ESTADÍSTICAS DE DISCAPACIDAD: ESTADO DE SITUACIÓN, NECESIDAD Y PERSPECTIVAS

 

STATISTICS OF DISABILITY: CURRENT STATUS, NEEDS AND FUTURE

 

María Begoña Gosálbez Raull

Actuario de Seguros y de la Seguridad Social. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. España

 

Resumen

 

El objetivo de este artículo es describir la situación actual de las estadísticas de discapacidad en España y en la Unión Europea, dada la creciente necesidad de éstas para la elaboración y seguimiento de las políticas públicas. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por la UE y por, hasta el momento, veinte de sus Estados Miembros (EEMM), está siendo uno de los principales motores en el desarrollo de las mismas y plantea nuevos retos que deberán acometerse en los próximos años.

 

La modernización de las estadísticas sociales a través fundamentalmente de la racionalización de su principal fuente de información como son las encuestas sociales tiene que pasar por eliminar superposiciones de datos recogidos en diversas encuestas, elegir la herramienta estadística correcta para recoger las variables, mejorar la utilización de datos administrativos ya disponibles y contribuir a la vinculación y coincidencia de datos, explorando las posibilidades de cruces adicionales, incluso mediante la integración de diferentes encuestas.

 

La búsqueda de indicadores de discapacidad será mucho más eficiente y eficaz si se realiza desde el origen en un marco de armonización estadística que contribuya en mayor medida a ofrecer los instrumentos necesarios para la elaboración y seguimiento de las políticas públicas de discapacidad para la próxima década.

 

Palabras clave

 

Estadísticas de discapacidad; Encuestas sociales; Definición de persona con discapacidad.

 

Abstract

 

The objective of this paper is to describe the current situation in Spain and in the European Union of disability statistics, because of its arising need for the development and monitoring of public policies. The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed and ratified by EU and, up to now, twenty of its MS, is becoming one of the main driving forces in its development and it brings new challenges that must be undertaken in the coming years.

 

The modernisation of social statistics, through streamlining social surveys as their principal information resource, has to eliminate the overlapping of data collected among surveys, to select the right tool to collect variables, to improve the usage of already available administrative data and to facilitate the data linking and matching, exploring possibilities for additional crossings via integration among the several surveys if possible. The search for disability indicators will be much more efficient and effective if it is performed from origin within a statistical harmonization framework that will contribute, to a greater extent, to provide the needed instruments for the preparation and monitoring of public policies on disability for the next decade.

 

Keywords

 

Disability statistics; Social surveys; Definition of person with disability.

 

 

1. Introducción

 

El primer paso para aproximarnos a un fenómeno complejo como el de la discapacidad es su cuantificación, pero no es ésta una tarea fácil. El hombre, al enfrentarse con el mundo que le rodea, experimenta la necesidad de conocerlo, para lo cual debe describirlo, analizarlo y sintetizarlo de tal manera que el conocimiento adquirido pueda ser potenciado, bien para elevar su grado de toma de conciencia de los problemas que ante él se plantean, bien para buscar otros caminos que le permitan perfeccionar sus respuestas a los interrogantes que constantemente surgen. En esta labor, la Estadística nos permite encontrar vías de descripción, análisis y síntesis útiles a los fines propuestos.

 

Respecto del fenómeno de la discapacidad, podemos afirmar que actualmente en el plano teórico se está suscitando un debate metodológico en el que los que podemos denominar “filósofos de la discapacidad” han estudiado ésta desde el modelo médico-rehabilitador hasta el enfoque de los derechos humanos, pasando por el modelo bio-psicosocial. Lo que parece cada vez más claro para los investigadores e interlocutores sociales respecto de la diversidad funcional es que se trata de un fenómeno complejo, que no se puede limitar al estudio de una condición socio-sanitaria del individuo, sino que se pone especialmente de manifiesto al interactuar con las barreras del entorno. Por otra parte los “recolectores estadísticos”, si algo necesitan para empezar a trabajar, es una definición de la variable o variables que describen el fenómeno, primer punto de conflicto con muchos de los que he dado en llamar “filósofos de la discapacidad”, ya que no conciben, incluso por considerarlo discriminatorio, el establecimiento de una categoría específica para un grupo de personas y, mucho menos se plantean, por tanto, su cuantificación y clasificación.

 

En otras ocasiones, como veremos que sucede en España, a pesar de entender la necesidad de que exista una definición de persona con discapacidad, no se consigue que ésta sea única, sino que varía en función del ámbito del derecho en el que nos encontremos. Esto es debido fundamentalmente a que dicha definición lleva asociada la obtención de diferentes beneficios, prestaciones o ayudas por parte de las Administraciones Públicas, tratando cada una de defender las restricciones que la naturaleza de dichas prestaciones o beneficios que conceden llevan aparejadas, sin olvidar el control que, en el ejercicio de sus competencias, quieren tener sobre a quién y conforme a qué requisitos se conceden las mismas. El movimiento asociativo de la discapacidad, por su parte, trata de llegar a una definición de máximos, donde puedan estar incluidas todas las discapacidades en sus diferentes grados pero que, a su vez, no limite las posibles ayudas a percibir.

 

El legislador español ha tratado de resolver este conflicto con, en mi opinión, poco éxito hasta la fecha. La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), firmada y ratificada por España en 2008, incorpora la definición de persona con discapacidad incluida en el tratado internacional[1] y modifica el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), ampliando la consideración de persona con discapacidad a la hora de aplicar las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su transitoriedad. Es decir, que el legislador español actualiza los términos obsoletos que se venían utilizando hasta la fecha, como el de minusválido por persona con discapacidad y amplía el concepto, pero exclusivamente para la protección de las posibles situaciones de discriminación.

 

 

2. Creciente necesidad de las estadísticas de discapacidad en el mundo

 

A pesar de las dificultades en cuanto a la definición, así como otras dificultades a las que haré referencia en este artículo, lo que parece claro es que va siendo ya un clamor a nivel internacional la necesidad de las estadísticas de discapacidad. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada por Naciones Unidas en 2006 (firmada hasta la fecha por 153 países de todo el mundo y ratificada por 116), se refiere expresamente, en su artículo 31, a la recopilación de datos y estadísticas, manifestando no sólo esta necesidad, sino el tipo de datos que deben contener y su desglose, así como la salvaguarda de los mismos con el fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad. Además, este artículo de la Convención señala a grandes rasgos algunas de las finalidades de estas estadísticas que son, en definitiva, una parte del motor que las impulsa, como que posibiliten formular y aplicar políticas, identificar y eliminar barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos o evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes respecto de dicha Convención. En el ámbito de Naciones Unidas también es interesante resaltar que ha habido un fuerte impulso por parte de la comunidad internacional para que en el trabajo de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio post 2015 se pueda incluir la discapacidad, siendo una de las principales dificultades para ello la escasez de estadísticas que permitan diseñar los indicadores necesarios para su evaluación y posterior seguimiento.

 

El Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también incorpora entre sus recomendaciones la necesidad de mejorar la recopilación de datos sobre discapacidad, desarrollando metodologías que puedan ensayarse en diferentes culturas y aplicarse de forma congruente, normalizando los datos para hacer posible las comparaciones internacionales y así medir y vigilar los progresos realizados en las políticas sobre discapacidad y en la aplicación de la CDPD. Este organismo aboga también por establecer definiciones uniformes de discapacidad, basadas en la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, heredera de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías CIDDM del año 1980), que posibiliten la obtención de datos comparables internacionalmente.

 

Junto a estas recomendaciones no cabe duda que la principal fuente estadística de información demográfica, reconocida y elaborada con periodicidad decenal por todos los países del mundo es el Censo de Población. La operación censal que actualmente se está llevando a cabo a nivel mundial ha contado con las recomendacio­nes hechas por Naciones Unidas a través de su grupo de trabajo conocido como Grupo de Washington sobre la medición de la discapacidad y de la Comisión de Estadística, que entre otras cuestiones sugería la incorporación de preguntas sobre discapacidad en las entrevistas censales o un módulo específico en las encuestas por muestreo existentes, dependiendo de cómo se elabore el censo en cada país. Este planteamiento, a pesar de ser más rentable y eficiente, no ha sido tenido en cuenta por muchos países, entre ellos España.

 

A la luz de todo lo expuesto, parece claro que el primer escalón para el desarrollo de las estadísticas de discapacidad consiste en la correcta recopilación de los datos, no importando sólo el número de personas con discapacidad sino también un mayor nivel de desglose de esos datos que, en base a las características de la población, permita determinar patrones, tendencias e información sobre subgrupos de personas con discapacidad. Tradicionalmente han sido las encuestas específicas sobre discapacidad las encargadas de ayudar a obte­ner información más exhaustiva sobre las características de la discapacidad, como la prevalencia, los problemas de salud asociados a la discapacidad, el uso y necesidad de servicios, la calidad de vida, las oportunidades y las necesidades de rehabilitación, y en los últimos años la situación en el mercado de trabajo de este colectivo.

 

 

3. Estadísticas de Discapacidad en la Unión Europea

 

¿Cuál es la situación actual y el futuro en los próximos años de estas estadísticas en la Unión Europea? La firma, ratificación y entrada en vigor el 22 de enero de 2011 en la Unión Europea de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha marcado un hito en el derecho internacional, ya que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en el ámbito de los derechos humanos del que son partes la Unión Europea y sus Estados miembros[2] y va a constituir en los próximos años un importante motor para el desarrollo de las estadísticas de discapacidad en toda Europa.

 

La Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020, instrumento para el desarrollo de las políticas de discapacidad en Europa durante esta década, identifica medidas a desarrollar a escala de la UE, complementarias a actuaciones nacionales, y determina los mecanismos necesarios para aplicar la Convención en la Unión. Entre los instrumentos generales necesarios para sustentar todas las medidas contempladas en la misma se apunta a la financiación, la investigación, la sensibilización, la recopilación de datos y como no podía ser de otro modo la elaboración de estadísticas.

 

En el Plan de Acción que desarrolla la mencionada estrategia hasta 2015 se incluye como objetivo específico la necesidad de complementar la recogida de estadísticas periódicas relacionadas con la discapacidad (que como veremos a continuación no son ni muy numerosas, ni muy específicas) de tal forma que se pueda hacer un buen seguimiento de la situación de las personas con discapacidad en la UE. Junto a la explotación de las estadísticas  relacionadas con la discapacidad ya existentes en el ámbito de Eurostat, y la racionalización de la información sobre discapacidad recopilada en las encuestas de la UE de ámbito social (Estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida en la UE, el módulo ad hoc de la Encuesta sobre la población activa o la Encuesta comunitaria de salud por entrevista), se propone desarrollar una encuesta específica sobre barreras a la integración social de las personas con discapacidad, así como presentar una serie de indicadores que permitan hacer un seguimiento específico de las personas con discapacidad respecto a los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 (educación, empleo y reducción de la pobreza) y que se prevé que estén disponibles en 2013. La necesidad por parte de la UE, como parte de la Convención, de remitir un informe al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 35 y 36 CDPD) en 2013, así como la cuantificación de los avances logrados mediante las medidas contempladas en la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020, supondrán en los próximos años un estímulo para mejorar tanto la cantidad como la calidad de los datos que hacen referencia a este colectivo.

 

Centrándonos en la situación actual de las estadísticas de discapacidad en Europa, hay que mencionar en primer lugar las elaboradas por Eurostat hasta la fecha, que como he señalado anteriormente no son en muchos casos específicas, sino que son algunas preguntas en relación a la discapacidad que se incluyen en las encuestas sociales. Hay tres encuestas sociales que incluyen este tipo de preguntas: la Estadística sobre Renta y Condiciones de Vida en la UE (EU-SILC European Union Statistics on Income and Living Conditions), los módulos ad-hoc de la Encuesta de Población Activa (LFS Labour Force Survey) y la Encuesta Europea de Salud (EHIS European Health Interview Survey).

 

La primera de ellas (EU-SILC) es una encuesta anual centrada en los ingresos y la inclusión social y presenta siete variables relacionadas con cuestiones de salud. El módulo mínimo de salud de esta encuesta incluye tres variables en las que hay una pregunta sobre discapacidad, en relación a limitaciones a largo plazo en la actividad debido a problemas de salud. Las cuatro variables restantes relacionadas con la salud plantean preguntas sobre necesidades no cubiertas en los cuidados médicos y dentales y las razones que lo provocan. Respecto de la Encuesta de Población Activa hay que destacar el módulo ad-hoc que se dedicó en 2002 y 2011 al objetivo específico del estudio del empleo de las personas con discapacidad. Por último, la Encuesta Europea de Salud, como su nombre indica, es una encuesta específica de salud, pero en uno de sus módulos incluye preguntas relativas a la situación de salud contemplando también cuáles son las limitaciones funcionales que puede presentar el individuo, así como la necesidad de ayuda o apoyo para las actividades de la vida diaria. Esta encuesta se ha venido realizando entre 2006 y 2010 en base a un “acuerdo entre caballeros” en el que han participado veintiún países pero para 2013-2014 se está preparando una norma sobre Estadísticas de Salud Pública en la UE (Regulation (EC) 1338/2008) que obligue a los EEMM a su elaboración.

 

Estas encuestas suponen una primera aproximación a algunas de las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad pero son sin duda insuficientes para la creciente demanda de datos sobre este colectivo que van a ser necesarios en los próximos años.

 

3.1. Características comunes de las estadísticas de discapacidad en los Estados Miembros de la Unión Europea

 

Si nos fijamos en la situación de las estadísticas de discapacidad en los Estados Miembros encontramos situaciones dispares pero que podemos resumir en tres hechos bastante generalizados: la falta de estas estadísticas en muchos casos, la constatación de la necesidad de desarrollar indicadores específicos en los casos en los que existen algunas estadísticas y el análisis generalizado de las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad a través de encuestas (las del ámbito de Eurostat mencionadas anteriormente) así como estudios o investigaciones particulares promovidas por organismos públicos o por las organizaciones de personas con discapacidad.

 

Sin ánimo de ser exhaustiva, se pueden mencionar algunas situaciones en los países de la UE que aparecen recogidas en los informes elaborados por el Grupo de Expertos sobre Discapacidad de la Comisión Europea[3]. Por ejemplo, nos encontramos con que países como Bélgica reconocen expresamente la no existencia de una definición única de discapacidad en su país, hecho que unido a la estructura de su Estado y a la legislación belga sobre protección de la privacidad hace que sea imposible la globalización de sus datos estadísticos, aunque a nivel federal sí existen algunas estadísticas sobre beneficios y certificados médicos que permiten acceder a los mismos, así como a determinadas ventajas fiscales. Sin embargo, vemos como en la región Wallon existe una Agencia para la Integración de las Personas con Discapacidad que utiliza unos indicadores y en los Flanders se están desarrollando indicadores en el marco del Método Abierto de Coordinación.

 

Dinamarca tampoco tiene un registro centralizado de individuos y se nutre fundamentalmente de información estadística a través de encuestas. En Suecia, la definición de discapacidad está relacionada con el entorno y no con el diagnóstico o nivel de discapacidad del individuo, por lo que las estadísticas están relacionadas con el sistema o medida de apoyo requerido, haciendo que las personas con discapacidad que no tienen derecho a las mismas o que eligen no recibir ningún tipo de apoyo del sistema de servicios sociales o que estén en el mercado de trabajo sean difícilmente contabilizadas en las estadísticas existentes. Diferentes organismos suecos están desarrollando indicadores para medir la evolución de la accesibilidad en multitud de áreas, así como indicadores para la aplicación de ciertos derechos humanos incluyendo los relacionados con las personas con discapacidad.

 

El Reino Unido podemos afirmar que forma parte del grupo de países que ha tratado de resolver sus necesidades de información a través de encuestas; el último ejemplo lo tenemos en la macro-encuesta llevada a cabo sobre oportunidades de vida, realizada entre junio de 2009 y marzo de 2011 y publicada en diciembre de 2011, que cubre áreas como empleo, educación, participación social y uso de servicios públicos tanto de personas con discapacidad como de personas sin discapacidad.

 

Alemania combina la información recogida en las estadísticas de población y del mercado de trabajo que realiza su Oficina Estadística Federal a través del “micro-censo”, operación realizada como encuesta por muestreo aleatorio simple, y de encuestas específicas para personas con discapacidad severa que se vienen realizando cada dos años desde 1979. No obstante, las nuevas y crecientes necesidades de información han hecho que se impulse la mejora del sistema de datos sobre la situación de las personas con discapacidad en Alemania. Francia también cuenta con diferentes fuentes y operaciones estadísticas de las que se puede extraer la información, entre las que se encuentra una Encuesta sobre Discapacidad y Dependencia que está siendo actualizada desde abril de 2008, pero van más allá y se plantean establecer un mecanismo estadístico específico para el seguimiento de la aplicación de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad en su país.

 

La evolución del modelo desde el que se analiza la discapacidad (del modelo médico-rehabilitador y asistencialista hasta llegar al modelo de derechos humanos) está suponiendo sin duda un cambio en la forma de cuantificar y analizar el fenómeno de la discapacidad, pero esto no debería impedir que se aprovechen también todos los recursos estadísticos previamente existentes aunque sean en ocasiones parciales o enfocados a algunos aspectos específicos de la discapacidad, ya que son los que, aunque limitados, nos pueden ofrecer alguna retrospectiva sobre el fenómeno en estudio. En este sentido sorprende por ejemplo comprobar que, mientras que se ha tratado de profundizar en las posibilidades que ofrecían los datos sanitarios y algunos socio-económicos en sentido amplio, no se haya explorado la posibilidad de incorporar o desarrollar las estadísticas recogidas en el Sistema Europeo Integrado de Estadísticas de Protección Social, en el que se incorpora la información de los sistemas de protección social de toda Europa y donde existe una función de “discapacidad” para incluir los datos relativos a los ingresos y apoyo en efectivo o en especie (excepto los cuidados sanitarios que se incorporan en otra función) que guardan relación con la incapacidad de las personas con discapacidad física o mental para participar en actividades económicas y sociales.

 

 

4. Algunas reflexiones sobre la definición de persona con discapacidad en España: relaciones entre discapacidad, dependencia e incapacidad laboral

 

Una de las principales dificultades para el desarrollo de las estadísticas de discapacidad, como ya he explicado en la introducción, radica en la definición de persona con discapacidad. En España tenemos muchos y diversos términos para aproximarnos al fenómeno de la discapacidad, hablando en su caso de discapacidad, dependencia o incapacidad (laboral) dependiendo del ámbito del derecho o de las medidas de acción positiva a las que nos refiramos, siendo términos que definen diferentes realidades pero que en ocasiones confluyen en la misma persona.

 

Hay dos características fundamentales que destacan en la definición de persona con discapacidad dada por la CDPD como son: la referencia temporal de la deficiencia, que establece su horizonte en el largo plazo, y la interacción de la persona con el entorno cuyas barreras son las que producen la desigualdad respecto al resto de individuos del colectivo. Ambas son importantes en sí mismas y deben contribuir en la misma medida a caracterizar el fenómeno, es decir, no podemos centrarnos exclusivamente en analizar y caracterizar al colectivo por la deficiencia que tienen sus individuos (tipología, prevalencia, sus variables demográficas, etc.) sino que hay que profundizar en la construcción de indicadores estadísticos que permitan valorar las barreras del entorno y la interacción de los individuos con ellas. Entender que la deficiencia sea a largo plazo no implica que sea un fenómeno irreversible pero sí que, al menos, presente una permanencia durante un periodo de tiempo largo.

 

La segunda característica de la definición contenida en la CDPD que, como decía, hace que el fenómeno de la discapacidad no se circunscriba al hecho de la deficiencia en sí misma, independientemente del tipo que sea, sino que venga provocada también por la interacción de la persona con el entorno, dificulta en mayor medida su correcta cuantificación.

 

En este artículo, en el que trato de describir el estado de situación actual de las estadísticas de discapacidad en España y las principales dificultades a las que nos enfrentamos para su desarrollo, el primer paso consiste en tratar de clarificar la definición o definiciones que subyacen a los términos discapacidad, incapacidad y dependencia por ser como decía más arriba realidades diferentes pero que en ocasiones confluyen en la misma persona. Las dificultades de carácter práctico que implica esto no son objeto de este artículo pero no se le escapa al lector que la valoración de cada una de estas situaciones por las distintas administraciones competentes es sin duda una variable más de distorsión a tener en cuenta a la hora de aproximarse al fenómeno a través de los registros administrativos que cada una de ellas ofrece.

 

En un sencillo diagrama como el mostrado a continuación podemos tratar de resumir cual es la situación actual aunque hay aspectos sobre los que conviene añadir algunas reflexiones para su clarificación.

 

 

Centrándonos en primer lugar en la relación entre discapacidad y dependencia tenemos que acudir a la definición de dependencia dada por el legislador español[4]. Por comparación entre dicha definición y el concepto de persona con discapacidad de la CDPD vemos que ambas hacen referencia a un fenómeno que se manifiesta de forma permanente en el tiempo, aunque ninguna de ellas afirma que sea irreversible, simplemente excluyen el corto plazo. Respecto de la segunda característica de la definición de persona con discapacidad, cabe decir que, mientras que allí se hablaba de las barreras del entorno, en la dependencia se pone el énfasis en la pérdida de la autonomía personal y en la necesidad de ayuda de otra persona. Por tanto, podemos concluir que la relación entre dependencia y discapacidad es una condición necesaria pero no suficiente, es decir, que todos los dependientes son personas con discapacidad pero no necesariamente todas las personas con discapacidad son dependientes, pudiendo incluso llegar a considerarse la dependencia como un grado de discapacidad en el que es necesaria la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

 

El tercer término que nos permite una aproximación al fenómeno de la discapacidad en España es el de incapacidad laboral, específico y restringido al ámbito de la Seguridad Social pero que el legislador ha vinculado directamente al concepto de persona con discapacidad desde el momento que reconoce en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU) a las personas con discapacidad como “aquellas a quienes se les hubiere reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, considerando como tal, en todo caso, a los pensionistas de la Seguridad Social que tuvieran reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tuvieran reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

 

Por tanto, al igual que pasaba con la relación entre dependencia y discapacidad, la relación entre incapacidad laboral y discapacidad es una condición necesaria pero no suficiente, donde todos los beneficiarios de prestaciones de incapacidad permanente son personas con discapacidad pero evidentemente no todas las personas con discapacidad tienen derecho a dichas prestaciones. La incapacidad laboral se identifica con la discapacidad sobrevenida para el trabajador pero esto no debe entenderse tampoco necesariamente como el paso de una situación de origen A sin discapacidad a otra B en la que se adquiere ésta, ya que una persona con discapacidad podría estar trabajando previamente a que se produjera la situación que le provoque la incapacidad laboral, circunstancia que hay que tener en cuenta en la valoración.

 

La incapacidad permanente es un concepto más restringido que el RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social define, en su artículo 136, como: “la situación del trabajador que,…, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Añade que no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo”. Como decía, es un concepto más restringido ya que se vincula a la capacidad laboral del individuo pero que al igual que pasaba con los términos de discapacidad o dependencia, hace referencia a un fenómeno que se manifiesta de forma permanente en el tiempo, siendo en este caso más taxativo el legislador al indicar que deben ser “previsiblemente definitivas”, pero que no es necesariamente irreversible.

 

 

5. Estadísticas de discapacidad en España

 

A la luz de las anteriores reflexiones voy a tratar de describir cuál es la situación actual de las estadísticas de discapacidad en España, que guarda bastante similitud con la de muchos de los países de nuestro entorno en cuanto a la necesidad de un mayor desarrollo de las mismas, aunque en nuestro caso son más numerosas y existen circunstancias particulares que sitúan a nuestro país a la cabeza de la carrera por conseguir en ellas un salto de calidad.

 

En relación con la mencionada Convención, España ha sido el primer país del mundo en presentar al Comité de Naciones Unidas el informe-país sobre la aplicación de la misma y el segundo país del mundo (primero de la UE) en someter dicho informe, en septiembre de 2011, a evaluación por parte de dicho Comité. En el informe-país presentado se resumían las principales fuentes oficiales y operaciones estadísticas que se llevan a cabo en nuestro país en relación con las personas con discapacidad, aunque como sucede en otros países de nuestro entorno son sin duda complementadas y matizadas por otros estudios o análisis realizados por diversas entidades públicas y privadas.

 

Fruto de la reflexión sobre la aplicación de la CDPD en España, el Comité de Naciones Unidas ha hecho cuatro recomendaciones para nuestro país en relación a las estadísticas de discapacidad (artículo 31 CDPD), lamentando la escasez de datos desglosados sobre las personas con discapacidad. El Comité recuerda en dichas recomendaciones que esa información es indispensable para comprender la situación, en el Estado parte, de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan diferentes grados de vulnerabilidad, para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a la situación de esas personas y para evaluar la aplicación de la Convención. Recomienda expresamente el Comité que se sistematicen la recopilación, el análisis y la difusión de datos desglosados por sexo, edad y discapacidad, y que se desarrolle la capacidad a este respecto, preparando indicadores que tengan en cuenta el género para contribuir a la elaboración de disposiciones legislativas, a la formulación de políticas y al reforzamiento institucional a fin de supervisar los progresos realizados en la aplicación de las diversas disposiciones de la Convención y preparar informes al respecto. También incluye algunas recomendaciones respecto a que se contemple la situación de los niños con discapacidad en los datos sobre la protección de los niños. Por último, recomienda encarecidamente a nuestro país que sistemáticamente recopile, analice y difunda datos desglosados por sexo, edad y discapacidad sobre los malos tratos y la violencia de que se haga objeto a los niños. Estas recomendaciones pueden ser un punto de partida para mejorar el trabajo estadístico de España en los próximos años respecto de las estadísticas de discapacidad.

 

Al igual que sucede en otros países de la UE, la principal fuente estadística en España para aproximarse al fenómeno de la discapacidad lo constituyen las encuestas. Sin embargo, en nuestro caso, contamos además con multitud de registros administrativos provenientes de las administraciones públicas fruto de los diversos conceptos a los que me he referido en el apartado anterior y que constituyen una ayuda imprescindible para aproximarse y analizar este fenómeno complejo en profundidad, aunque para ello es necesario distinguir con claridad los fenómenos y colectivos que cuantifican.

 

Las principales encuestas para las personas con discapacidad elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son las Encuestas sobre Discapacidades. Se trata de operaciones estadísticas en forma de macro-encuestas que dan respuesta a la demanda de esta información por parte de las Administraciones Públicas y de numerosos usuarios, en particular organizaciones no gubernamentales. Estas encuestas cubren buena parte de las necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente en España. Se han realizado tres macro-encuestas en España, en 1986, 1999 y 2008: la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM1986), la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS1999) y la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008), cuyas metodologías siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en particular las clasificaciones internacionales vigentes en el año de realización de cada encuesta.

 

La última de ellas, la EDAD 2008, se presentó en noviembre de 2009 con el fin de atender la demanda de información para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), proporcionando una base estadística que permita guiar la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia.

 

Esta operación estadística parte de la experiencia de la anterior Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 pero adaptada a las condiciones sociales y demográficas actuales e impregnada de la filosofía de la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), presentando una novedad fundamental: por primera vez se extiende la investigación de la discapacidad a la población que no reside en viviendas familiares, ya que se realizó en dos etapas EDAD-hogares y EDAD-centros (dirigida ésta por primera vez a centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos). Esta encuesta investiga la percepción subjetiva que tienen las personas sobre sus limitaciones, la causa de dichas limitaciones, su grado de severidad y las ayudas recibidas. Se pregunta por su estado de salud, las prestaciones socioeconómicas relacionadas con la discapacidad, la discriminación por motivos de discapacidad, accesibilidad, redes sociales y una serie de características sociodemográficas relevantes para el conjunto de las personas con discapacidad. Además se investigan algunas características de los hogares y de los centros.

 

La solución dada por la EDAD2008 respecto a la definición de persona con discapacidad ha consistido en identificar la discapacidad con limitaciones importantes para realizar las actividades de la vida diaria que hayan durado o se prevea que vayan a durar más de 1 año y tengan su origen en una deficiencia, a pesar de que la CIF engloba bajo el término discapacidad el conjunto de deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.

 

Para la CIF es difícil distinguir entre “actividades” y “participación” y, por ello, la clasificación facilita una única lista de actividades/participación dejando al usuario la decisión, en función de sus propios criterios operativos, de diferenciar entre ambos conceptos. En esta línea, la decisión que se tomó por parte del INE en la EDAD2008 fue considerar aquellas actividades relacionadas con los siete primeros capítulos de los nueve en que agrupa la CIF el componente “Actividades y Participación”.

 

Los dos capítulos que no se incorporaron corresponden a “Áreas principales de la vida” (relacionado con las actividades necesarias para participar en la educación, trabajo, empleo y actividades económicas) y “Vida comunitaria, social y cívica” (relacionado con actividades para participar en las áreas de tiempo libre y ocio, actividades religiosas, vida política y ciudadanía,…). No obstante, la EDAD2008 investigó la participación en estas actividades a través de un conjunto de preguntas dirigidas a las personas con discapacidad sobre su relación con la actividad económica, sobre educación y sobre redes y contactos sociales. Una vez que detectaron las limitaciones importantes en la actividad verificaron, mediante el grado de severidad de cada una de las limitaciones señaladas, si dichas limitaciones, a efectos de la EDAD2008, cumplían el criterio de discapacidad (limitaciones importantes en la actividad) o no lo cumplían por ser limitaciones moderadas o leves, en cuyo caso no se consideraron discapacidad.

 

Respecto a las deficiencias, que la CIF engloba bajo el término paraguas de discapacidad, también fueron objeto de estudio, pero con una restricción: sólo se investigaron aquellas deficiencias que habían originado una limitación en la actividad de la persona.

 

En cualquier caso, las variables objeto de estudio en la EDAD2008 fueron las discapacidades en personas de 6 y más años y limitaciones en menores de 0 a 5 años. Y las características de las discapacidades y limitaciones se centraron en: severidad, ayudas técnicas y de asistencia personal, deficiencias, causas de las deficiencias, edad de inicio de la discapacidad/limitación y de la deficiencia. Entre las discapacidades que se investigaron se incluyen las relacionadas con las actividades básicas de la vida diaria que se tienen en cuenta para reconocer el derecho de asistencia que prevé la ley. De este modo, la encuesta, aunque no proporcione el número de personas dependientes según el criterio de la ley, sí permite establecer un puente o nexo entre la percepción subjetiva y la medición objetiva del fenómeno. El número de personas con discapacidad en España, en base a los datos aportados por esta encuesta asciende a 3.787.400 personas residentes en hogares a los que hay que añadir 269.139 residentes en centros. Esta cifra como veremos más adelante es bastante mayor que la del número de personas que tienen reconocido un grado de discapacidad mayor o igual al 33% debido principalmente a que son datos provenientes de una encuesta que valora la percepción subjetiva del individuo frente a los registros administrativos.

 

Junto a estas encuestas, en los últimos años se ha llevado a cabo también por parte del INE un módulo específico sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad dentro de la Encuesta de Población Activa. El primero se realizó en 2008, EPD2008[5], y fue publicado como proyecto piloto en diciembre de 2010. Esta estadística surge del cruce de los datos estadísticos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad (BEPD) gestionada por el IMSERSO, lo que permite combinar la información socio-demográfica y del mercado de trabajo con las personas a las que se ha reconocido una situación legal de discapacidad igual o mayor al 33% según nuestra legislación. Aunque está centrada en el empleo de las personas con discapacidad, incluye también información sobre niveles educativos para personas con discapacidad entre 14 y 64 años. En diciembre de 2011 y 2012 se publicaron los resultados detallados para los años 2009-2010 y 2010-2011 y se ha establecido la continuidad en el tiempo de esta operación estadística que puede ayudar a estudiar la evolución en el tiempo de variables significativas para la inclusión de este colectivo en el mercado laboral.

 

 

 

2008

2009

2010

2011

Tasa de actividad pcd por sexo

 

Hombres

38,4

41,0

40,4

39,6

 

Mujeres

27,2

30,4

31,0

33,0

Tasa de empleo pcd por sexo

 

Hombres

32,8

32,1

31,4

29,1

 

Mujeres

21,9

23,7

23,3

23,9

Tasa de paro pcd por sexo

 

Hombres

14,5

21,6

22,2

26,5

 

Mujeres

19,4

22,1

24,8

27,6

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de actividad por tipo de discapacidad

 

Física

35,9

38,5

38,4

39,3

 

Intelectual

26,9

28,1

27,4

27,8

 

Mental

20,0

26,1

25,0

25,5

 

Sensorial

49,8

48,4

50,8

50,2

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de empleo por tipo de discapacidad

 

Física

31,1

31,1

30,3

29,7

 

Intelectual

20,1

19,4

18,2

17,1

 

Mental

14,5

15,9

16,3

15,4

 

Sensorial

43,2

41,7

42,2

40,4

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad, INE.

 

En la última edición del Empleo de Personas con Discapacidad publicada por el INE en diciembre de 2012 se ha hecho por primera vez el esfuerzo de aprovechar al máximo y cruzar los registros administrativos disponibles en las distintas bases de datos, utilizando los datos de la Base Estatal de Personas con Discapacidad, los del Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia y los de la Seguridad Social para cruzarlos con los datos de la EPA, lo que permite establecer algunas comparaciones  en relación con los conceptos antes definidos, aunque sin olvidar que únicamente referidos a personas del colectivo en edad laboral.

 

A modo de ejemplo se presenta el siguiente cuadro en el que aparece recogido el número de personas que tienen el reconocimiento de discapacidad, las que teniendo ese reconocimiento perciben prestaciones contributivas (no exclusivamente las de incapacidad permanente sino que pueden ser personas con discapacidad perceptores en general de prestaciones sociales públicas que incluyen tanto la incapacidad como la jubilación, muerte y favor familiar, subsidios LISMI, prestaciones complementarias, pensiones asistenciales y de pago único) y las que tienen el reconocimiento de situación de dependencia.

 

Unidad: miles de personas

2008

2009

2010

2011

BEPD

873,3

1081,8

1171,9

1262,0

Pcd que reciben prestaciones contributivas

498,2

587,6

642,5

697,1

Pcd con dependencia

160,0

161,0

188,6

208,9

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: EPD2012 y elaboración propia

 

La otra gran operación estadística de la que se pueden extraer datos relacionados con la discapacidad, realizada en los últimos años por el INE, es la Encuesta Nacional de Salud (ENSE). Esta operación estadística, que promueve el Ministerio de Sanidad, incorpora información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, hábitos de vida y características sociodemográficas. Esta encuesta fue realizada entre 1987 y 2001 por el Centro de Investigaciones Sociológicas, pasando en 2003 y 2006 a realizarse por el INE, que ha sido el encargado de publicar durante el último trimestre de 2012, de acuerdo con el Programa anual 2012 del Plan Estadístico Nacional, los primeros datos de la ENSE 2011/12. El INE incluye en la Encuesta de Salud algunas preguntas que tienen relación con la discapacidad, como ya vimos al hablar de las encuestas realizadas en el ámbito de Eurostat, pero es interesante también la posibilidad que ofrece para elaborar un indicador anual estructural y de desarrollo sostenible en el apartado de salud como es la Esperanza de Vida Libre de Discapacidad (HLY Healthy Life Years), que se define como el número de años esperados promedio que una persona de una edad determinada se espera que viva en condiciones de buena salud.

 

Este indicador puede ayudar a estudiar el fenómeno de la supervivencia y mortalidad de este colectivo, aspecto de gran trascendencia a efectos de las valoraciones que en el ámbito de los seguros y la protección social se puedan realizar respecto del mismo pero también puede ayudar a matizar los ajustes que en el sistema público de pensiones se puedan realizar en base a la esperanza de vida, pues si bien es cierto que vivimos cada vez más años hay que valorar también la calidad de vida con la que lo hacemos, ya que una disminución de ésta puede suponer mayor necesidad de recursos en el futuro. En el siguiente cuadro se muestran los valores de este indicador, al nacer y a los 65 años, según las últimas estimaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2010, donde podemos observar por ejemplo que, a pesar del crecimiento generalizado de la esperanza de vida, las esperanzas de vida en buena salud de las mujeres en 2007 son menores que las obtenidas para 1997.

 

Esperanza de vida (EV) y esperanza de vida en buena salud (EVBS) al nacer y a los 65 años por sexo. España, 1987,1997 y 2007

 

EV

EVBS

 

1987

1997

2007

1987

1997

2007

Al nacer

 

 

 

 

 

 

Ambos sexos

77,0

78,8

81,1

53,2

54,6

55,4

Hombres

73,6

75,2

77,8

54,4

55,2

57,3

Mujeres

80,3

82,3

84,3

52,1

54,3

53,5

A los 65 años

 

 

 

 

 

 

Ambos sexos

17,5

18,6

20,0

6,9

7,4

7,9

Hombres

15,6

16,4

17,8

7,0

7,2

8,6

Mujeres

19,1

20,5

21,9

6,7

7,7

7,2

Fuente: MSSI, 2010

 

En el ámbito de los registros administrativos hay que hacer referencia en primer lugar a la base de datos estatal de personas con discapacidad (BEPD), gestionada por el IMSERSO y que recoge información relativa a la gestión de valoraciones de la discapacidad en las distintas Comunidades Autónomas que conforman el Estado español. El número de personas que han resultado con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en esta base de datos, según el informe publicado por el IMSERSO en mayo de 2012 con la base de datos cerrada a 31 de diciembre de 2010, asciende a 2.409.914, que como explicaba al hablar de los datos facilitados por la EDAD 2008 es sensiblemente inferior a aquella. Su explotación y cruce con otras fuentes de datos ofrece una buena alternativa para mejorar la información sobre este colectivo a pesar de que sea necesario realizar depuraciones y adecuaciones previas por tratarse de registros administrativos cuya finalidad en origen no era el tratamiento estadístico. Una de esas experiencias la constituye el módulo específico sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad al que me he referido anteriormente.

 

La puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) también ha supuesto un procedimiento de valoración (medición) de las situaciones de dependencia, que toma datos sobre las personas y su entorno, información estadística que en combinación con las demás fuentes analizadas puede contribuir también al estudio del fenómeno de la discapacidad en España, aunque como hemos visto en el apartado 4 discapacidad y dependencia no son términos unívocos. Otra fuente de registros administrativos son los servicios públicos de empleo, el SEPE y los servicios autonómicos, que recogen información estadística sobre contratación de personas con discapacidad en España desde que hace más de veinte años se reconocieran determinados recursos y fórmulas de contratación para la promoción del empleo de personas con discapacidad.

 

La Seguridad Social española por su parte también dispone de los datos sobre pensiones de incapacidad permanente que como he explicado en cualquiera de sus grados son reconocidas legalmente como personas con discapacidad. Además, a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales se pueden analizar numerosas cuestiones relacionadas con esta parte del colectivo en estudio. La Muestra Continua de Vidas Laborales en la versión que se ofrece con datos fiscales también aporta datos sobre las personas con discapacidad que tienen el reconocimiento de dicha condición a efectos fiscales. La Agencia Tributaria constituye por tanto otra fuente interesante de datos administrativos cuya explotación puede contribuir a caracterizar a este colectivo, aunque sea parcialmente ya que no necesariamente todos sus individuos reconocidos como tal están sujetos a tributación aunque, por supuesto, todos los que generan rentas no exentas pueden beneficiarse de las mayores desgravaciones fiscales vigentes.

 

Por último, aunque no por ello menos importante, hay que hacer referencia a la operación censal que el INE está llevando a cabo en la actualidad. Lamentablemente no se han incluido en el cuestionario censal preguntas sobre discapacidad como recomendaba el Grupo de Washington, pero habrá que esperar a la posterior explotación de los datos y su cruce con el resto de fuentes administrativas para disponer de datos de población actualizados que ayuden a profundizar en las cuestiones que directa o indirectamente puedan afectar a  las personas con discapacidad.

 

 

6. Conclusiones

 

Una de las primeras conclusiones, que se pueden extraer de todo lo expuesto es que todavía existen dificultades conceptuales para la elaboración de las estadísticas de discapacidad tanto en España como en el resto de Europa. La propia evolución del modelo desde el que analizar la discapacidad ha hecho que los datos que podían estar disponibles hasta la fecha sean en muchas ocasiones parciales, incompletos o referidos a características muy específicas (médicas, asistenciales, sociales, laborales, etc.). El entorno está cambiando y se está produciendo una mayor demanda de las estadísticas sociales en general, y de discapacidad en particular, no sólo en España, sino en Europa y también en el resto del mundo. En la UE y en la mayoría de sus EEMM es un proceso impulsado por la firma y ratificación de la joven Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque el objetivo de la Europa Social es también uno de los motores que impulsa el trabajo desarrollado por las instituciones europeas en este sentido.

 

La necesidad de datos para elaborar políticas públicas de discapacidad y hacer un correcto seguimiento de las mismas a lo largo del tiempo hace que quizás sea el momento de avanzar en la modernización de las estadísticas sociales a través fundamentalmente de la racionalización de su principal fuente de información como son las encuestas sociales, además de seguir profundizando en los datos ya existentes mediante la correcta explotación de los registros administrativos disponibles. La racionalización de las encuestas sociales tiene que pasar por eliminar superposiciones de datos recogidos en diversas encuestas, elegir la herramienta estadística correcta para recoger las variables, mejorar la utilización de datos administrativos ya disponibles y contribuir a la vinculación y coincidencia de datos, explotando las posibilidades de cruces adicionales, incluso mediante la integración de diferentes encuestas.

 

Actualmente la UE y muchos EEMM trabajan en la búsqueda de indicadores de discapacidad, pero entiendo que esta labor será mucho más eficiente y eficaz si se realiza desde el origen en un marco de armonización estadística, para que contribuya en mayor medida a ofrecer los instrumentos necesarios para la elaboración y seguimiento de las políticas públicas de discapacidad para la próxima década.

 

La construcción de indicadores de discapacidad es una tarea importante que hay que acometer en los próximos años pero difícilmente podremos construir éstos si no se cuenta con buenos datos de partida. La recogida de nuevos datos cuando las condiciones económicas y organizativas lo permitan y la explotación de los datos existentes (incluyendo los registros administrativos disponibles) deben contribuir a la medición del fenómeno de la discapacidad. Para que estos indicadores satisfagan al movimiento asociativo de la discapacidad deben tener en cuenta la definición de persona con discapacidad que se ha recogido en el texto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, como he explicado en el artículo, no sólo se fija exclusivamente en el hecho de la deficiencia en sí misma y su tipología, sino que pone también el foco en la existencia de barreras en el entorno y la interacción de la persona con ese entorno.

 

En el caso de España, donde existe una definición de persona con discapacidad establecida por ley, hay que clarificar términos y situaciones que si no son coincidentes, sí se materializan en muchas ocasiones en una misma persona. Discapacidad, dependencia e incapacidad laboral son términos que nos permiten aproximarnos al estudio del fenómeno de la discapacidad desde diferentes perspectivas, entendiendo que éste es un fenómeno complejo, de carácter “permanente” o que se manifiesta a largo plazo aunque no por ello de carácter irreversible.

 

Como apuntaba en la introducción la participación de diversas administraciones públicas en la valoración de la discapacidad, debido a los diferentes beneficios, prestaciones o ayudas que cada una concede, tratando de defender las restricciones que la naturaleza de dichas prestaciones o beneficios llevan aparejadas, junto al control que en el ejercicio de sus competencias quieren tener sobre a quién y conforme a qué requisitos se conceden las mismas, no ayudan en absoluto a clarificar el concepto de persona con discapacidad. Por otra parte, el interés y la necesidad de contar por la mayoría de las personas con discapacidad con el máximo de beneficios disponibles tampoco coadyuvan al establecimiento de definiciones claras que, aunque redujeran en alguna medida la cuantificación del fenómeno, se pudieran asumir por la mayoría de las instancias públicas.

 

Es preciso ahondar en la senda iniciada por el INE en la última edición de la operación estadística Empleo de las Personas con Discapacidad 2012 que permite establecer comparaciones entre los diferentes conceptos analizados, aunque de momento únicamente referidos a personas en edad laboral, y extenderlo a todo el colectivo.

 

También hay que buscar formas de tratar la heterogeneidad del colectivo, ya que la solución práctica de establecer la clasificación del mismo en función del grado de discapacidad reconocido no soluciona el problema de la heterogeneidad sino que lo traslada a los subgrupos que podemos formar en base a esa característica. Un primer paso pasa por adaptar realmente las diferentes bases de datos a las clasificaciones  internacionales más recientes y que gozan de amplio consenso en la comunidad académica internacional.

 

Una buena recogida y explotación de datos, la construcción de indicadores conforme a la definición de persona con discapacidad dada por la Convención y en nuestro caso la clarificación a nivel práctico de la definición de persona con discapacidad es una labor importante que contribuirá a definir y establecer con más claridad el colectivo para el que se diseñan las políticas de discapacidad en nuestro país y a reordenar, o reformar cuando sea necesario, en base a una misma coherencia interna los beneficios concedidos por las diversas administraciones públicas implicadas.

 

 


Fecha de recepción del artículo:     5 de marzo de 2013

Fecha de aceptación definitiva:       5 de abril de 2013

 

 

Bibliografía

 

[1] Comisión Europea (2010): Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras. Bruselas. 15 de noviembre de 2010.

 

[2] Eurostat (2010): EU Survey on Health and Social Integration: Scenarios for implementation. Doc. Eurostat/F/10/DSS/02/2.4EN.

 

[3] Gutiérrez-Fisac, J.L.; E. Regidor y M. Alfaro (2010): Esperanzas de vida saludable en España 1986-2007. Esperanza de vida libre de incapacidad y esperanza de vida en buena salud en España y sus comunidades autónomas. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

 

[4] Huete García, A. y M. Quezada García (2011): La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales. Examen y propuestas de mejora. Análisis formal y de contenido sobre discapacidad, en encuestas y otras referencias del Instituto Nacional de Estadística (INE). Cinca. Madrid. Disponible en: http://www.cermi.es

 

[5] Huete García, A. y M. Quezada García (2012): La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales. Examen y propuestas de mejora (II). Análisis formal y de contenido sobre discapacidad en las referencias del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cinca. Madrid. Disponible en: http://www.cermi.es

 

[6] INE (2010): Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD). Metodología.

 

[7] INE (2013): El empleo de las personas con discapacidad 2011. Informe de resultados.

 

[8] Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

 

[9] Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

 

[10] Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

[11] Naciones Unidas (2006): Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.

 

[12] Observatorio Estatal de la Discapacidad (2011): Las personas con discapacidad en España: informe Olivenza 2010. Disponible en: http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documentos/07012011/informe_olivenza_2010

 

[13] OCDE (2007): Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. Vol.2: Australia, Luxembourg, Spain and the United Kingdom. Págs. 11-35.

 

[14] OMS (2011): Resumen del Informe Mundial sobre la Discapacidad.

 

[15] OMS (2011): World Report on Disability. Chapter 2: Disability - a global picture.

 

[16] Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

 

[17] United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2011): Consideration of reports submitted by States parties under article 35 of the Convention: Concluding observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities Spain. CRPD/C/ESP/CO/1.



[1] (Artículo 1 Propósito): ”…Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

[2] CDPD, acordada en 2007 y firmada por todos los EEMM y la UE. En mayo de 2012 había sido ratificada tanto por la Unión Europea como por veinte de sus Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido); el resto de los países están en proceso de ratificación.

[3] Los Ministros encargados de las políticas de discapacidad en la UE se reunieron en una primera reunión ministerial informal sobre cuestiones de discapacidad el 11 de junio de 2007, organizada bajo la presidencia alemana, dando el mandato al grupo de alto nivel de discapacidad para que informe anualmente sobre los progresos realizados por la UE y los EEMM en la aplicación de la CDPD.

[4] La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia incluye la definición de dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.