LA IGUALDAD DE SEXOS Y EL PRECIO DEL SEGURO PRIVADO EN UN CONTEXTO DE PROTECCIÓN SOCIAL

 

Daniel Hernández González[1]

Actuario de seguros. MSSSI

 

“Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír”. Prefacio a Rebelión en la granja. George Orwell.

 

 

Resumen

 

El Seguro como institución ofrece protección y cobertura frente a la materialización de riesgos a cambio del pago de una prima, pudiendo así articularse como una herramienta de protección social. La Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 1 de marzo de 2011 impide que ya en el ejercicio 2013 las primas de seguro utilicen la variable sexo como herramienta dentro de la valoración de riesgos y determinación de precios, dando lugar a una situación que, tal y como aquí se expone e independientemente de sus efectos económicos para aseguradoras y asegurados, se plantea de forma no muy acertada y distante de los objetivos que pretende cumplir.

 

Palabras clave

 

Seguros; Tarificación; Igualdad de sexos y discriminación; Directiva 2004/113/CE.

 

Abstract

 

The insurance offers protection and coverage against the materialisation of risks in exchange for a premium and it can be defined as a tool of social protection. The judgment of the European Court of Justice of 1 March 2011 prevents that insurance premiums are based on the variable “sex” as a tool in risk assessment and pricing, leading to a situation which, regardless of their economic impact on insurers and policyholders, is unfortunate and away from the objectives it seeks to comply.

 

Keywords

 

Insurance; Pricing; Equality and Gender discrimination; Directive 2004/113/EC.

 

 

1. Introducción

 

            Múltiples son los pilares que configuran la acción y definición de la política social y múltiples son también los planes de actuación que fomentan la igualdad entre las personas y su alejamiento de la exclusión social. Las políticas sobre igualdad entre personas de distinto sexo han significado en los últimos tiempos un revulsivo en el campo de la protección social de los individuos y en esta materia la Directiva 2004/133/CE y la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 1 de marzo de 2011 se han presentado institucionalmente como acciones de marcada relevancia.

 

            Sin embargo, esta dinámica comunitaria es muy posiblemente ineficiente de cara a la búsqueda de la verdadera igualdad entre personas de distinto sexo, pues no se observa discriminación negativa en la valoración aseguradora sobre los riesgos de cuya materialización se pretende proteger a las personas. No toda diferencia es discriminación (en su acepción negativa) y por ello no se comparte la idea de discriminación en la valoración de riesgos heterogéneos y/o en la existencia de primas de seguro diferenciadas según determinadas variables.

 

 

2. El seguro como instrumento de protección

 

Sea una operación de seguro aquella en la que se origina una transferencia de riesgos desde una persona física o jurídica hacia un ente asegurador dando lugar al intercambio de una cantidad presente y cierta, la prima que paga quien transfiere el riesgo, por una prestación futura e incierta que se convierte en una obligación para quien lo acepta. En este escenario el asegurador puede tener naturaleza pública o privada sin que la esencia de la operación se diluya a causa de tal naturaleza, aunque en la práctica su estructura formal, desarrollo y cobertura puedan ser diferentes.

 

2.1 La cobertura de riesgos personales mediante un sistema de seguro público

 

            En España la existencia de un sistema público de protección y cobertura de riesgos personales se plasma mediante el sistema obligatorio de Seguridad Social que promueve el artículo 41 de la Constitución Española, modelo financiado principalmente en su parte contributiva a través de la aplicación de principios financiero-actuariales de reparto simple anual y teóricamente en su parte no contributiva mediante impuestos.

 

Este modelo se basa en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad y, aunque no esté así recogido explícitamente en su legislación, en la parte contributiva también en el principio de equidad puesto que el importe de la prestación recibida tiene cierta relación con las aportaciones previamente realizadas. Sin embargo, tal equidad es parcial pues la transferencia intergeneracional de recursos, los límites legales máximos de las pensiones o la posibilidad de que las cotizaciones realizadas no tengan su contrapartida en forma de prestación son limitaciones a la misma. De igual forma, respecto al importe de una prestación pública vitalicia de seguridad social por contingencias comunes las variables que generalmente interesan a la hora de su determinación son el número de años cotizados previamente y un promedio relacionado con el importe de tales cotizaciones, la base reguladora, por lo que existen nuevas trabas a la hora de hablar de una verdadera equidad -contributiva y/o actuarial-.

 

Por lo tanto, en el sistema público de protección la equidad se restringe para favorecer una solidaridad que permita el acceso a prestaciones a las personas con menor capacidad económica y mayor riesgo social de exclusión, con la contrapartida de que incluso quien no necesita una cobertura frente a un riesgo determinado –por ejemplo un soltero en relación con la viudedad- contribuye al sostenimiento de esa contingencia. Por otra parte, este concepto de solidaridad se ha ido diluyendo y ha pasado a incardinarse en un modelo más complejo sometido a diversas presiones, tal y como ya indicó D. Hernández (2011) [2]. Por último, hay que indicar que en este escenario las prestaciones tienen unos límites máximos y ciertas garantías contra la inflación, siendo por el contrario desconocidos, si es que existen, los criterios técnicos aplicados para la determinación de bases y tipos de cotización en cada ejercicio.

 

2.2. La cobertura de riesgos personales mediante un sistema de seguro privado

 

La cobertura de riesgos personales puede realizarse también por medio de los aseguradores privados, quienes a través de su actividad canalizan recursos hacia otros sectores económicos mediante la inversión en activos reales y/o financieros. Además, participan en la actividad económica en lo que respecta a la adecuación de la oferta y la demanda de un bien, en la participación en la recaudación impositiva, en los pagos realizados a proveedores, intermediarios y prestadores de servicios, así como en su contribución al empleo.

 

            Diversas son las herramientas que en la práctica permiten la cobertura privada de riesgos personales: planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, entre otros, pero nos centraremos aquí en las operaciones de seguros de vida, que tradicionalmente recurren a la equivalencia actuarial entre aportaciones y prestaciones para establecer las características económicas de la operación.

 

Un principio básico del seguro privado es la mutualidad, pues la cobertura se realiza a través de una comunidad de asegurados que solidariamente se enfrentan a la materialización del riesgo que sólo sufren algunos. Sin embargo, la única aplicación de este principio llevaría a una prima igual para todos los asegurados, por lo que también se ha perfilado la equidad como argumento fundamental de la operación puesto que cada expuesto a un riesgo determinado presenta una probabilidad de ocurrencia para una intensidad dada en relación con aquél. Se han de considerar también la adopción de un principio básico de suficiencia y la capacidad de transferencia del riesgo asumido mediante operaciones de reaseguro y coaseguro, pues ya queda dicho que el asegurador se mueve en la incertidumbre al no conocer con plena certeza si se producirá todo evento cubierto, en qué momento lo hará y con qué intensidad.

 

Por otra parte, el seguro privado se adecua al riesgo cubierto y es generalmente de carácter voluntario[2], dependiendo sus características de la necesidad de cobertura, de la utilidad de la operación para el asegurado y de su sensibilidad hacia el riesgo, aunque no todas las personas pueden acudir a esta opción para la cobertura de sus necesidades y riesgos inherentes al existir desajustes entre el precio y la capacidad y/o disponibilidad económica personal.

 

            Sobre el papel del seguro privado en la política social global de un Estado hay que advertir la existencia de muy diversas posturas, que van desde la plenamente sustitutoria de la cobertura pública hasta la irrelevancia dentro del modelo social, pasando por el papel de agente complementario del sector público con mayor o menor intensidad. Lo cierto es que el seguro privado tiene una amplia capacidad para proteger a los individuos frente a las consecuencias de la materialización de muchos de los riesgos que les afectan –y en ello no se diferencia del papel del sector público-, por lo que su acción ha de ser tenida socialmente en cuenta aunque en la práctica no pueda alcanzar con la eficiencia deseable a toda la población. Así, el Seguro como institución tiene la capacidad de jugar un importante papel en el ámbito de la protección social independientemente de quien realice su gestión, pues permite la transferencia de riesgos y la cobertura frente a la materialización de los mismos, es decir, promueve la prestación de un servicio de protección y seguridad, eso sí, recurriendo a la inversión del ciclo productivo pues el ingreso del asegurador se produce previamente a la posible satisfacción del gasto por prestaciones.

 

            Es cierto que en la concreción de su acción el seguro privado se muestra ineficiente en determinadas ocasiones, pero esto en no pocas ocasiones es causado por la intervención en su realidad de otros sectores relacionados y no ha de restarle valor a su esencia, sobre todo por su capacidad de complementar aquellos espacios a los que la cobertura pública no puede acceder o lo hace con dificultad, acción que en la práctica también asumen otras instituciones de carácter social.

 

 

3 La tarificación del seguro y la igualdad de sexos. Un nuevo entorno jurídico y social en Europa

 

            La Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro establecía la prohibición de discriminación basada en el sexo[3] a la hora del acceso a bienes y servicios. En principio también prohibía la utilización del sexo como criterio a la hora del cálculo de primas y prestaciones en seguros y otros servicios financieros puesto que las instituciones comunitarias juzgan discriminatorio agrupar a hombres y mujeres en grupos distintos aun cuando presenten riesgos diferenciados, si bien los Estados miembros podían decidir no aplicar esta prohibición en el caso de que el sexo fuese un factor determinante en la evolución del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos exactos, pertinentes y accesibles para el público[4].

 

            En este entorno legislativo las instituciones europeas han entendido que la discriminación directa es aquella “situación en la que por razón de su sexo se trata a una persona de manera menos favorable a como se trata, se ha tratado o se trataría a otra, en una situación comparable”, existiendo en su entorno una sensibilidad marcada hacia la discriminación indirecta que en su ideario se justificaría por la existencia de un objetivo legítimo aunque, en realidad, pueda ser cualquier cosa según interese su defensa o su desaprobación; tampoco habría problemas en lo relativo a la diferenciación amparada por la libertad de asociación.

 

            Más recientemente el Tribunal de Justicia Europeo, en sentencia de 1 de marzo de 2011, declaró inválido con efectos 31 de diciembre de 2012, el artículo 5.2 de la citada directiva[5] al entender que “las situaciones en que se encuentran respectivamente las mujeres y los hombres a efectos de las primas y prestaciones de seguros que contratan son comparables” y con ello se ha prohibido definitivamente la utilización de la variable sexo como factor de riesgo en el cálculo de primas de seguros desde comienzos de 2013.

 

            Esta nueva situación supondrá cambios en los procesos de valoración de las entidades aseguradoras que como empresas les afectarán según los ramos en los que trabajen, la composición de su cartera de asegurados, su modelo de negocio y los criterios técnicos adoptados, por lo que tales efectos se deben valorar a nivel particular, aunque no sólo actuarán sobre las nuevas pólizas sino que pudieran tener consecuencias en la sensibilidad del cliente hacia el producto ya contratado. Sin embargo, hay que indicar que este nuevo escenario jurídico no impone restricciones al cálculo de provisiones matemáticas atendiendo a la variable sexo y no abarca a todas las posibilidades de protección de riesgos personales.

 

            En cuanto a los asegurados presentes y futuros, es de esperar que existan variaciones en las primas según los criterios técnicos que asuman los aseguradores en la aplicación práctica de la sentencia. Podría ser que, en promedio, las mujeres pasen a pagar por el mismo servicio primas más altas en el seguro del automóvil; de igual forma, tablas de mortalidad comunes en las que las nuevas probabilidades de fallecimiento se calculen por interpolación de tablas desagregadas podrían hacer que seguros en los que se paga un capital al fallecimiento del asegurado también se vean a priori encarecidos para las mujeres, si bien nada obliga a seguir esa dinámica y el asegurador también podría optar por seleccionar las hipótesis técnicas con mayor riesgo en cada modalidad, favoreciéndose en todo caso el incremento parcial de la solidaridad y del principio mutual pues en determinados productos aquellas personas vinculadas actualmente a menores riesgos financiarían a quienes los tienen más elevados.

 

            También podría hablarse de nuevas perspectivas para el mundo asegurador puesto que se puede reforzar la aplicación de modelos más innovadores en la tarificación del seguro de vida, por ejemplo los modelos lineales generales, aplicados generalmente a seguros no vida, y desde luego tratar de buscar nuevas variables de cara a la valoración, opciones ambas que sin embargo no requieren para su ejecución que acaezca cambios relacionados con la variable sexo. Para algunos de los aspectos tratados en este punto véase L. M. Sáez de Jáuregui (2007) [3].

 

            En todo caso, estas consecuencias económicas no son lo más relevante en la materia, sino que desde una perspectiva crítica lo es el desajuste frente a una institución –el Seguro, que no las aseguradoras-, que lleva siglos[6] ejerciendo una labor de protección que ahora las instituciones europeas estiman que incurre en trabas a la igualdad, en discriminación y en alejamiento de sus vínculos con la protección social entendida de modo global.

 

 

4. La tarificación del seguro y la igualdad de sexos. Consideraciones críticas sobre el nuevo escenario

 

            La prima de una operación de seguro se ha determinado tradicionalmente atendiendo a las características del riesgo cubierto, proponiendo un tratamiento distinto para aquellos riesgos que son marcadamente heterogéneos e igual para aquellos que no lo son. Por tanto, no le importará al Seguro como instrumento de protección el sexo de un asegurado como tal, sino la existencia de un riesgo que se puede manifestar en un instante t o con una intensidad y una frecuencia determinadas en (t, t+Δt).

 

            Según las apreciaciones de F.J. Goerlich (2011) [1], dentro de esta cuestión y acerca de las distintas manifestaciones del riesgo por sexo podrían además diferenciarse las causas genéticas de aquellas que son sociales o conductuales, no existiendo a su juicio razones para que estas últimas deriven en primas de seguro idénticas. Como está perfectamente documentado en la práctica estadística y actuarial, los riesgos de fallecimiento y supervivencia se manifiestan de forma diferente entre hombres y mujeres, ya sea por motivos genéticos y/o ambientales. Algunos riesgos de fallecimiento surgen por características físicas propias, así los tumores que afectan a la próstata frente a los de útero o mama, mientras que otros podrían venir caracterizados por el comportamiento de cada persona, tales son los tumores que corresponden al pulmón pero también la incertidumbre vinculada a determinadas actividades como la conducción, la minería, la pesca o la construcción. En este escenario entendemos que la nueva situación que las instituciones europeas han determinado parte de unos esquemas no muy sólidos y sí bastante discutibles.

 

            En primer lugar, el planteamiento institucional comunitario, independientemente de la incidencia económica que vaya a tener en entidades aseguradoras y asegurados, que entendemos un asunto menor, interfiere en el ámbito económico al impedir que los ingresos se ajusten realmente a los gastos que origina cada riesgo en su manifestación. Recurriendo a la comparación, el topacio ha de valer lo mismo que la arcilla, cueste lo que cueste extraerlo y sean cuales sean sus características y reservas naturales. Extremando el argumento, de existir otros productos y servicios que en términos promedio se diferenciasen por el vínculo existente entre las variables sexo y precio nos encontraríamos con realidades que harían tambalearse los argumentos de las instituciones europeas.

 

            Por otra parte, no existen en el proceso de elaboración de precios en el seguro situaciones que traten a las personas de forma “favorable” o “desfavorable”, sino que lo que se hace es valorar un riesgo determinado mediante un proceso que no es ni favorable, ni desfavorable, sino adecuado, justo y objetivo. Tampoco se constata la existencia de “situaciones comparables” cuando en la práctica se ha demostrado de forma concreta, precisa y recurrente, por medios estadísticos y actuariales, la heterogeneidad de la manifestación del riesgo. El Tribunal de Justicia Europeo habla de “situaciones comparables” pues es la única vía posible que tiene para llegar al fin pretendido, pero no acaba de justificar de forma objetiva por qué realmente son situaciones comparables siendo en realidad diferentes los riesgos existentes y sus costes asociados. De igual forma, desde una perspectiva de discriminación indirecta no se vislumbra qué objetivo legítimo podría argumentarse en la materia; no hay que perder de vista que las normas sobre discriminación parten habitualmente de una razonable base en cuanto a la existencia de una desigualdad que perjudica a la mujer frente al hombre, pero en el caso que nos ocupa es claro que, en el momento presente, para algunas modalidades de seguro y atendiendo a su vinculación con el riesgo, las mujeres son acreedoras de menores primas que los hombres y el nuevo escenario haría que en esas modalidades se incremente su desembolso económico para un mismo servicio.

 

            En este sentido, por ejemplo, si las personas de un sexo determinado tienen una mayor probabilidad de fallecimiento en un intervalo de edades (x, x+t) atendiendo principalmente a causas derivadas de la conducta, la aplicación de la sentencia hará que quienes mantienen un comportamiento adecuado respecto a sí mismos y hacia sus semejantes financien a quienes actúan con un menor compromiso cívico y social. El ejemplo de los varones en intervalos de edad entre los 18 y 25 años dentro del seguro del automóvil es un claro exponente de lo indicado; su mayor prima en la responsabilidad civil de vehículos a motor dentro de este tramo de edad ¿es mayor por ser hombres desde la perspectiva de la naturaleza?¿O lo es por su conducta y acciones en el entorno de referencia? La respuesta a estas cuestiones es clara y significativa en relación con las indicaciones sobre comparabilidad aportadas por el Tribunal de Justicia Europeo.

 

            Pero, además, de asumir los dictados de las instituciones europeas, sin dilación tendría que proponerse una nueva revisión sobre las prácticas del seguro puesto que nos encontramos en el proceso actual de valoración, por ejemplo, con la variable edad, lo que siguiendo los mismos razonamientos sería una flagrante discriminación en una Unión Europea que dice luchar contra “la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”, por mucho que una Directiva no se haya ocupado expresamente de dicha variable –posiblemente porque no habrá habido grupos de poder detrás de la misma-.

 

            No parece haber dudas sobre las diferentes probabilidades de fallecimiento de una persona de 35 años y otra de 75, ambas con buen estado de salud; así, no se debería poner en duda que en un instante inicial t0 y para un mismo capital C en el momento de fallecimiento y las mismas hipótesis técnicas, sería lógico que la prima de quien tiene 75 años deba ser superior a la de quien tiene 35 años. Pues no hay en este caso ninguna diferencia conceptual respecto al caso de diferenciación por la variable sexo; ni la hay en la comparación con la situación entre un tetrapléjico y una persona sin discapacidad. Tampoco debería considerarse un drama si hubiera diferencias sensibles respecto a la materialización de un riesgo determinado entre caucásicos y asiáticos. Y no encontramos en ello ninguna discriminación ni ningún motivo de alarma social puesto que se trata de forma distinta lo que es efectivamente diferente: el riesgo, sin que ello denigre en ningún momento a las personas, pues no es su condición humana lo que importa.

 

            En definitiva, en el momento actual, exceptuando riesgos ya agravados sensibles de ser presentar un riesgo moral que atente contra el objetivo primordial del seguro y favorezca un enriquecimiento injusto, las personas pueden acceder a los bienes y servicios de referencia pagando por ello la prima que corresponde a cada riesgo, es decir, ajustándose el precio que se paga al coste esperado que supone la cobertura. A raíz de la sentencia que nos ocupa es de suponer que, por ejemplo, desde el ámbito de las organizaciones que se postulan como defensoras de las personas con discapacidad ya se estará trabajando para solicitar que esta misma norma se extienda a su sector, algo lógico porque si según las instituciones europeas hay discriminación en un caso, la utilización de la variable sexo, la hay necesariamente en el otro, la utilización de la variable discapacidad.

 

            En tercer lugar, con esta dinámica se alienta una forma de actuación que persigue reforzar acciones individualizadas orientadas a un colectivo concreto, obviando el conjunto y también criterios de transversalidad en los que el elemento clave ni es el sexo, ni es la edad, ni es la discapacidad, sino la variable pobreza, mediante la cual se manifiesta el verdadero riesgo de exclusión social y la sensibilidad hacia la desigualdad.

 

            En cuarto lugar, el proceso seguido muestra como las instituciones europeas también son sensibles a ese universo paralelo en el que si la realidad no coincide con deseos o intereses, tanto peor para la realidad. Baste con referir aquí las palabras de representantes de esas instituciones [5] cuando señalaban que la aprobación de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que nos ocupa es un “momento histórico en la igualdad de género [en la UE” y que la asunción de esta situación significa “buenas prácticas en la industria”. Buenas prácticas. Como si el Seguro no llevase siglos ofreciendo a los ciudadanos coberturas frente a situaciones adversas o de necesidad. Como si la sensibilidad feminista no hubiera propuesto alternativas de definición e identificación que trascienden de la variable sexo para centrarse en presupuestos culturales y sociales más amplios. Como si una situación basada en argumentos falaces pudiera calificarse alguna vez de “momento histórico”, especialmente cuando en el mundo todavía hay mujeres que no pueden siquiera hablar con libertad. En todo caso, de asumirse las indicaciones europeas resulta comprometedor para las instituciones españoles el que, tras una Constitución que ya proclamaba la igualdad efectiva de las personas, hayan tenido que pasar más de treinta años para corregir esta situación que ahora se entiende como discriminatoria desde la órbita comunitaria, pues estamos hablando de un mecanismo sistemático, estable en el tiempo y conocido por todos los ciudadanos.

 

            Por último, y esto lo más importante, la nueva situación en nada contribuye a la deseada y justa igualdad entre personas de distinto sexo -quizás sí a la uniformidad, pero esto es otra cosa-, ni a la verdadera igualdad de sexos en aquello en lo que somos iguales. Ni elimina las verdaderas y problemáticas desigualdades, ni fomenta efectivamente la igualdad entre hombres y mujeres, ni lucha contra la exclusión social, pues se basa en criterios parciales y arbitrarios apoyados en el habitual desconocimiento de una operación tan importante social y económicamente como es el seguro.

 

            En definitiva, no existen razones técnicas, ni sociales ni de verdadera igualdad entre sexos para la articulación de esta medida que será efectiva en 2013, lo que posiblemente a algunos les dará que pensar que, a lomos de la falta de rigor, la estulticia y la molicie, nuevos fantasmas recorren Europa.

 

 

5. Conclusiones

 

            La lucha contra la desigualdad entre sexos es una acción de gran valor para una sociedad que pretenda calificarse como desarrollada. Los avances en la materia han sido significativos –casi tanto como los planteamientos erróneos- y todavía quedan batallas importantes en las que pelear. Sin embargo, esta lucha no puede estar sujeta a una dinámica en la que cualquier diferencia se considere una discriminación, aunque lo fácil sea suscribir cualquier acción en este ámbito, sea justa o no, sea coherente o no, con tal de no quedarse fuera de la senda que se impone.

 

            La aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 1 de marzo de 2011, que establece que desde el comienzo de 2013 la variable sexo no se puede utilizar en el cálculo de las primas de seguros, parte de argumentos –si es que los hay- nada sólidos. La heterogeneidad existe y los riesgos a los que estamos sometidos se manifiestan de diferente forma. La aplicación de esta sentencia, aunque no lo parezca, deja muchos interrogantes en el aire y, desde luego, en nada ayuda a lo que deber ser un fin prioritario: la verdadera igualdad entre hombre hombres y mujeres en aquello en lo que somos verdaderamente iguales.

 

 


Fecha de recepción del artículo:     15 de junio de 2012

Fecha de aceptación definitiva:       10 de julio de 2012

 

 

Referencias

 

[1] Goerling, F.J. (2011). Esperanza de vida y primas de seguros. En prensa digital. www.elconfidencial.com. 12 de abril de 2011.

 

[2] Hernández González, D. (2011): “Equidad, solidaridad y otras variables socioeconómicas”. La reforma de las pensiones. Capítulo 8. Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Ed. Laborum.

 

[3] Sáez de Jáuregui Sanz, L.M. (2007): “La igualdad efectiva de mujeres y hombres: aspectos actuariales relacionados con las tablas de supervivencia”. Actuarios, nº 26, Julio. Dossier.

 

[4] Unespa. Memoria social del seguro español 2011.

 

[5] El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegales las diferencias entre sexos en las primas de los seguros. En prensa digital. www.republica.es. 1 de marzo de 2011.



[1] daniel.hernandez.@actuarios.org

[2] Sin perjuicio de la existencia de seguros obligatorios, por ejemplo aquellos vinculados a responsabilidad civil hacia terceros en vehículos a motor.

[3] Nótese la diferencia en el uso del término “el sexo”, que es el utilizado por los organismos europeos y la que aquí manejaremos habitualmente: “la variable sexo”, pues es siempre intencionada.

[4] Según la misma referencia legal, los costes de seguros relacionados con embarazo y maternidad no debían ser diferentes para hombres y mujeres.

[5]  “No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán decidir, antes del 21 de diciembre de 2007, autorizar diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente en los casos en que la consideración del sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos (…)”.

[6] Además de aquellas operaciones no codificadas que se han realizado desde los albores de los tiempos en diversas culturas, siguiendo a M. Maestro (1990): Historia del Seguro español, pueden citarse como primera operación verdaderamente de seguro con testimonio escrito un contrato de 1347 situado en Italia y como primer cuerpo legal codificado la Ordenanza de Barcelona de 1435, ambos vinculados a riesgos marítimos.