REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES: UNA
VALORACION CRÍTICA
Ignacio Zubiri Oria
Catedrático de
Hacienda. Universidad del País Vasco
Resumen
Este artículo analiza
la reforma del sistema de pensiones que se ha hecho en España y la necesidad de
reformas adicionales. Se señala que la reforma es injusta, engañosa,
extemporánea y, quizá más importante, insuficiente para garantizar la solvencia
del sistema de pensiones. Dado esto, el trabajo propone una serie de medidas
que habría que tomar en el medio plazo para eliminar algunos elementos injustos
de esta reforma y garantizar la solvencia a largo plazo del sistema. Se
argumenta que como en esta primera reforma los trabajadores ya han soportado
una parte considerable del coste, en la segunda reforma el énfasis esencial
(aunque no exclusivo) debería estar en la búsqueda de recursos adicionales para
el sistema. También se señala que las pensiones privadas no deben jugar ningún
papel sustantivo en el futuro sistema de pensiones.
Palabras
clave
Reforma; Pensiones; Suficiencia; Equidad.
Abstract
This paper analyzes the recent pension reform in
Keywords
Reform;
Pensions; Sustainability; Fairness.
1.
Introducción
En España se acaba de
realizar una reforma de las pensiones que se ha presentado como justa y
suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el
largo plazo. Nada más lejos de la realidad. La reforma es esencialmente injusta
(porque hace recaer todo el coste del envejecimiento sobre los pensionistas),
un tanto engañosa (porque parte de sus consecuencias no se han presentado con
la claridad deseable) y, quizá lo que es peor, insuficiente para garantizar la
sostenibilidad del sistema ni a corto ni a largo plazo. Probablemente porque la
reforma se ha hecho en medio de una crisis, los sindicatos y agentes sociales
han aceptado esta reforma sin demasiadas protestas. Pero es claro que, con
elevada probabilidad, en el medio plazo va a haber que hacer una segunda
reforma del sistema.
Lo que voy a hacer en
este artículo es revisar la reforma y las medidas que habría que tomar en el
medio plazo para eliminar algunos elementos injustos de esta reforma y
garantizar la solvencia a largo plazo del sistema. Argumentaré que como en esta
primera reforma los trabajadores ya han soportado una parte considerable del
coste (de hecho todo), en la segunda reforma el énfasis debería estar en la
búsqueda de recursos adicionales para el sistema. Se debe, además, revisar la
edad de jubilación, estableciendo los 67 años para toda la población y
eliminando el denominado factor de sostenibilidad[1].
Por otro lado, las pensiones privadas no deben jugar ningún papel en el futuro
sistema de pensiones. El trabajo se estructura de la siguiente forma. Tras esta
introducción, en la sección 2 se revisa y analiza en detalle la reforma de las
pensiones: si era necesaria (sección 2.1), qué medidas se han tomado y a
quienes benefician estas medidas (2.2), si la reforma garantiza la solvencia
del sistema a largo plazo (sección 2.3) y si la reforma se ha realizado en el
momento adecuado (2.4.). La sección 3 se dedica al futuro del sistema de
pensiones. Se analizan las opciones de reforma (3.1) y formas alternativas de
financiación (3.2), y el papel que deben jugar las pensiones privadas en el
suturo sistema de pensiones (3.3). En base a esto se proponen reformas
adicionales en el sistema de pensiones. El trabajo concluye con una
recopilación de las conclusiones más importantes.
2.
En España se acaba de
realizar una reforma de las pensiones que, según quienes la han realizado,
garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. En realidad la reforma es
poco más que una reducción de las prestaciones que ni siquiera garantiza la
solvencia del sistema ni a medio ni a largo plazo. Sin embargo, quizá de forma
un tanto sorprendente, la reforma ha sido aceptada por la sociedad sin grandes
protestas. En esta sección se describe la reforma y se analiza su
justificación, implicaciones y las cuestiones que deja sin resolver. Entre
ellas, la sostenibilidad del sistema.
2.1. Necesidad de la reforma
El punto de partida
para analizar la reforma es platearse si era necesaria. Para responder a esta
cuestión comenzaré revisando algunos datos sobre el envejecimiento de la
población. A continuación utilizaré la evidencia disponible para analizar si,
previo a la reforma, el sistema era sostenible.
2.1.1. Datos Básicos
El Cuadro 1, recoge
algunos datos básicos de la evolución de la población en el pasado y de la
estimación de evolución futura[2].
La primera fila nos dice que la esperanza de vida al nacer ha ido aumentando
progresivamente. Así quienes llegaron a la jubilación en 1990 tenían (al nacer)
una esperanza de vida de 47,7 años mientras que los que se jubilarán en el
2050, tendrán una esperanza de vida casi 30 años mayor. En términos de
pensiones esto significa que el porcentaje de cada generación que llega a la
jubilación va aumentando. Esto es, que cada vez más gente (en porcentaje de los
nacidos) llega a la jubilación. Más aún, además de llegar más a la jubilación,
los que llegan cobrarán pensiones durante más tiempo. Así por ejemplo, mientras
que en la actualidad el jubilado promedio cobra su pensión durante 20 años
(esperanza de vida a los 65 años), en el año 2050 puede cobrarla durante 24
años. Esto supone por el mero aumento de la esperanza de vida, que la pensión vitalicia
crece un 20%. Con la introducción del Factor de Sostenibilidad[3]
en el sistema de pensiones estos aumentos en la esperanza de vida pueden acabar
suponiendo reducciones sustanciales en las pensiones futuras.
El resultado del
aumento de la esperanza vida (al nacer y a los 65 años) es un envejecimiento de
la población que no puede ser evitado por posibles aumentos en la inmigración o
la natalidad. De aquí al 2050 es más que probable que se duplique la población
de más de 65 años tanto en términos absolutos (que pasaría de 7,7 millones a
15,3 millones) como relativos (pasando del 16,8% en el 2010 al 31,9% en el
2050). En el camino el número de activos por jubilado se dividirá por más de dos,
pasando de 3,9 en el
Cuadro 1:
Envejecimiento de
19901 20101 20501 Esperanza de vida al nacer
Esperanza de vida a los 65
años % de
Personas Mayores de 65 años. (millones)
Personas entre 18 y 64 años (millones)
Ratio de Dependencia5
1. Aproximadamente. 2. Nacidos en 1925 3. Nacidos en 1945 4. Nacidos
en 1985. 5. Cociente entre población entre 18-64 años y población de 65 o
más años. Fuente: Para
esperanza de vida al nacer Cabré et al. Resto INE (proyecciones de
población a largo plazo)
-
En realidad, aunque
estas cifras no sean muy precisas, es obvio que el envejecimiento de la
población hacía inviable el sistema. Aunque hay otras variables relevantes
(como el crecimiento de los salarios en relación a la pensión media), al
duplicarse el número de jubilados (y esta es una cifra razonablemente creíble)
a no ser que casi se duplicara el número de empleos el sistema no era
sostenible (a los tipos de cotización vigentes). Casi duplicar el número de
empleos conlleva crear más de 15 millones de puestos de trabajos en los
próximos 40 años (además de los 2,5 millones que se han perdido en los últimos años).
Evidentemente, esto, aunque no imposible, es poco probable.
Por otro lado, la opción de aumentar los tipos en el
futuro como única vía para financiar las pensiones adicionales tampoco parecía
una vía muy prometedora económica o políticamente. Económicamente porque los
aumentos necesarios serían muy elevados. Políticamente, porque el Pacto de
Toledo[4],
se establece que, en cuanto posible, las cotizaciones deben bajar, no subir.
2.1.2. Evolución del Gasto
El Cuadro 2 explora la
evolución del gasto en pensiones en España y en otros países de
Como muestra el Cuadro 2, las pensiones en España
costarán en el año 2050 el 15,5% del PIB. Esa cantidad está tres puntos por
encima del promedio de
|
Cuadro
2: El Coste (en % del PIB) de las Pensiones en España y otros países
(2007-2050) |
||||
|
|
2007 |
2050 |
2060 |
∆2050/1997 |
|
Bélgica |
10.0 |
14.7 |
14.7 |
4.7 |
|
Dinamarca |
9.1 |
9.6 |
9.2 |
0.5 |
|
Alemania |
10.4 |
12.3 |
12.8 |
1.9 |
|
Irlanda |
4.0 |
8.0 |
8.6 |
4.0 |
|
Grecia |
11.7 |
24.0 |
24.1 |
12.3 |
|
España |
8.4 |
15.5 |
15.1 |
7.1 |
|
Francia |
13.0 |
14.2 |
14.0 |
1.2 |
|
Italia |
14.0 |
14.7 |
13.6 |
0.7 |
|
Luxemburgo |
8.7 |
22.1 |
23.9 |
13.4 |
|
Holanda |
6.6 |
10.3 |
10.5 |
3.7 |
|
Austria |
12.8 |
14.0 |
13.6 |
1.2 |
|
Portugal |
11.4 |
13.3 |
13.4 |
1.9 |
|
Finlandia |
10.0 |
13.3 |
13.4 |
3.3 |
|
Suecia |
9.5 |
9.0 |
9.4 |
-0.5 |
|
Reino Unido |
6.6 |
8.1 |
9.3 |
1.5 |
|
EU15 |
10.2 |
12.4 |
12.6 |
2.2 |
|
EU27 |
10.1 |
12.3 |
12.5 |
2.2 |
|
Fuente: Comisión Europea (2009) |
||||
Evidentemente esto no significa que no hubiera que
reformar las pensiones porque debido al aumento en la esperanza de vida
probablemente había razones de eficiencia y equidad que justificaban la
reforma. Significa sólo que la supuesta insostenibilidad financiera no se debía
a aumentos exagerados del coste sino, en todo caso, a mecanismos inadecuados de
financiación, porque es claro que la economía generará recursos suficientes
para financiar los 15,1 puntos del PIB en pensiones, que es en lo que, antes de
la reforma, se estimaba el coste máximo del sistema (en el 2050).
2.1.3. Financiación de las pensiones: Déficit del
sistema
La sostenibilidad
depende no sólo de la evolución de los gastos, sino también de la de los
ingresos. En España, a pesar de que no tiene demasiada justificación conceptual
ni en base a la historia pasada del sistema o a experiencia internacional
comparada, el Pacto de Toledo acordó hace ya más de 15 años que las pensiones
contributivas se deberían financiar exclusivamente con cotizaciones sociales.
Sobre esta base, la sostenibilidad del sistema depende de la evolución de las
pensiones y de la recaudación por cotizaciones. De esta forma el déficit del
sistema de pensiones (en porcentaje del PIB), D, en cualquier momento del tiempo será:
[1]
donde PIB es el Producto
Interior Bruto.
Como la base esencial
de las cotizaciones son las rentas del trabajo, si llamamos t al tipo efectivo de cotización a
[2]
donde Salarios es la masa
salarial de la economía y t el tipo al
que están gravados estos salarios.
Si se dan por buenas
las estimaciones de
El hecho de que la participación de los salarios en
el PIB no haya experimentado grandes variaciones combinado con que los tipos de
cotización se han reducido unos cuantos puntos[6]
se ha traducido en que, tal y como muestra el gráfico
En el futuro, si es cierto que la población envejece
sustancialmente y, como predicen las estimaciones de
En todo caso, incluso
si la ratio Salarios/PIB no
disminuyera y se mantuviera constante, sería imposible financiar las pensiones
a los tipos actuales. Simplemente los ingresos no van a aumentar y quien se
empeñe en financiar las pensiones futuras exclusivamente con cotizaciones (a
los tipos vigentes) tendrá que realizar una reducción drástica de las
prestaciones[8].
En este caso, la única vía de garantizar la solvencia del sistema sería reducir
las prestaciones en una cuantía que compensara exactamente los aumentos futuros
del coste. Si, a efectos orientativos, tomamos como válida la estimación de
Gráfico 1: Participación de los
salarios en el PIB en España (1985-08)
Gráfico 2: Cotizaciones Sociales (en % del PIB)
Ocupados (mil)
Fuentes: OCDE (Recaudación) y Banco de España (Empleo)
Es importante señalar
que aunque el PIB creciera más muy rápido, las cosas no cambiarían demasiado.
Ciertamente el primer término de [2], el cociente pensiones/PIB disminuiría,
pero el segundo no cambiaría y seguiría siendo necesario reducir las pensiones,
probablemente de forma sustancial.
Sobre la base de un sistema
de pensiones financiado exclusivamente con cotizaciones, la alternativa a
reducir las pensiones sería aumentar los tipos de cotización. Aceptando que la
relación salarios/PIB no va a aumentar y dado que el sistema no se ha alejado
mucho del equilibrio mucho en los últimos años, si se estima que las pensiones
van aumentar alrededor de un 85% entre el 2007 y el 2050, para mantener el
equilibrio el tipo de cotización que se dedica a financiar pensiones debería
aumentar en un porcentaje similar. Esto es, alrededor de 24 puntos. Es decir
que el tipo para financiar pensiones debería pasar del 28,3% al 53,3%.
Evidentemente esto no es viable por lo que, antes de la reforma, incluso si se
hubiera estado dispuesto a aumentar algo los tipos de cotización, el sistema no
hubiera sido sostenible.
2.1.4. ¿Era necesaria la reforma?
En España antes de la
reforma había un sistema de pensiones financiadas esencialmente con
cotizaciones. En el futuro, con certeza, habrá un aumento importante en el
coste de las pensiones. Quizá no sea el 7,1% del PIB que predice
a) Mantener el modelo actual de
financiación. Esto es, que las pensiones se financien con cotizaciones
aumentando, en su caso, algo los recursos en cotizaciones dedicados a pensiones
(subiendo tipos o destinando a pensiones en el futuro parte de lo actualmente
dedicado a prestaciones por desempleo[11]).
b) Modificar el modelo
dotando al sistema de más recursos (mediante impuestos, un fondo de reserva
adecuado y, si necesario y posible, deuda) y, en su caso, complementándolo con una
reducción de las pensiones.
La opción elegida ha
sido la a) con el añadido, derivado del Pacto inicial de Toledo, de que las
cotizaciones no aumenten. Si el tipo de cotización no aumenta y el gasto en
pensiones sí, la única forma de restablecer el equilibrio es reducir las
pensiones. Y esto es lo que se ha hecho. Como ya se ha señalado, la reducción
necesaria para garantizar la solvencia hubiera sido de alrededor del 45%. Como
se verá más adelante, la reducción ha sido mucho menor (aproximadamente la mitad).
Por ello no se ha garantizado la solvencia del sistema.
Si
se hubiera optado por la solución b) modificado el modelo de financiación se
podrían haber aumentado los recursos del sistema. Evidentemente, dotar de más
recursos al sistema no implica que las pensiones no se modifiquen porque los
pensionistas deben soportar una parte del aumento del coste del envejecimiento.
Pero a diferencia de lo que ha ocurrido con la solución adoptada, no deben
soportar todo el coste del envejecimiento. Sólo deben pagar la parte que
se considere justa. Con impuestos, el resto del coste se repartiría entre tipos
de renta y entre generaciones. Hay que recordar que, como ya se ha señalado,
incluso sin reducciones en las prestaciones el coste futuro de la pensiones
sería perfectamente asumible desde una perspectiva económica.
2.2.
Medidas de Reforma
En
esta sección se describirán y analizarán las medias que se han adoptado en la
reforma del año 2011 así como las implicaciones financieras de estas medidas.
2.2.1 Las Medidas Adoptadas
La
reforma tiene cuatro medidas básicas
a) Ampliación de la edad legal de
jubilación que pasa de los
b) Linealización de los porcentajes a aplicar
sobre la base reguladora en función de los años cotizados y aumento en
dos años del periodo necesario para acceder a una pensión completa. Esta medida
se aplicará de forma progresiva hasta completarse en el 2027.
Consistente con el
aumento en dos años de la edad de jubilación, ahora se necesitan dos años más
de cotización para acceder a una pensión completa (37 años frente a los 35
anteriores). El mínimo de cotización
para tener una pensión sigue siendo de 15 años (que dan derecho a un 50% de
pensión). También cambia el peso de cada año adicional de cotización (sobre el
mínimo). Antes, cada uno de los diez primeros años añadía un 3% de pensión y cada
uno los diez restantes aportaban un 2%. Ahora cada año adicional de cotización
aportará un 1,9% de pensión. El cuadro 3 compara el cambio en el porcentaje de
pensión que se percibe con el sistema que había antes de la reforma y con el
actual.
Como muestra el cuadro,
la reducción para quien haya cotizado 25 años es de un 5%. Tras ese máximo, la
reducción va disminuyendo: a los 35 años la reducción es, por ejemplo, del
2,2%.
|
Cuadro
3: Efectos del aumento de la proporcionalidad |
|||
|
Años cotizados |
Pensión con Sistema Previo |
Pensión con Sistema Previo |
Reducción de pensión |
|
15 |
50% |
50% |
0,0% |
|
|
3% |
1,9% |
1,1% |
|
25 |
80% |
75,08% |
4,9% |
|
|
2% |
1,9% |
0,1% |
|
35 |
100% |
97,84% |
2,2% |
|
37 |
100% |
100% |
0,0% |
c) Ampliación del periodo de
cálculo de la base reguladora. Esta medida se aplicará de forma progresiva
hasta completarse en el 2022.
El número de años que
se incluyen en el cálculo de la base reguladora (pensión base) aumenta
progresivamente de
d)
Introducción del Factor de sostenibilidad
Esta provisión dice que
a partir del año 2027, cada 5 años se ajustarán los parámetros del sistema por la
diferencias entre la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año
en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. El significado
concreto de esto es difuso. En todo caso, lo que dice es que a partir del año
2032 se revisarán las pensiones por el aumento en la esperanza de vida. Esto
es, a la baja. De hecho, ya hay muchos que piden que estos ajustes por
envejecimiento se adelanten.
Junto
a estas cuatro reformas básicas se han realizado otras de menos alcance como
permitir jubilaciones anticipadas[12], mejora de las
pensiones mínimas de las personas solas, la integración y convergencia de
regímenes[13], una profundización
en la separación de fuentes[14] y una propuesta de
mejorar el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales[15]
2.2.2. Implicaciones de las Medidas de Reforma
Todas las medidas
adoptadas reducen el nivel de las pensiones para casi todo el mundo (aunque
puede que no para todos). La ampliación de la edad de jubilación, si se
aplicara hoy, afectaría a alrededor del 40% de los jubilados[16]
porque, aproximadamente, el 60% de los que cumplen 65 años han cotizado al
menos 38,5 años. En el futuro el porcentaje de trabajadores afectados es
incierto. Si como les ocurre a muchos jóvenes actualmente, la incorporación al
mercado de trabajo se retrasa (por un aumento en la educación o porque el paro
juvenil es muy alto), el porcentaje de afectados en el futuro será mucho mayor.
En todo caso, los que se vean afectados por el retraso en la edad de jubilación
verán disminuir su pensión vitalicia[17]
aproximadamente un 10%[18].
Eso es, cobrarán lo mismo cada año, pero durante un 10% menos de años.
Los efectos de linealizar
los porcentajes de lo pesos en la pensión de cada año cotizado está resumidos
en el Cuadro 3. Todo el mundo que haya cotizado menos de 37 años pierde con
esta medida, pero las pérdidas máximas están en torno a los 25 años donde se
llega a perder casi el 5% de la pensión.
El efecto de aumentar
los años que se computan para calcular la base reguladora (es decir, la pensión
base) dependen del perfil de rentas de los jubilados. Para la mayoría de la
población la inclusión de 10 años adicionales en el cálculo reducirá la pensión
inicial porque los salarios reales de los diez años adicionales serán más bajos
que los salarios reales de los 15 años que se toman en cuenta actualmente[19].
Al promediar valores altos (últimos 15 años) y bajos (los 10 años añadidos) el
resultado es menor que el promedio inicial (últimos 15 años).
Si, por contra, el
promedio de los 10 años añadidos es mayor que el de los últimos 15 años antes
de jubilarse, la pensión inicial aumentará. Esto es más probable que ocurra para
quien, por ejemplo, ha estado en paro varios de los últimos años pero no lo
estuvo durante los 10 años extra añadidos. En todo caso, Muñoz Bustillo y otros
(2006) han estimado que ampliar la base en 5 años, reduciría la pensión media
en un 5%. Esto es un 1% por año. Si extrapolamos esta cifra a diez años,
tendríamos que, en promedio, la reducción de la pensión sería de un 10%.
Las implicaciones del
factor de sostenibilidad dependen de cómo se aplique. Si tomamos como
referencia las estimaciones globales del entonces MTIN que están en el Cuadro 4
(de la sección 2.2.4), en el año 2050 el factor de sostenibilidad añadirá un
50% más a la reducción de las pensiones (por los demás elementos de la
reforma). Esta reducción adicional ha sido sustraída al debate público porque
el factor de sostenibilidad se ha presentado por parte del MTIN como algo menor
sin demasiada trascendencia.
2.2.3. Valoración de las medidas
La reforma no produce
un patrón uniforme de pérdidas. Por ejemplo, quien llegue a los 65 años habiendo
cotizado 38,5 años puede perder sólo el 10% de su pensión (por el aumento de la
de los años en el cálculo de la base reguladora). La pérdida aumentará a un 20%
si a los 65 se han cotizado entre 35 y 38,5 años (porque la edad de jubilación
se retrasará dos años). Por otro lado, la pérdida será del 25% si se llega a
los 67 años con 25 cotizados (por el efecto linealización). Cuando el factor de
sostenibilidad empiece a aplicarse plenamente, estas pérdidas aumentarán en un
50%.
Hay que apresurarse a
señalar que no todas las pérdidas son iguales. El retraso en la edad de
jubilación supone que se cobrará la misma pensión durante menos años.
Obviamente esto reduce la pensión vitalicia, pero no lo que se cobra anualmente
cuando se está jubilado. Es decir, retrasar la edad de jubilación no crea
pobreza en la jubilación. Por otro lado, las demás medidas reducen la pensión
anual que reciben los trabajadores (y por extensión su pensión vitalicia). Esto
se traduce en una reducción de los niveles de vida de los jubilados. En un
sentido básico les hace más pobres.
El principal problema de
esta reforma de las pensiones es que se limita a reducir el gasto y además,
como se comprueba en la sección siguiente, sin garantizar la sostenibilidad a
largo plazo de las pensiones. Esto deslegitima medidas como el retraso en la
edad de jubilación que, en el contexto de una reforma más razonable, serían
legítimas y plenamente justificadas[20].
En realidad lo que se ha realizado es más una simple reducción de pensiones que
una reforma real del sistema.
La ampliación del
número de años en el cálculo de la base y el aumento de la proporcionalidad son
simplemente una forma de repartir entre los pensionistas la reducción de las
pensiones. Ambas medidas tienden establecer una mayor proporcionalidad entre
pensiones y contribuciones. Cuando, como ahora, la reforma es una mera
reducción de pensiones, la mayor proporcionalidad significa reducir
(proporcionalmente) más las pensiones de quienes se beneficiaban más de la
redistribución implícita en el sistema vigente. Esta opción es razonable sólo
en la medida en que la redistribución del sistema vigente fuera indeseada y,
por considera excesiva, se quisiera reducir. En todo caso, sobre estas medidas
habría que hacer dos cualificaciones:
a) El
sistema público de pensiones, si tiene sentido su existencia, no debe actuar como una empresa privada de seguros que iguale
ingresos a gastos y que establezca una proporcionalidad estricta entre
cotizaciones y pensiones.
b) Quien considere que
la proporcionalidad debe ser la base del sistema debe aplicarla a toda la vida
laboral del trabajador, no sólo a los 22 últimos años cotizados (del total de
37 años necesarios para una pensión completa). Esto implica que, por un lado,
se debería incluir toda la vida laboral en la determinación de la base
reguladora y que todos los años deberían tener el mismo peso. En particular
esto significa que cotizar 15 años no debería dar derecho a un 50% de pensión,
sino a un 40,5% y que quien tiene menos de de 15 años cotizados también debería
tener derecho a una pensión contributiva (siempre que el resultado fuera
superior a la pensión asistencial que se da a quien no ha cotizado nada).
c) Que realizar una
reducción de pensiones introduciendo correcciones de la redistribución previa,
ayuda a crear confusión y que sea difícil que cada cual sepa si gana o pierde
con la reforma y cuánto.
Finalmente
está el llamado factor de sostenibilidad. Esta es una reducción oculta de las
pensiones que no se sabe cómo se va a aplicar. Según la memoria del proyecto se
espera que la esperanza de vida aumente un año por década. Esto significa que
entre el 2027 (cuando comienza la cuenta para el factor de sostenibilidad) y el
2060 (el último año incluido en la memoria del proyecto) la esperanza de vida
aumentará en 3,3 años lo que abre la posibilidad de que la jubilación se acabe
aproximando a los 70 años. De esta forma se pasaría de un extremo (todos los
aumentos de esperanza de vida se dedican al ocio) a otro (todos se dedican al
trabajo), lo cual parece bastante inaceptable.
2.3.
Efectos Financieros de
El
Cuadro 4 analiza las implicaciones financieras de la reforma. En él se comparan
los efectos sobre en el coste de la pensiones (según las estimaciones del ministerio de trabajo) con las estimaciones
de aumento del coste de las pensiones que ha realizado
Las
tres primeras columnas recogen las estimaciones del ahorro (en porcentaje del
PIB) en pensiones con las diferentes medidas adoptadas y de aplicación más
inmediata (A, B y C). La cuarta columna recoge la suma de estos efectos, que
son a los que se hace referencia habitualmente cuando se habla de la reforma de
las pensiones. La quinta columna incluye el ahorro imputado a la aplicación del
factor de sostenibilidad. La sexta es la suma de las anteriores y resume el
ahorro total debido a la reforma.
La
séptima columna incluye los aumentos del PIB que el gobierno estima porque la
gente va a trabajar más tiempo. En principio esto puede parecer razonable porque
si, debido a que se atrasa la edad de jubilación, la gente trabaja más,
entonces la producción será mayor. Sin embargo, esto presupone que los puestos
de trabajo que ocupan los jubilados desaparecen cuando ellos se retiran (y se
mantienen cuando ellos deciden seguir trabajando). Esto es absurdo porque
cuando un jubilado se retira su puesto de trabajo puede ser ocupado por un
parado, un inmigrante o por alguien que decida incorporarse al mercado de
trabajo. O, por ponerlo de otra forma, no está claro que retrasar la jubilación
aumente la producción porque es posible que simplemente haga que los no
jubilados ocupen los puestos de trabajo que, de jubilarse, hubieran sido
ocupados por otros (inmigración, parados, aumentos en la tasa de participación,
etc.). Por ello la columna G tiene más de previsión optimista que de realidad.
La columna H contiene
el efecto total sobre el PIB que, según el gobierno, tiene la reforma de las
pensiones, obtenido como la suma de todos los efectos anteriores. La columna I
cuantifica la reducción de las pensiones como porcentaje del coste en
pensiones. Mide, por tanto, la reducción promedio en la pensión vitalicia.
Finalmente la columna J contiene el aumento estimado en el coste de la
pensiones según
Este Cuadro pone de
manifiesto varias características importantes de la reforma:
1. Cuando la reforma
esté plenamente desarrollada el coste de las pensiones (y por tanto la pensión
promedio) se reducirá entre el 20% y el 25% (cifras a partir del 2040 en la columna
I). Esto está en amplio contraste con las afirmaciones públicas de que las
pensiones sólo se reducirán un 5% o, como mucho, un 9%.
2. Buena parte de la
discusión sobre la reforma se ha centrado en el alargamiento de la edad de
jubilación Sin embargo, el 30% de la reducción se deberá al factor de
sostenibilidad. Esto es, a los retrasos adicionales en la edad de jubilación a
medida que aumenta la esperanza de vida.
3. La reforma no supone
ninguna reducción significativa del coste de las pensiones en el corto o medio
plazo. Esto cuestiona que fuera necesario hacer esta reforma en medio de una
crisis como elemento para garantizar el saneamiento de las finanzas públicas. Dado
que la reforma no reduce el coste a corto o medio plazo de las pensiones, cualquier
desequilibrio financiero que se produzca (por una reducción de las cotizaciones
o una expansión del gasto) deberá ser financiado con el Fondo de Reserva.
4. La reforma no
garantiza la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Tal y como muestra el Cuadro
4 en, por ejemplo, el año 2050 el coste adicional estimado es de 6,4 puntos del
PIB. Sin embargo, la reducción de pensiones como resultado de la reforma será
sólo de 3,3 puntos. Dado que, como se ha argumentado en la sección 2.1.1, no es
probable que la participación de los salarios en el PIB aumente, esto significa
que la reforma no garantiza la solvencia a largo plazo del sistema. De hecho,
si no se dota de más ingresos al sistema, la reducción que se ha hecho de las
pensiones es sólo la mitad de la necesaria. Esto es, habría que reducir las
pensiones otro tanto sobre lo que ya se han reducido.
|
Cuadro
4: Efectos Financieros de |
||||||||||||
|
|
Reducción en el Coste de las
Pensiones |
% Reduc-ción del Coste Ia |
Aumento del Coste J |
|||||||||
|
Años |
% base regula-dora A |
Base reguladora B |
Retraso edad jubila-ción C |
Medidas ReformaA+B+C= D |
Factor Sosteni-bilidad E |
TOT (sin PIB) D+E= F |
Aumento PIB G |
TOT (con PIB) G+F= H |
||||
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
1,1 |
|
||
|
2020 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
3,2 |
0,6 |
||
|
2030 |
0,1 |
0,4 |
0,8 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
0,1 |
1,4 |
13,0 |
1,9 |
||
|
2040 |
0,3 |
0,8 |
1,0 |
2,1 |
0,5 |
2,6 |
0,2 |
2,8 |
21,2 |
4,3 |
||
|
2050 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
2,3 |
1,0 |
3,3 |
0,2 |
3,5 |
22,6 |
6,4 |
||
|
2060 |
0,3 |
1,0 |
0,9 |
2,2 |
1,2 |
3,4 |
0,2 |
3,6 |
23,8 |
6,0 |
||
|
a.
Se obtiene como cociente entre H y el coste estimado de las pensiones por
Comisión Europea Fuentes: Para los efectos de la reforma MTIN (2011), para el aumento del coste
de las pensiones (J), Comisión Europea
(2009) |
||||||||||||
De
las consideraciones
|
Cuadro 5: Estimaciones de los Efectos Financieros de la Reforma |
|
|||||
|
|
Aumento de la edad de jubilación (1) |
Extensión del período de cómputo (2) |
Cambio en la escala (3) |
Efecto total (1) + (2) + (3) |
Factor de sosteni-bilidad |
|
|
Período 2009-2050 |
|
|
|
|
|
|
|
Gobierno |
15 |
15 |
8 |
38 |
15 |
|
|
Díaz-Saavedra et al. (2010) (Δ jub. 1,4 años) (b) |
|
|
|
38 |
|
|
|
De |
|
|
|
40 |
|
|
|
Modelo Banco de España (Δ jub. 1 año) (c) |
14 |
26 |
11 |
43 |
|
|
|
Período 2009-2060 |
|
|
|
|
|
|
|
De |
|
|
|
39 |
|
|
|
Modelo Banco de España (Δjub. 1 año) (c) |
7 |
22 |
10 |
37 |
|
|
|
a Los resultados muestran el ahorro de cada reforma expresado como
porcentaje del aumento del gasto previsto sin reforma. |
|
|||||
|
b Las estimaciones de Díaz-Saavedra et ál. (2010) incluyen (1) y (2),
pero no (3). En estas, el incremento de la edad de jubilación simulado es de
1,4 años. |
|
|||||
|
c En este modelo, la frecuencia mínima es anual, por lo que, para
aproximar el retraso estimado en la edad de jubilación de 1,1 años, se simula
un incremento |
|
|||||
|
de la edad de jubilación de un año. Además, debe tenerse en cuenta que el
efecto total de las reformas, es decir, la suma de (1), de (2) y de (3) , no
es igual a la suma individual de cada reforma, por las interacciones que se
producen entre ellas |
|
|||||
|
Fuente: Banco de España (2011) |
||||||
Conviene señalar que, tomando como buenas las
estimaciones de
|
Cuadro 6: El gasto en pensiones en España tras la reforma comparado con
la UE15 |
||
|
|
2007 |
2050 |
|
Bélgica |
10.0 |
14.7 |
|
Dinamarca |
9.1 |
9.6 |
|
Alemania |
10.4 |
12.3 |
|
Irlanda |
4.0 |
8.0 |
|
Grecia |
11.7 |
24.0 |
|
España |
8.4 |
12,0 |
|
Francia |
13.0 |
14.2 |
|
Italia |
14.0 |
14.7 |
|
Luxemburgo |
8.7 |
22.1 |
|
Holanda |
6.6 |
10.3 |
|
Austria |
12.8 |
14.0 |
|
Portugal |
11.4 |
13.3 |
|
Finlandia |
10.0 |
13.3 |
|
Suecia |
9.5 |
9.0 |
|
Reino Unido |
6.6 |
8.1 |
|
EU27 |
10.1 |
12.3 |
|
EU15 |
10.2 |
12.4 |
|
Fuente: Comisión Europea (2009) y MTIN (2011) |
||
2.4. Momento de la reforma
La reforma se ha
justificado como un medio para lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas
y garantizar la solvencia del sistema a largo plazo. Sin embargo, la realidad
es que, como muestra el Cuadro 4, esta reforma no afecta al coste de las
pensiones en el corto o medio plazo (sostenibilidad) ni garantiza la solvencia
en el medio plazo. Dado lo anterior es evidente que la urgencia de la reforma
era como poco cuestionable. En realidad realizar una reforma de las pensiones
en un momento de crisis económica sólo sirve para favorecer a quienes
argumentan la insostenibilidad de las pensiones públicas y piden que se
reduzcan.
2.5. Balance de resultados
En lo esencial se puede
decir que la reforma es:
a) Injusta, porque hace
recaer todo el coste sobre los trabajadores actuales (que serán los
pensionistas futuros)
b) Insuficiente,
porque, en el mejor de los casos, garantiza un 50% de la sostenibilidad de las
pensiones en el largo plazo.
c) Engañosa, porque se
incluye un elemento, el factor de sostenibilidad, que se ha presentado como
algo no muy importante pero que, en realidad, en el futuro puede conllevar
reducciones sustantivas de las pensiones. Además, la reforma se ha justificado
por razones falsas (solvencia y sostenibilidad) y al enmarañar las cifras, al
final casi nadie sabe cuánto le va a suponer el recorte de las pensiones.
En el balance final de esta reforma
han perdido, sin duda los trabajadores, porque de entrada se dejan hasta un 20%
de pensión vitalicia (la mitad por rebaja de la pensión y la otra mitad porque
la cobrarán menos tiempo) a cambio de nada, y en el futuro pueden dejarse mucho
más. Ganan las instituciones financieras que, a pesar de haber demostrado ser
más expertas en cobrar comisiones que en dar rentabilidad, venderán más planes
privados (parcialmente financiados con dinero público vía el IRPF) y tendrán
más argumentos para vender sus productos. Pierden los sindicatos, que han demostrado
su falta de fuerza y liderazgo. Sólo han logrado retrasar y reducir
marginalmente el recorte y han antepuesto sus intereses como organización a los
intereses de los trabajadores.
3. El futuro del Sistema de
Pensiones
La
reforma de las pensiones, además de injusta, es insuficiente para garantizar la
sostenibilidad del sistema incluso en el medio plazo. En esta sección se
exploran qué principios deberían guiar una nueva reforma de las pensiones que,
dadas las carencias de la anterior, es inevitable.
3.1. La situación tras la
reforma
El sistema de pensiones tal y como
estaba diseñado era insostenible en el medio y largo plazo. Esto implicaba una
reforma que disminuyera los gastos, aumentara los ingresos o una combinación de
ambas. En última instancia cualquier reforma que se hubiera hecho del sistema
no era sino una forma de repartir el coste del envejecimiento entre
generaciones (7,1 puntos del PIB).
En este contexto la opción del
gobierno ha sido simple. Se mantienen los ingresos a los niveles actuales y se
bajan las pensiones. Esta reforma se ha presentado como una cuestión técnica
pero en realidad se ha basado en una premisa ideológica: Que las pensiones
deben financiarse sólo con cotizaciones a los tipos actuales. Bajo esta premisa
el único mecanismo de ajuste posible es reducir las pensiones. El resultado ha
sido que se ha hecho recaer todo el ajuste sobre los trabadores ignorando que
esto contraviene ciertos derechos morales que tienen. En particular el derecho
a recibir prestaciones similares a las que ellos han ayudado a pagar con su
sueldo. Y preservar este derecho justifica que se usen impuestos u otros
ingresos generales para financiar las pensiones de estos trabajadores cuando se
jubilen. Evidentemente esto no significa que no se deban reducir las
prestaciones de los trabajadores, sino que hay que hacerlo sin lesionar de
forma sustantiva sus derechos a recibir pensiones similares a las actuales.
La edad de jubilación es un ejemplo
del tipo de prestaciones que es razonable modificar. La esperanza de vida a los
65 años aumenta continuamente[21],
lo que significa que cada vez los jubilados cobran durante más años la pensión.
Esto es una ampliación de prestaciones (porque se cobra la pensión durante más
años) que en un contexto de envejecimiento (y por tanto de dificultades
financieras del sistema) es difícilmente justificable. Retrasar la edad de
jubilación es, por tanto, una forma razonable de que los jubilados futuros
soporten parte del coste adicional del sistema. Eso sí, siempre que, a
diferencia de lo que ha ocurrido ahora, otras rentas (las del capital y empresariales)
y otras generaciones, soporten otra parte del coste.
El que la reforma sea esencialmente
injusta no es, sin embargo, el único problema de las reforma. Más importante es
el hecho de que no solventa los problemas del sistema ni a corto ni a largo
plazo. A corto plazo será necesario tomar medidas adicionales (porque si no
habrá que recurrir al Fondo de Reserva mucho antes de lo previsto). En el largo
plazo, será necesaria una reforma adicional de igual magnitud a hecha hasta
ahora.
3.2. Las reformas necesarias
Dado que la reforma no es suficiente
para mantener el sistema de pensiones habrá que hacer reformas adicionales. Los
jubilados futuros (trabajadores actuales) probablemente ya han soportado más
que su justa parte de la financiación del coste adicional de las pensiones. Por
ello la vía en la que se debe avanzar en el futuro es garantizar al sistema
recursos adicionales que eviten más recortes en las pensiones. Esto incluye la
aportación de impuestos, más cotizaciones (parte de las que ahora se dedican a
desempleo o incluso aumentos de tipos) y, en su caso, Deuda. También se debería
aumentar la cuantía del fondo de reserva dotándolo, por ejemplo, con un
impuesto específico. Junto a esto se deben revisar algunos parámetros de la
reforma actual. El objetivo final será repartir de forma más justa (entre
generaciones y tipos de renta) el coste adicional de las pensiones debido al
envejecimiento.
En lo esencial, por tanto, se debe
cambiar de filosofía. La actual es que los ingresos por cotizaciones (además a
los tipos actuales) determinan las pensiones sostenibles. Esto conduce a
ajustes inmediatos de las pensiones a la baja. Ciertamente es la solución más
fácil para el Sector Público, pero quizá no la más justa.
Frente a esto, la primacía la
deberían tener las pensiones. Se debería determinar lo que se considera
colectivamente como una pensión razonable (teniendo en cuenta, obviamente, el
coste) y a partir de ahí allegar los recursos necesarios para su financiación.
3.2.1
La pensión razonable
Evidentemente cualquier definición
de pensión razonable es subjetiva. En mi opinión, razonable debe definirse como
el equilibrio entre lo sostenible y que los pensionistas reciban prestaciones
similares a las que están ayudando a pagar. Por otro lado no es menos cierto
que los trabajadores actuales deben soportar parte del coste adicional debido
al envejecimiento.
Una forma de equilibrar estos dos
principios (razonabilidad y distribución justa del coste adicional de las
pensiones) pasaría por las siguientes medidas: (a) Eliminar el denominado
factor de sostenibilidad, (b) Extender la jubilación a los 67 años a toda la
población y (c) Establecer una pensión contributiva para cualquiera que haya
cotizado (aunque sea menos de quince años). En ningún caso se debería ampliar
más número de años en el cómputo de la base reguladora.
El factor de sostenibilidad es sólo
una forma de reducir la pensión vitalicia de los jubilados. Con los aumentos de
vida esperados, las reducciones pueden ser sustanciales. Que todo el mundo se
jubile a los 67 años es una medida razonable en un contexto en el que está
aumentando la esperanza de vida a los 65 años y hay un envejecimiento de la
población. Tal y como muestra el Cuadro 7 entre hoy y el 2050 la esperanza de
vida a los 65 años aumentará en casi cuatro años. Esto significa que los
jubilados futuros cobrarán pensiones durante mucho más tiempo que los actuales.
O lo que es lo mismo, que su pensión vitalicia será mucho más alta que la
actual. En este contexto, dedicar la mitad del tiempo adicional de vía al
trabajo y la otra mitad al ocio, no parece un sacrificio excesivo[22].
Por otro lado, es sorprendente que a
pesar de que se ha defendido la proporcionalidad como guía básica de la
reforma, quien ha cotizado, por ejemplo 14 años 11 meses sigue sin recibir
ninguna prestación aunque pueda haber aportado al sistema mucho más dinero que
otros que han cotizado más tiempo[23].
Es más recibe lo mismo que quien no ha aportado nada. Esto es, prestaciones no
contributivas. Por ello es razonable eliminar la cota inferior de 15 años de
cotización para tener derecho a una pensión contributiva.
Finalmente, no se debe aumentar el
número de años incluidos en el cálculo de la base reguladora. Hacerlo reduciría
la tasa de sustitución, lo que llevaría a cobrar una pensión anual menor y, por
la tanto, tener una población jubilada con menos recursos. Para quienes ya
reciben pensiones bajas, esto puede significar acercarse a la de pobreza[24].
Si además, como es previsible, se recibe un porcentaje menor de la base
reguladora, el resultado pueden ser niveles de pobreza significativos en la
jubilación.
3.2.2
Financiación de las pensiones
Financiar las pensiones con cotizaciones sobre
el empresario puede tener efectos negativos sobre el empleo en el corto/medio
plazo. Además es probable que en el largo plazo sean soportadas en su mayoría
por los trabajadores (vía salarios más bajos)[25].
Las cotizaciones a cargo de los trabajadores, por su parte, pueden no tener
efectos negativos sobre el empleo, pero es altamente probable que sean
soportadas desde el principio por los trabajadores. Por ello aunque en base a
la experiencia internacional comparada hay ciertos márgenes para subir los tipos
de los empresarios[26]
y bastante margen para subir los tipos de los trabajadores, subir los tipos de
cotización para financiar las pensiones es una medida que, en el mejor de los
casos, debe utilizarse con prudencia[27].
En todo caso, como ya se ha señalado si, como sugieren las estimaciones, en el
futuro se produce una reducción drástica y permanente del paro, se debe
trasladar parte de las cotizaciones por desempleo a pensiones.
Dado que aumentos moderados de las
cotizaciones no van a resolver los problemas financieros de las pensiones, la
forma de esencial de aportar los recursos adicionales que necesita el sistema
de pensiones deben ser los impuestos. Desde un punto de vista conceptual es
legítimo que, cuando las cotizaciones no son suficientes, el Sector Público use
impuestos generales para financiar el nivel de pensiones determinado
colectivamente. Más aún, usar impuestos es un forma justa de repartir el coste
del envejecimiento entre tipos de rentas (y si se crea un fondo de reserva)
entre generaciones. Por otro lado, cabe recordar que tanto España en el pasado,
como muchos países en la actualidad utilizan impuestos para financiar
pensiones, bien de forma general o cuando hay un déficit (esto es, las
cotizaciones no pueden financiar las pensiones).
Dado lo anterior, un esquema viable
de financiación de las pensiones se basaría en:
a) En
el corto plazo los recursos del sistema se incrementarían con
a.1) Un aumento de las cotizaciones
a cargo del trabajador de tres puntos y del empresario de un punto.
a.2) La creación de un
impuesto denominado Contribución a
Lo que se obtuviera con estos
ingresos financiaría las pensiones y el exceso se acumularía en el Fondo de
Reserva.
b) El Fondo de Reserva no podría
utilizarse antes del año 2030.
c) El gobierno se comprometería a
financiar con impuestos generales cualquier déficit del sistema que surja ahora
o en el futuro.
d) En el largo plazo, si es viable
según los acuerdos de estabilidad vigentes con
Obsérvese
que a) hace recaer parte del coste adicional de las pensiones futuras sobre las
rentas actuales del capital, trabajo y empresariales. La medida b) garantiza
que parte de estos ingresos adicionales se utilizarán para financiar las
pensiones futuras. La medida c) hace que otra parte del coste recaiga sobre las
rentas (del trabajo y capital) futuras. Finalmente, la medida d), si viable,
permitirá trasladar parte del coste a las generaciones posteriores al periodo
mayor envejecimiento.
Estas medidas, por tanto, en
conjunción con la reducción de pensiones vitalicias que conlleva la reforma que
se ha realizado (modificada marginalmente por lo propuesto en la sección 3.2.1)
constituye una distribución del coste
adicional de las pensiones que está equilibrada entre tipos de
ciudadanos (pensionistas y activos), tipos de rentas (trabajo y capital) y
generaciones (presentes y futuras).
3.2.3. El papel de las pensiones privadas[28]
Las
pensiones privadas (de capitalización) han sido presentadas muchas veces como
superiores a las públicas (de reparto). Esto, sin embargo, dista mucho de ser
cierto. Las pensiones privadas tienen un coste elevado de gestión, no
garantizan rentabilidades altas, conllevan riesgos individuales y colectivos
sustanciales, sólo cubren la invalidez, la vejez o la orfandad pagando primas
altas, no son siquiera inmunes al envejecimiento y pueden no aumentar mucho el
ahorro nacional. Las pensiones públicas de reparto, por contra, solventan todos
estos problemas. Y si se acepta que se financien al menos parcialmente con
ingresos diferentes a las cotizaciones (impuestos u otros) son sostenibles
financieramente.
En todo caso, todo el
mundo sabe que, por los costes de transición, no es posible capitalizar una
parte sustancial del sistema de pensiones. Por ello muchas de las propuestas se
limitan a proponer que se incentiven fiscalmente las pensiones capitalizadas
como complemento de las pensiones públicas.
Los incentivos a los
planes privados de pensiones están llenos de problemas conceptuales y
prácticos. Además, al igual que ocurría con los incentivos a las cuentas ahorro
vivienda, pueden acabar siendo trasladados a los gestores de los planes. Esto
es, beneficiando a los gestores y no a los ahorradores. Desde un punto de vista
conceptual hay varios problemas:
a) Contrariamente a lo
que se suele señalar con frecuencia, los
planes privados de pensiones sólo son un gran negocio para los gestores, que
cobran comisiones elevadas. A cambio, dan rentabilidades bajas y riesgos
considerables. Y ni siquiera son inmunes al envejecimiento.
b) Incentivar los
planes privados de pensiones es discriminador en relación a otras formas de
ahorro para la vejez. ¿Por qué se va a bonificar fiscalmente a quien invierte
en un plan privado de pensiones, pero no a quien invierte por su cuenta en
acciones para financiar su jubilación?
c) El sistema público
garantiza el nivel de pensiones que se considera socialmente deseable. En este
contexto no tiene sentido gastarse dinero público en que algunos grupos se
procuren pensiones más altas que el resto. Máxime cuando las pensiones públicas
se están reduciendo por falta de recursos públicos.
d) No sirven para
minorar el impacto de (posibles) reducciones futuras de las pensiones públicas.
La evidencia es que la mayoría de la gente invierte poco o nada en planes
privados. Sólo las rentas elevadas los adquieren en cantidades significativas.
Por ello, los incentivos actuales no servirán para reducir las pensiones
futuras porque la mayoría de la población no tendrá casi pensiones privadas.
A estos problemas
conceptuales se unen otros de naturaleza práctica:
e) Los incentivos son
costosos en relación a su efectividad. La razón es que se acogen a ellos no
sólo los planes de pensiones que se crean por el incentivo, sino los que se
hubieran creado en cualquier caso. Por ello el cociente (coste fiscal)/(nuevos planes) es siempre elevado.
f) Son dudosamente
efectivos. Es dudoso que los incentivos fiscales a los planes de pensiones
creen más ahorro. Lo más probable es que simplemente se traslade a planes de
pensiones ahorro que, sin estos incentivos, se hubiera invertido en otros
activos. De esta forma lo único que hacen es distorsionar las inversiones entre
activos.
g) Gracias a los
incentivos, los gestores de planes pueden ofrecer rentabilidades bajas (debidas
a mala gestión, a comisiones altas o a ambas) y que, sin embargo, comprar esos
planes sea rentable para el contribuyente. En un sentido básico se produce una
traslación de los incentivos a los gestores.
Dado lo anterior, es
obvio que los planes privados de pensiones no deberían jugar ningún papel
sustantivo en el futuro sistema de pensiones, ni siquiera con carácter
complementario.
4. Conclusiones
Los principales
argumentos que se han expuesto en este trabajo son los siguientes:
La
reforma que se ha realizado
El sistema de pensiones tal y como
estaba diseñado era insostenible en el medio y largo plazo porque el sistema de
cotizaciones (a los tipos de vigentes) no podía financiar unas pensiones que
podían aumentar hasta 7,1 puntos del PIB.
En esta coyuntura el gobierno ha
optado por hacer una reforma simplista, injusta, engañosa, insuficiente y
extemporánea. Simplista porque se ha limitado a bajar las pensiones (sin
aumentar ingresos). Injusta porque todo el coste del ajuste ha recaído sobre
los jubilados futuros (en vez de repartirlo entre personas, generaciones y
tipos de renta). Engañosa, porque buena parte de la reducción se ha ocultado al
público (enmascarándola entre medias variopintas y un difuso factor de
sostenibilidad). Insuficiente porque no garantiza la solvencia del sistema a
largo plazo (porque la reducción de pensiones sólo cubre la mitad del aumento
estimado del coste). Extemporánea porque se ha hecho en un momento inadecuado
(en medio de una crisis) que sólo favorece a los que querían reducir las
pensiones
Las
medidas necesarias para el futuro
Con las prestaciones se debería: (a)
Eliminar el denominado factor de sostenibilidad, (b) Extender la jubilación a
los 67 años a toda la población y (c) Establecer una pensión contributiva para
cualquiera que haya cotizado (aunque sea menos de quince años). En ningún caso
se debería ampliar más número de años en el cómputo de la base reguladora.
Se
deberían aumentar los recursos del sistema de pensiones. En el corto plazo
sería deseable (a) un aumento de las cotizaciones a cargo del trabajo de tres
puntos y del empresario de un punto y (b) Crear un impuesto denominado Contribución a
Las
pensiones privadas no tienen ningún papel que jugar, ni siquiera
complementario, en el sistema de pensiones. Por razones conceptuales y
prácticas deben eliminarse los incentivos fiscales a los planes de pensiones.
Fecha de
recepción del artículo: 27 de mayo de
2012
Fecha de aceptación definitiva: 25 de junio de 2012
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