillion, C., 2000) “para aliviar la pobreza en la vejez y proveer prestaciones de jubilación de bajo riesgo son necesarias prestaciones provenientes de múltiples fuentes”.

 

Cuadro 1. Fechas claves en la instauración del Bienestar Social

 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

En 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas puso en marcha una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos, en la cual se llegó a un consenso sobre cuestiones y prioridades fundamentales, entre ellas:

 

-           Debe concederse más prioridad a las políticas e iniciativas destinadas a ampliar la cobertura de la Seguridad Social para abarcar a quienes carecen de ella.

-           La Seguridad Social no sólo reviste gran importancia para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de la comunidad en su conjunto sino que, de gestionarse adecuadamente, también aumenta la productividad y apoya el desarrollo económico.

-           El envejecimiento de la población afecta tanto a los sistemas de pensiones basados en la capitalización como a los basados en el reparto: es necesario buscar soluciones basadas preferentemente en las medidas destinadas a aumentar las tasas de empleo.

-           Los interlocutores sociales tienen un importante papel que desempeñar en la gestión de la Seguridad Social.

 

Más recientemente el Banco Mundial (Holzmann, R. y R. Hinz, 2005) ha propuesto un cambio en esos tres pilares pasando a cinco:

 

Cuadro 2. Los 5 pilares del Banco Mundial

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Holzmann, R. y R. Hinz (2005).

 

El sistema contributivo de seguridad social existente en España comprendería el primer pilar de la propuesta del Banco Mundial, coincidiendo tanto el segundo como el tercero con los pilares básicos de protección. Sin embargo, se incorporan dos más. Un pilar “cero”, constituido por una asignación económica suficiente como para que todo ciudadano de un país, en la medida de sus posibilidades y características, pueda hacer frente a las necesidades mínimas de supervivencia, que sea sufragada anualmente teniendo en cuenta tanto la situación demográfica como económica del país (Cichon, M. y K. Hagemejer, 2004; Kulke, U., 2007) y un cuarto pilar centrado en los servicios de salud y vivienda proporcionados principalmente por los familiares. Actualmente, la ILO (ILO, 2012) propone un nivel básico de protección social, reconociendo que la Seguridad Social es una herramienta vital dentro de la política social pública con el fin de:

 

·                     Prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión e inseguridad social.

·                     Promover la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones por razón de raza y género [sic.].

·                     Apoyar la transición hacia un empleo formal, considerando que la Seguridad Social es una inversión en la población que ayuda a adaptarse a cambios de la economía y del mercado de trabajo. Los sistemas de seguridad social también actúan como estabilizadores automáticos sociales y económicos, ayudando a estimular la demanda laboral e incentivando una transición hacia una economía más sostenible.

 

 

3. Antecedentes de una prestación universal: la Renta Básica

 

3.1. Definición

 

El debate internacional sobre la Renta Básica –RB- comenzó en 1990. Inicialmente fue una propuesta de filósofos y políticos que abogaban por las libertades del ser humano así como por la justicia redistributiva (Atkinson, A.B., 1966; Van Parijs, P., 1995). Posteriormente las investigaciones se centraron en temas sociales, políticos y en el diseño y puesta en práctica de la Renta Básica (Vanderbrouke, F., 1997; Wispelaere, J., 1999). Recientemente la discusión se ha centrado en el diseño de políticas distributivas donde ha surgido el debate entre los que argumentan que cada individuo debiera tener una suma global sustancial "única" al principio de su vida adulta - la dotación básica- (Cunliffe, J. y G. Erreygers, 2003) frente a los que argumentan que todos los individuos deberían recibir sumas a intervalos regulares - el ingreso básico- (Van Parijs, P., 2006). El debate ha sido amplio y en los últimos años se ha enfocado a las ventajas potenciales, sus desventajas y la viabilidad de su aplicación. Formalmente se define la Renta Básica como (Van Parijs, P. 1994; Raventós, D. 2005):

 

…es un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiado por impuesto o por otros medios y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o residencia. La renta básica debería estar garantizada y pagarse a todos a título individual, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta, de si trabajan o no y de con quién convivan.

 

Puede considerarse como una garantía de ingreso mínimo, pero difiere debido a que:

 

1.                   Se abona a los ciudadanos, en vez de a los cabezas de familia.

2.                   Se abona independientemente de otras fuentes de ingreso del beneficiario.

3.                   Se abona sin la condición de aceptar un trabajo o no tenerlo.

 

Claramente es imprescindible establecer una serie de reglas para su percepción. Algunos autores (Raventós, D. 2005; Van Parijs, P. 2006) denominan a estas reglas un contrato social donde se definen una serie de derechos (libertad, alojamiento, salud, educación, etc.) y obligaciones (respeto a la propiedad, impuestos, protección del medioambiente, trabajo social, etc.) que garantizan al individuo ser un miembro de pleno derecho de la sociedad (Marshall, T.H., 1950; Ringen, S., 1987; Baldwin, P., 1990). Este concepto de ciudadanía debe ser independiente de la situación económica del individuo y le debe posibilitar obtener un mínimo estándar de vida (Pateman, C., 2006).

 

3.2. Experiencias existentes

 

Actualmente, aunque existen infinidad de subsidios que bajo diferentes denominaciones buscan otorgar una garantía de ingresos mínimos, existen muy pocas experiencias reales de una renta básica. Tal vez la más relevante sea el dividendo del petróleo de Alaska (APFC, 2009). Es el único programa de renta básica universal que se abona a todo ciudadano por el hecho de serlo.

 

Cuadro 3. Ejemplos de Renta Básica en el mundo

 

 

ALASKA

CANADA

MEXICO

BENEFICIARIOS

Universal

Parcial

Parcial

COBERTURA

Residentes

Jubilados

Jubilados

FINANCIACIÓN

Gobierno con Fondo

Gobierno

Gobierno

 

BRASIL

CUBA

NAMIBIA

BENEFICIARIOS

Universal

Universal

Universal

COBERTURA

Residentes

Residentes

Residentes

FINANCIACIÓN

Gobierno

Gobierno

Gobierno

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Otras experiencias que podrían considerarse como RB son:

 

a)         La pensión universal de Canadá para todo los ciudadanos canadienses de más de 65 años (Service Canada, 2012).

b)         La pensión del ciudadano del Distrito Federal de México para los mayores de 68 años –según su situación económica- (Medina, M., 2009).

c)         La pensión básica a implantar en Grecia como resultado de la reforma abordada por el estado griego sobre la seguridad social (Nektarios, M., 2012a). Con ello, el estado abonaría 360 € al mes a los pensionistas, llegasen o no al requisito mínimo para tener derecho a la pensión contributiva -15 años cotizados- (Nektarios, M., 2012b).

 

Otros programas existentes son el programa de ingreso mínimo garantizado y el ingreso básico mínimo de Brasil (Matarazzo, E., 2012), el programa de canasta en especie de Cuba, que asegura que todo ciudadano tiene acceso a los bienes básicos con el fin de alcanzar los requisitos nutricionales mínimos (Castiñeiras, R.M., 2006). Finalmente se incluye como renta básica el proyecto piloto de renta básica del poblado de Otjivero en Namibia, que facilitaba 10 $/mes para asegurar alimento y alojamiento. Este proyecto incluso ha favorecido las inversiones en pequeños negocios y ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida del poblado (Haarmann, D., 2012).

 

 

4. Prestaciones sociales en España

 

Actualmente existe un número elevado de ayudas económicas dirigidas a distintos estamentos de la población cuya finalidad es que los ciudadanos alcancen un nivel mínimo de vida aceptable. Generalmente las distintas administraciones centrales y/o locales financian estas ayudas mediante dotaciones puntuales que incluso en ocasiones dependen de la situación económica del país.

 

En España, a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa las Comunidades Autónomas pusieron en marcha una serie de programas destinados a abonar a personas potencialmente activas las denominadas Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En general, estas prestaciones ofrecen una protección de baja intensidad condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos y marcada por cierta discrecionalidad en su aplicación (Arriba, A., 2010). Los programas autonómicos de las RMI son sólo uno más dentro del conjunto de prestaciones asistenciales existentes en España (pensiones, desempleo o servicios sociales). Estas prestaciones asistenciales ofrecen, en conjunto, una protección jerarquizada según la relación pasada y presente del receptor con el mercado de trabajo (Arriba, A. y D. Guinea, 2008).

 

Gráfico 1. Gasto ejecutado en Rentas Mínimas de Inserción en 2010

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011).

 

El importe abonado por estas RMI ascendió hasta los 766,7 millones de euros en 2010 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011) con un reparto desigual por Comunidades Autónomas (gráfico 1), donde el País Vasco y Cataluña fueron las Comunidades Autónomas que mayor gasto ejecutaron, alcanzando el 61,70% del total de España. Además de las anteriores, el sistema de seguridad social contempla prestaciones no contributivas para aquellos trabajadores que no tienen derecho a las prestaciones contributivas o no alcanzan con sus ingresos la pensión mínima correspondiente. Durante el año 2010 las cuantías de las distintas prestaciones no contributivas ascendieron a 8.903,22 millones de euros (cuadro 4).

 

Cuadro 4. Aportaciones estatales por prestaciones no contributivas en millones de €

 

Concepto

Aportación 2010

Desempleo: Nivel asistencial

4.732,00

Pensiones No Contributivas

3.403,03

Cupo Pensiones No Contributivas

142,58

Renta Mínima de Inserción

766,73

Total Aportaciones 2010

                8.903,22  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2011).

 

La existencia de diferentes prestaciones mínimas bajo diferentes conceptos (de la Seguridad Social, subsidio de desempleo, garantía de inserción, etc.) da forma al sistema de garantía de ingresos mínimos en España, siendo significativamente amplio y complejo. Uno de los déficit más importantes de este sistema de ayudas, sin embargo, es no haber sido concebido nunca como una prestación global, por lo que presenta importantes problemas que limitan su eficacia en la reducción de las desigualdades y de la pobreza en España (Laparra, M., 2011). Tal vez, la razón sea que los diferentes instrumentos que tratan de garantizar los ingresos mínimos aparecieron en distintos momentos del tiempo y con distintos requisitos. En este contexto se hace necesaria una profunda revisión del sistema para reducir su fragmentación y las notables disparidades en la protección recibida por los distintos grupos de población (Ayala, L., 2012), amén de suplir la falta de homogeneidad y la insuficiencia de estos programas (Noguera, J., 2006). Por último, en tiempos de crisis parece más que necesario realizar avances hacia la racionalización del sistema de garantías mínimas. Ante los anteriores, una única prestación social básica (PSB) sería un instrumento para la racionalización del sistema de garantías mínimas. Al unificarse todas las ayudas, prestaciones mínimas y complementos actualmente existentes, se pretende:

 

a)         Homogeneizar las cuantías de las prestaciones, teniendo en cuenta una serie de factores que particularicen la prestación, entre ellos el territorial.

b)         Simplificar el sistema existente y tener un mayor control de su coste y de sus vías de financiación.

 

La implantación de esta prestación supone un cambio en el modelo socio económico actual y las consecuencias de su implantación son difícilmente evaluables a priori (Casassas, D. y D. Raventós, 2011). No obstante, el problema que surge, es determinar el importe de la prestación a abonar en cada caso. De hecho su cuantía depende, entre otros, de los recursos disponibles en la comunidad política o Estado de que se trate; de lo que sea políticamente viable; de en qué medida queremos sustituir otras prestaciones sociales; de hasta dónde queremos seguir incentivando el trabajo remunerado y de otros muchos factores (Noguera, J., 2002). Puede estar fijada arbitrariamente en función de un factor externo, un indicador del nivel de renta como el indicador público de renta de efectos múltiples –IPREM-, el salario mínimo interprofesional –SMI- o centrarse en la finalidad propia que debiera tener la prestación que garantice el nivel básico de previsión social.

 

Bajo este último enfoque, Peña Miguel, N., et al. (2014) plantean una PSB basada en el gasto realizado en bienes necesarios para vivir, aquellos considerados como necesarios, vitales o primarios para subsistir: alimento; vestido y calzado; vivienda y transporte público (Rosetti, J.P., 2008; Clark, D. 2005) y que son los que difícilmente llegan a cubrir las personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza (Guio, A., 2005). En ese trabajo se determinan los factores que particularizan la PSB tomando como base la Encuesta de Presupuestos Familiares –EPF- de 2010 y los trabajos previos (Camacho, J. y M. Hernández, 2008; Mañas et al., 2002) que han analizado los determinantes del gasto en España y consideran que los factores que pueden influir en los gastos de la unidad familiar son:

 

-           Edad del sustentador principal

-           Situación laboral del sustentador familiar

-           Tamaño del municipio de residencia

-           Comunidad Autónoma de residencia

-           Número de dependientes en la familia

 

Cabe destacar que, a pesar de que la fuente de información principal sobre las necesidades básicas de los individuos es el hogar, el énfasis se centra en el individuo, por ser la individualidad una de las características que definen la prestación básica. Sin embargo, a pesar del carácter de derecho individual que se le atribuye a esta prestación básica, conviene matizar otro carácter cual es la uniformidad. Para ello, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las personas comparte su vida con otras y, por tanto, las economías de escala asociadas a la convivencia con otros miembros de la unidad familiar deben ser introducidas en el análisis (Casassas, D. y D. Raventós, 2011).

 

Las categorías de gasto donde se dan economías de escala son principalmente en los gastos en vivienda y transporte y en menor medida en ropa y calzado (Sánchez Macías, J.I. y F. Rodríguez, 2004). Existe una relación cuantitativa entre el gasto dedicado a satisfacer las necesidades vitales de entre la totalidad de gastos de la unidad familiar como aproximación al ingreso de la unidad familiar (Aldás, J. et al., 2006) y los factores significativos enumerados anteriormente. (Peña Miguel et al., 2014) encuentran dicha relación a través de un modelo de regresión por cuartiles o regresión intercuartílica. El Anexo 1 muestra los resultados que obtienen para los coeficientes estimados de esta regresión. Ello nos lleva a realizar una definición de la prestación social básica como aquella asignación económica sufragada anualmente a cada ciudadano, suficiente para que pueda hacer frente a las necesidades mínimas de supervivencia y acorde a factores tales como la edad, el municipio de residencia, su situación laboral, número de dependientes y la comunidad autónoma de residencia.

 

Fruto de lo anterior se determina la PSB de cada individuo en función de su situación personal y de los factores relevantes que la condicionan. Así, en el cuadro 5 puede apreciarse la PSB que percibiría un sustentador principal hombre de 40 años, trabajador activo y que reside en un municipio de menos de 10.000 habitantes, en función del número de hijos dependiente y según la comunidad autónoma de residencia. A un sustentador principal trabajando con cónyuge y un hijo le correspondería una PSB de 6.566,68 €/año en el País Vasco y con las mismas características, en Baleares serían 1.000 €/año menos (5.526,75 €/año) y en Canarias serían 2.000 €/año menos aproximadamente (4.523,04 €/año). Este importe consignado para la PSB debiera hacer frente al gasto en los mismos bienes vitales en cada comunidad de referencia.

 

 

Cuadro 5. Importe anual en Euros de PSB para el sustentador principal (SP) activo en función de hijos dependientes y CCAA de residencia

 

TRABAJADOR ACTIVO

1 SP

1 SP +

1D

1 SP +

2 D

2 SP +

1 D

2 SP +

2D

2 SP +

3 D

PAIS VASCO

5.424,12

5.788,88

6.101,15

6.566,68

6.684,85

6.737,94

NAVARRA

5.060,49

5.425,26

5.737,52

6.203,05

6.321,22

6.374,31

CATALUÑA

4.924,66

5.289,43

5.601,70

6.067,23

6.185,40

6.238,48

MADRID

4.782,11

5.146,88

5.459,15

5.924,68

6.042,85

6.095,93

BALEARES

4.384,18

4.748,95

5.061,22

5.526,75

5.644,92

5.698,00

CANTABRIA

4.319,46

4.684,23

4.996,50

5.462,03

5.580,20

5.633,28

ARAGON

4.279,54

4.644,31

4.956,58

5.422,11

5.540,28

5.593,36

RIOJA

4.232,55

4.597,32

4.909,59

5.375,12

5.493,28

5.546,37

CASTILLA LEON

3.859,14

4.223,91

4.536,18

5.001,71

5.119,87

5.172,96

GALICIA

3.854,13

4.218,90

4.531,17

4.996,70

5.114,86

5.167,95

C. VALENCIANA

3.838,29

4.203,06

4.515,33

4.980,86

5.099,02

5.152,11

CASTILLA LA MANCHA

3.823,95

4.188,72

4.500,98

4.966,51

5.084,68

5.137,77

ASTURIAS

3.754,32

4.119,09

4.431,36

4.896,89

5.015,06

5.068,14

ANDALUCIA + CEUTA Y MELILLA

3.627,88

3.992,65

4.304,92

4.770,45

4.888,61

4.941,70

MURCIA

3.549,73

3.914,50

4.226,76

4.692,29

4.810,46

4.863,55

CANARIAS

3.380,47

3.745,24

4.057,51

4.523,04

4.641,21

4.694,29

 

Fuente: Elaboración propia.

 

En el caso de que sea un ciudadano en desempleo (cuadro 6), las diferencias de gasto entre Comunidades Autónomas se mantienen para una PSB que quiere hacer frente a los mismos gastos vitales; sin embargo los importes en cada Comunidad Autónoma para el sustentador principal son inferiores que si fuese trabajador activo.

 

Cuadro 6. Importe anual en Euros de PSB para el sustentador principal (SP) parado en función de hijos dependientes y CCAA de residencia

 

DESEMPLEADO

1 SP

1 SP +

1D

1 SP +

2 D

2 SP +

1 D

2 SP +

2 D

2 SP +

3 D

PAIS VASCO

5.151,03

5.402,68

5.628,15

6.093,68

6.138,67

6.127,29

NAVARRA

4.787,40

5.039,05

5.264,52

5.730,05

5.775,04

5.763,66

CATALUÑA

4.651,57

4.903,22

5.128,69

5.594,22

5.639,22

5.627,83

MADRID

4.509,02

4.760,67

4.986,14

5.451,67

5.496,67

5.485,28

BALEARES

4.111,09

4.362,74

4.588,21

5.053,74

5.098,74

5.087,35

CANTABRIA

4.046,37

4.298,02

4.523,49

4.989,02

5.034,02

5.022,63

ARAGON

4.006,45

4.258,10

4.483,57

4.949,10

4.994,10

4.982,71

RIOJA

3.959,46

4.211,11

4.436,58

4.902,11

4.947,10

4.935,72

CASTILLA LEON

3.586,05

3.837,70

4.063,17

4.528,70

4.573,69

4.562,31

GALICIA

3.581,04

3.832,69

4.058,16

4.523,69

4.568,68

4.557,30

C. VALENCIANA

3.565,20

3.816,85

4.042,32

4.507,85

4.552,84

4.541,46

CASTILLA LA MANCHA

3.550,86

3.802,51

4.027,98

4.493,51

4.538,50

4.527,12

ASTURIAS

3.481,23

3.732,88

3.958,35

4.423,88

4.468,88

4.457,49

ANDALUCIA + CEUTA Y MELILLA

3.354,79

3.606,44

3.831,91

4.297,44

4.342,43

4.331,05

MURCIA

3.276,64

3.528,29

3.753,76

4.219,29

4.264,28

4.252,90

CANARIAS

3.107,38

3.359,03

3.584,50

4.050,03

4.095,03

4.083,64

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Finalmente, en el caso de ser pensionista (cuadro 7) se sigue con la tendencia de diferente importe por Comunidad Autónoma; lógicamente, al basarse en los gastos, sin embargo los importes generales obtenidos en los pensionistas registran unos valores superiores a los de los activos y desempleados.

 

Cuadro 7. Importe anual en Euros de PSB para el sustentador principal (SP) pensionista en función de hijos dependientes y CCAA de residencia

 

PENSIONISTA

1 SP

1 SP + 1D

1 SP +

2 D

2 SP +

1 D

2 SP + 2D

2 SP +

3 D

PAIS VASCO

5.640,23

6.094,52

6.475,47

6.941,00

7.117,08

7.221,18

NAVARRA

5.276,60

5.730,89

6.111,84

6.577,37

6.753,45

6.857,55

CATALUÑA

5.140,78

5.595,06

5.976,02

6.441,55

6.617,62

6.721,73

MADRID

4.998,23

5.452,51

5.833,47

6.299,00

6.475,07

6.579,18

BALEARES

4.600,30

5.054,58

5.435,54

5.901,07

6.077,14

6.181,25

CANTABRIA

4.535,58

4.989,86

5.370,82

5.836,35

6.012,42

6.116,53

ARAGON

4.495,66

4.949,94

5.330,90

5.796,43

5.972,50

6.076,61

RIOJA

4.448,66

4.902,95

5.283,91

5.749,44

5.925,51

6.029,62

CASTILLA LEON

4.075,25

4.529,54

4.910,50

5.376,03

5.552,10

5.656,21

GALICIA

4.070,24

4.524,53

4.905,49

5.371,02

5.547,09

5.651,20

C. VALENCIANA

4.054,40

4.508,69

4.889,65

5.355,18

5.531,25

5.635,35

CASTILLA LA MANCHA

4.040,06

4.494,35

4.875,30

5.340,83

5.516,91

5.621,01

ASTURIAS

3.970,44

4.424,72

4.805,68

5.271,21

5.447,28

5.551,39

ANDALUCIA + CEUTA Y MELILLA

3.843,99

4.298,28

4.679,24

5.144,77

5.320,84

5.424,95

MURCIA

3.765,84

4.220,13

4.601,08

5.066,61

5.242,69

5.346,79

CANARIAS

3.596,59

4.050,87

4.431,83

4.897,36

5.073,43

5.177,54

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Hay que hacer notar que en todos los casos, a pesar de las diferencias económicas para la misma tipología de beneficiario por Comunidad Autónoma, los bienes de referencia con los que se determinan estos importes son los mismos independientemente de la comunidad con lo que la PSB iría destinada a abonar esos bienes vitales en cada Comunidad Autónoma. De esta forma, un mayor número de dependientes en el hogar, hace disminuir el gasto per cápita. El tamaño del municipio donde se reside tiene también influencia estadísticamente significativa. A mayor tamaño del municipio de residencia, mayor gasto en bienes de primera necesidad. La situación laboral del sustentador principal hace que se ajuste el gasto, siendo los pensionistas quienes mayor gasto per cápita realizan y los desempleados los que menos.

 

 

5. El coste de un nivel básico de previsión

 

Tomando como referencia los factores e importes de Peña Miguel, N., et al. (2014) focalizados en el gasto en bienes vitales, se puede determinar el coste que representaría dotar de un nivel de previsión básico a toda la población española. Para ello, sea una población  con derecho a una PSB y con la estructura demográfica:

 

                                                               [1]

siendo:

 

x :           Edad mínima[3] por la que el ciudadano tiene derecho a la PSB

w :          Edad máxima alcanzada

:     Número de personas con derecho a PSB a la edad i-ésima

s :            Número de diferentes PSB asociadas a las diferentes características de los individuos

 

Para cada edad xi-ésima el total de beneficiarios es la suma de los beneficiarios afectos a los diferentes factores en el ejercicio z-ésimo. Si el abono de prestaciones se distribuye uniformemente a lo largo del tiempo, tenemos entonces que durante el ejercicio z-ésimo el gasto por prestaciones  asciende a:

 

                                                                          [2]

 

Aplicando los factores cuantitativos obtenidos en la regresión a la muestra de la EPF 2010 se obtiene el importe de la prestación agregada y de la prestación individual para todos y cada uno de los 22.203 encuestados que conforman la muestra. Posteriormente, a través del factor de elevación de la muestra[4] se ha extrapolado dicho cálculo a toda la población existente en 2010, esto es, 45.147.618 habitantes (INE, 2010). Ello supone un valor medio de prestación de 3.820,48 €/año para la cobertura universal. Con todo lo anterior, el gasto total de una prestación universal para toda la población española PSBT2010 asciende a:

 

                    [3]

 

Si se considerase una prestación social básica parcial PSBP2010 a abonar a todo ciudadano que no sea trabajador activo, se obtendría una PSB media de 4.694,59 €/año y se alcanza un gasto total en PSB Parcial (PSBP2010) para la totalidad de la población española de:

                      [4]

 

Gráfico 2. Comparativa de la PSB Parcial sobre la Universal para el ejercicio 2010

 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Este importe representa el 43,40% de la PSB Universal para el 2010 (gráfico 2). Obtenido este coste se puede determinar el nivel de cotización (absoluto o relativo) que supondría para cada trabajador activo ocupado como porcentaje de su salario. Éste es un indicador del grado de aportación necesario para financiar exclusivamente con los salarios el nivel básico de previsión. Para ello se considera la estructura demográfica-financiera de cotizantes  en el ejercicio z-ésimo:

 

                                                                                            [5]

 

            :     Número de personas cotizantes a la edad i-ésima

 

Si el abono de aportaciones se distribuye uniformemente a lo largo del tiempo y kz es el porcentaje de cotización constante del ejercicio z-ésimo que sobre el salario  del ejercicio determina la cotización del año , entonces el valor de las aportaciones  a abonar en el ejercicio vendrá dado por:

 

                                                         [6]

 

:        Salario agregado de la población en el ejercicio z-ésimo

 

donde la proporción que representa el nivel de previsión sobre la masa salarial de los trabajadores activos resultaría:

 

                                                                        [7]

 

En España, la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 (EES, 2010) muestra el importe salarial bruto de la población española en ese ejercicio por tramos de edad. Los valores medios de dicha encuesta se incluyen en el cuadro 8. Obtenido el importe de la muestra de la EES 2010, se extrapola a la población ocupada española de 2010 (18.408.100 personas) cuyo dato obtenemos de la Encuesta de Población Activa de 2010 (EPA, 2010). A través del factor de elevación correspondiente se extrapola al total de la población española ocupada de 2010.

 

Cuadro 8. Salarios de población ocupada en 2010

 

 

Encuestados

Salarios Agregados

Salario Medio

< 19 AÑOS

613

4.141.324,26

6.755,83

DE 20 A 29

34.617

603.746.197,22

17.440,74

DE 30 A 39

74.212

1.959.877.419,63

26.409,17

DE 40 A 49

59.424

1.884.863.917,22

31.718,90

DE 50 A 59

38.499

1.379.088.173,53

35.821,40

MAS DE 59

9.404

267.047.967,74

28.397,27

 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2010. Instituto Nacional de Estadística.

 

Con los datos anteriores se obtiene un salario agregado para la totalidad de la población ocupada de:

 

 

Con todo lo anterior se puede obtener la proporción que representa la PSB universal sobre la masa salarial generada en España en 2010. Éste resulta de la siguiente expresión:

 

                                        [8]

 

donde:

 

   [9]

 

El anterior resultado indica la parte de la renta salarial de los trabajadores que debiera ser redistribuida para financiar la PSB de ese año. Por otra parte, al considerar esta prestación como universal, cada trabajador también recibe una PSB acorde a las necesidades mínimas vitales y su situación familiar. El coste anual de esta prestación básica universal supondría el 16,5% del PIB en 2010. Por otra parte, en vez de una cobertura universal puede contemplarse una PSB parcial como la existente en otros países (Canadá, México, etc.). La cobertura parcial cubriría a toda la población excepto la ocupada. En este caso se establece la proporción sobre la masa salarial de los trabajadores que produciría una redistribución dirigida a aquellos ciudadanos que no perciben rentas de trabajo. La proporción sobre la masa salarial de la población activa ocupada española descendería a:

 

                                    [10]

 

Este porcentaje es inferior al obtenido para la cobertura universal debido a que cubriría únicamente a los ciudadanos no ocupados, cuyo coste anual supondría el 7,16% del PIB en 2010. Evidentemente, la inclusión de una PSB como nivel cero de previsión social en España implica una simplificación de las prestaciones mínimas, rentas mínimas de inserción y similares, pero también conlleva que la financiación correspondiente a éstas partidas deba redirigirse a financiar el nivel de protección indicado en este trabajo. De esta forma, por una parte hay que hacer notar que una PSB a abonar a los pensionistas les implicaría que recibirían ésta y, a partir del importe de la PSB, el diferencial que le correspondería por las cotizaciones realizadas durante su vida laboral como activo. Es por tanto de recibo considerar como gasto la parte que correspondería a la PSB sobre el gasto en prestaciones contributivas. Por ello las prestaciones contributivas de la Seguridad Social debieran dividirse en dos niveles. El primero integrado por la PSB y el segundo por el diferencial positivo derivado de las cotizaciones realizadas. El 35% sería el porcentaje de cobertura medio de la PSB (272,89 €/mes) sobre la prestación contributiva media para 2010 (779,49 €/mes) y sería el grado de asignación de presupuestos por prestaciones contributivas que debiera financiar la PSB o nivel básico.

 

Por otra parte, la PSB a abonar a los desempleados implicaría que recibirían ésta y, a partir del importe de la PSB, el diferencial que les correspondería por las cotizaciones y tiempo realizado. Se debiera, por tanto, considerar como gasto la parte que correspondería a la PSB sobre el gasto en prestaciones de desempleo y, por consiguiente, dividirse en dos niveles. El primero integrado por la PSB y el segundo por el diferencial positivo derivado de las cotizaciones realizadas. El 85% sería el porcentaje de cobertura medio de la PSB (615,66 €/mes) de los desempleados sobre la prestación contributiva media de desempleo para 2010 (842,40 €/mes), y sería el grado de asignación de presupuestos por desempleo contributivo que debiera financiar la PSB o nivel básico.

 

Con lo anterior, el conjunto de recursos que las diversas Administraciones aportan para el nivel básico de previsión, es decir, para cubrir la PSB, asciende a 72.701,73 millones de euros en el año 2010 (cuadro 9).

 

Las actuales aportaciones por RMI autonómicas pasarían a utilizarse íntegramente para financiar la PSB ya que ésta se situaría en todos los casos por encima de las RMI autonómicas. Adicionalmente, todas las pensiones no contributivas que existen son inferiores a la PSB por lo que quedarían absorbidas por ella y por lo tanto la aportación total que el Estado realiza bajo este concepto debería destinarse a financiar la PSB. Del importe que el Estado destina actualmente a la cobertura de las prestaciones contributivas se destinaría un 35% del mismo a la financiación de la PSB ya que este es el porcentaje o peso que tiene la PSB media sobre la pensión media del año 2010.

 

Igualmente, del importe que el Estado destina a la cobertura del desempleo se destinaría un 85% del mismo a la financiación de la PSB ya que éste es el porcentaje o peso que tiene la PSB media que corresponde a un desempleado sobre la prestación media de desempleo del año 2010. Finalmente y en relación con la partida cupo pensiones no contributivas, éste corresponde al importe que las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco (Convenio y Concierto Económico respectivamente) adelantan para hacer frente al pago de las pensiones en dichas comunidades pero que vía cupo corresponde sufragar al Estado. Dado que todas las pensiones no contributivas que existen en el cupo son inferiores a la PSB, éstas quedarían absorbidas por ella y se debería destinar su importe integro a la financiación de la PSB.

 

Cuadro 9. Resumen de las Aportaciones Estatales actuales que cubrirían la PSB. Millones de euros

 

Concepto

Aportación 2010

RMI autonómicas (100%)

766,73

Pensiones No Contributivas, LISMI, SOVI

 y otros subsidios (100%)

13.828,12

Pensiones Contributivas (35%)

37.033,06

Desempleo: Nivel contributivo (85%)

20.931,25

Cupo Pensiones No Contributivas (100%)

142,57

Aportaciones Estatales 2010

72.701,73

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2010.

 

Con lo expuesto anteriormente se obtendrían los siguientes resultados para la población española:

 

Cuadro 10. Proporción sobre la masa salarial de la población trabajadora española en 2010

 

PSB Universal

Con AE

PSB Parcial

Con AE

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Los resultados precedentes (cuadro 10) nos indican la proporción que la PSB en su ámbito (universal o parcial) representa sobre el salario de los trabajadores, teniendo en cuenta las Aportaciones Estatales (AE) que actualmente se vienen realizando por parte de las distintas administraciones. Contrasta que prácticamente la PSB Parcial puede abonarse con las asignaciones que actualmente se realizan por las distintas administraciones suponiendo la aportación adicional de los trabajadores el 0,4172% del salario. Si la cobertura fuese universal, el porcentaje de asignación de salario ascendería a 19,2667%.

 

 

6. Conclusiones e implicaciones

 

            Tanto la propuesta del Banco Mundial como la de la Organización Internacional del Trabajo sobre un pilar básico de previsión social público abocan a su contemplación dentro del entramado previsor actualmente existente en España. Este entramado se contempla con ayudas, rentas, prestaciones mínimas financiadas, bien desde un ámbito autonómico o local, bien desde una cobertura propiamente estatal, con lo que puede afirmarse que ese nivel de previsión social básico existe. No obstante, su existencia no quiere decir que responda a un principio de equidad y que se contemple en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. No existe una prestación global común como tal, por lo que presenta importantes problemas que limitan su eficacia en la reducción de las desigualdades y de la pobreza en España. Se necesita reducir su fragmentación y las notables disparidades en la protección recibida por los distintos grupos de población, suplir la falta de homogeneidad y la insuficiencia de estos programas.

 

Ante ello, una PSB focalizada en su finalidad, esto es, una asignación económica sufragada anualmente a cada ciudadano, suficiente para que pueda hacer frente a las necesidades mínimas de supervivencia y acorde a factores tales como la edad, el municipio de residencia, su situación laboral, número de dependientes y la Comunidad Autónoma de residencia, daría respuesta a la propuesta del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, además de paliar las carencias sistemáticas y económicas. Su coste ascendería a 172.485.757.349,54€ (33,3042% de la masa salarial sin considerar las aportaciones de la Administración y 19,2667% si se siguen manteniendo) para una cobertura universal y a 74.862.618.089,43€ (14,4547% de la masa salarial sin considerar las aportaciones de la Administración y 0,4172% si se siguen manteniendo) para una cobertura parcial. Su puesta en práctica implica un análisis de las fuentes de financiación alternativas/complementarias al salario de los trabajadores, como pueden ser impuestos o royalties sobre bienes de riqueza del país, como ocurre en Alaska sobre el petróleo, IRPF, Impuesto de Sociedades, etc. Contemplar otras fuentes de financiación evidentemente produciría que la proporción de masa salarial a disponer para la financiación de la PSB se aminore.

 

Cuadro 11. Reparto de Cotizaciones en el Régimen general en 2010

 

 

Cotización Total actual

Cotización necesaria Pilar Cero

Resto cotización: Pilar Contributivo

Contingencias Comunes

28,300%

9,905%

18,395%

Desempleo (Duración determinada Tiempo Parcial)

9,300%

7,905%

1,395%

Desempleo (Duración determinada Tiempo Completo)

8,300%

7,055%

1,245%

Desempleo (General)

7,050%

5,993%

1,058%

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Un nivel básico de previsión social conlleva la reestructuración del siguiente nivel de cobertura de la Seguridad Social: el pilar contributivo (Hernández González, D., 2011). Todo ciudadano al convertirse en pensionista recibiría la PSB acorde a sus propias características personales (lugar de residencia; edad; dependientes; etc.). Si por razón de las cotizaciones sociales durante los años de actividad le correspondiese una prestación contributiva inferior a la PSB, recibiría esta última. Sin embargo, si fuese superior a la PSB, le correspondería un diferencial sobre ésta acorde a las cotizaciones realizadas. Por ello, partiendo de las cotizaciones actuales (ejercicio 2010) para el régimen general de la Seguridad Social, una parte (35% apuntado en el epígrafe 5) iría a financiar directamente la PSB y el porcentaje restante correspondería a la cotización para la prestación contributiva de la Seguridad Social. Lo mismo se aplicaría para la cobertura de desempleo, donde el 85% de la cotización para ésta contingencia se destinaría a financiar a la PSB (cuadro 11) y el porcentaje restante al diferencial para aquellos desempleados que les correspondiese una prestación superior a la PSB.

 

Por todo lo anterior y respecto a la implantación de una prestación básica universal, tras el cálculo del coste de la misma coincidimos con Casassas, D. y D. Raventós (2011) en que las implicaciones económicas serían de tal magnitud que obligarían a una transformación del sistema socioeconómico. Por otro lado, la dimensión económica de la aplicación de la prestación contrasta hoy en día con el limitado margen de maniobra existente de cara a la introducción de nuevas medidas sociales a medio y largo plazo. Por todo ello, consideramos que la implantación de una prestación básica universal sería difícilmente viable, aún cuando se lleven a cabo las medidas necesarias e incluso una transformación del sistema socioeconómico. Sin embargo, se podría optar por un modelo de prestación básica parcial que no implique una presión económica excesiva sobre el sistema. Analizado el coste y el reparto sobre las cotizaciones actualmente existentes y que sería necesario para hacer frente a la prestación sí resultaría viable y sostenible con los actuales recursos que obtiene la Seguridad Social (cuadro 11).

 

 


Fecha de recepción del artículo:     11 de febrero de 2014

Fecha de aceptación definitiva:       12 de mayo de 2014

 

 

6. Referencias Bibliográficas

 

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[32] Matarazzo, E. (2012): “How and when will the Brazilian Law that institutes a Citizen´s Basic Income really be full implemented?” XIV International Congress of BIEN. Germany.

 

[33] Medina, M. (2009): “Las perspectivas de la Renta básica en América Latina”. Conferencia del 8º Foro Social Mundial en Belem do Pará. Brasil. 28 al 31 de enero.

 

[34] Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2011): “El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción”.

 

[35] Nektarios, M. (2012a): “Greece: NDC for sustainable pernsion system”.  (Eds.): Holzmann, R.; Palmer, E. y D. Robalino. NDC Pension Schemes in a changing pension world, Vol. I: Progress, Issues and Implementation. Washington: The World Bank & Swedish Social insurance Agency. Chapter 8.

 

[36] Nektarios, M. (2012b): “Greece:The pension reforma of 2010”. The four pillar newsletter, 50. March, Págs. 7-9.

 

[37] Noguera, J. (2006): Más allá del bienestar. Icaria editorial, S.A.

 

[38] Noguera, J. (2002): "¿Renta Básica o Trabajo Básico? Algunos argumentos desde la teoría social”. Sistema: Revista de ciencias sociales. Nº 166. Págs. 61-86.

 

[39] Pateman, C. (2006): “Democratizing Citizenship:Some Advantages of a Basic Income”. En K.Dowding, J. de Wispelaere y S. White (eds.), The Ethics of Stakeholding. Basingstoke. Palgrave.

 

[40] Peña Miguel, N; J.I. de la Peña y A. Fernández Sainz (2014): “Level of Basic Income provision determined through a Household Budget Survey”. The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies. Volumen 9. Aceptado para publicación.

 

[41] Raventós, D. (2012): “La Renta Básica como derecho humano emergente y ante la crisis economica actual”, en Desafíos Actuales a los derechos humanos. Coord. Maria Eugenia Rodriguez Palop e Ignacio Campoy Cervera. Editorial Dykinson.

 

[42] Raventós, D. (2005): La Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna. Editorial Ariel. Barcelona.

 

[43] Ringen, S. (1987): The possibility of politics: a study in the political economy of the welfare state. Oxford. Clarendon.

 

[44] Rosetti, J.P. (2008): Introducción a la economía. Editorial Planeta.

 

[45] Sánchez-Macías, J.I. y F. Rodríguez (2004): “Documentos de trabajo de Economía Aplicada 05.04”. Universidad de Salamanca. Departamento de Economía Aplicada.

 

[46] Service Canada (2012): Guaranteed Income Supplement.

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/gis/

(Acceso enero 2014).

 

[47] Van Parijs, P. (1994): “Au delá de la solidarité. Les fondements éthiques del'état-providence et de son dépassement”. Futuribles, 184. Págs. 5-29.

 

[48] Van Parijs, P. (1995): Real Freedom for all what if anything can justify capitalism. Oxford University Press. Oxford.

 

[49] Van Parijs, P. (2006): “Basic Income: A simple and powerful idea for the twenty-first century”. En: B. Ackerman et al. (eds.) Redesigning Distribution. London: Verso.

 

[50] Vanderbrouke, F. (1997): “A propos de l’instauration pragmatique d’une allocation universelle”. La Revue nouvelle, vol 105, 1997. Págs. 161-166.

 

[51] Wispelaere, J. de (1999): “Universal Basic Income: Reciprocity and the Right to Non-Exclusion”. Citizen’s Income Trust Occasional Paper. London: Citizen’s Income Trust.

 

 

Anexo 1

 

Resultados que se obtienen para los coeficientes estimados de la regresión intercuartílica de la EPF 2010 para el ciudadano tomado como base. Éste es un ciudadano extremeño, hombre y trabajador ocupado que reside en un municipio de menos de 10.000 habitantes (Peña Miguel et al., 2014).

 

 

REGRESION CUANTILICA

MCO

 

25%

50%

75%

EDAD

49,71 *

50,53 *

51,8305 *

63,85 *

(128,078)

(5,28)

(4,49)

(5,81)

EDAD2

-0,27 *

-0,24 *

-0,21 **

-0,28  *

(-72,2)

(-2,47)

(1,97)

(-2,7)

Nº DEPENDIENTES

-648,87 *

-891,53 *

-1276,62 *

-1141,48 *

(-681,21)

(37,99)

(45,12)

(-42,38)

TAMAÑO MUNICIPIO 1

508,35 *

538,74 *

454,47 *

567,89 *

(256,7)

(11,04)

(7,27)

(10,14)

TAMAÑO MUNICIPIO 2

214,60 *

199,36 *

13,96

96,03

(96,58)

(3,64)

(0,21)

(1,52)

DESEMPLEADO

-273,09 *

-162,59 **

-9,08

-180,79 **

(-89,94)

(-2,17)

(-0,1)

(-2,1)

PENSIONISTA

216,11 *

472,01 *

692,13 *

429,90 *

(73,17)

(6,49)

(7,88)

(5,14)

OTROS

86,37 *

555,33 *

744,56 *

464,59 *

(21,71)

(5,66)

(6,31)

(4,13)

CONSTANTE

1107,64 *

1370,20 *

1786,33 *

996,38 *

(105,36)

(5,29)

(5,72)

(3,35)

TOTAL GASTO

0,12 *

0,16 *

0,21 *

0,17 *

(2662,4)

(141,707)

(154,89)

(129,09)

GENERO

459,26 *

685,95 *

1001,55 *

845,74 *

(248,29)

(15,05)

(18,23)

(16,17)

 

Nota: 1) ** y * representan un nivel de significación del 5% y 1% respectivamente. Los estadísticos t están entre paréntesis. Las variables ficticias están incluidas. La estimación se ha realizado para los cuartiles de gasto habituales (25%, 50% y 75%). Fuente: Peña Miguel et al., (2014).

2) se ha determinado como Comunidad Autónoma base Extremadura únicamente por ser aquella donde se produce el gasto de menor cuantía en bienes vitales y por tanto los factores diferenciales con el resto de comunidades son positivos en lugar de negativos si tomaramos como referencia otra comunidad que tenga mayor gasto.


[1] Trabajo realizado en el marco de UFI 11/51 Dirección Empresarial y Gobernanza Territorial y Social de la UPV/EHU.

[2] Correo electrónico de contacto: jinaki.delapena@ehu.es

[3] La edad mínima considerada es 17 años. Los menores de 17 años se consideran dependientes en la unidad familiar, siendo éste uno de los factores que también particularizan el gasto.

[4] Equivale al número de personas a las cuales representa el encuestado y la suma de todos los factores de elevación de la muestra es igual al total de la población española de 2010.