MESA REDONDA. RETOS DEL PACTO DE TOLEDO

 

THE CHALLENGES OF THE TOLEDO PACT

 

Isabel López i Chamosa

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. España

 

Tomás Burgos Gallego

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. España

 

Gaspar LLamazares Trigo

Portavoz del Grupo Parlamentario IU en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. España

 

Emilio Olabarría Muñoz

Portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV) en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. España

 

Inmaculada Riera i Reñé

Diputada de CIU, adscrita al Pacto de Toledo y portavoz en la renovación del año 2003. España

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Resumen

 

En esta colaboración se recogen opiniones de los representantes de grupos políticos integrados en el Pacto de Toledo sobre la Seguridad Social española al abrigo de su participación en la I Jornada Economía Española y Protección Social (2008), organizada por la institución editora.

 

Palabras clave

 

Seguridad Social española. Pacto de Toledo.

 

Abstract

 

The collaboration collects general opinion and comments on the Spanish Social Security made by political representatives of “Pacto de Toledo” through their participation in the conference Economía Española y Protección Social (2008), organized by the editor.

 

Keywords

 

Spanish social security system; Pacto de Toledo (Toledo Pact).

 

JEL: H55, Y40.

 

 

1. Inmaculada Riera i Reñé

 

            Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes una serie de reflexiones en el marco del Pacto de Toledo.

 

            Desde Convergència i Unió hemos sido defensores e impulsores del Pacto de Toledo. En 1995 nos situábamos en un entorno complejo, marcado por altos niveles de desempleo y déficit público. Entendimos que era necesario llegar a un consenso en el marco del sistema de pensiones a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema, pues el reto era –y todavía es– el envejecimiento de la población, amenaza de dicha sostenibilidad.

 

            Los principios de la creación del Pacto de Toledo y de su renovación, que todavía siguen vigentes, son: la solidaridad, la contributividad [sic.], la garantía del sistema y la proporcionalidad, entre otros, mientras que también hemos defendido la equidad, la universalidad y la existencia de un sistema público de pensiones.

 

            Debemos pensar en la sostenibilidad del sistema y dotarlo de garantías, pero también debemos mejorar las prestaciones pues aún hoy tenemos déficit en este marco, por ejemplo en unas pensiones de viudedad que requieren reformas profundas.

 

            Debemos dar un mensaje de tranquilidad a la sociedad sobre la sostenibilidad del sistema y debemos defender que quien ha contribuido a través del trabajo tenga una cobertura digna en el futuro y a su vez que quien ha permanecido al margen del mercado laboral y no ha podido participar en el mismo tenga también cubiertas sus necesidades a través del sistema.

 

            Estamos ante una revisión en un entorno económico difícil, con una tasa de desempleo creciente y ciertos déficit estructurales en nuestra economía. Ante este escenario debemos actuar en el corto plazo, por ejemplo fomentando que el crédito llegue a las empresas, pero también en el largo plazo, mediante reformas estructurales.

 

            Anteriormente el Pacto de Toledo se revisó en un entorno de bonanza económica; ahora la situación es diferente y debemos abordar los puntos críticos pendientes, entre ellos la mejora de las prestaciones, especialmente la viudedad, o la complementariedad del sistema, pues si bien es cierto que nosotros defendemos un sistema público de previsión social, no por ello dejamos de entender que el fomento de los sistemas complementaros es importante.

 

            Por otra parte, la situación del mercado de trabajo nos obliga a establecer mecanismos de integración en el mismo para los colectivos más débiles: mujeres o mayores de cincuenta años. También defendemos el alargue de la vida laboral y el control de las prejubilaciones y, en todo caso, será importante una reforma del mercado de trabajo.

 

            En definitiva, debemos seguir las recomendaciones ya impuestas por el Pacto de Toledo e insistir en aquello en lo que no hemos avanzado lo suficiente.

 

 

2. Tomás Burgos Gallego

 

            Gracias a la Asociación de Actuarios, Estadísticos y Economistas por permitirnos plantear nuestras inquietudes en un tema tan importante como es el Pacto de Toledo.

 

            Cualquier reforma en materia de Seguridad Social debe hacerse desde una doble vertiente: por un lado la sostenibilidad del sistema y por otro la intensidad de la protección y de la cobertura social que dicho sistema es capaz de proporcionar en función de las necesidades de la población.

 

            Siendo conscientes de que todavía tenemos una cierta tregua temporal que nos permite desarrollar un conjunto de medidas e iniciativas que pueden garantizar esa sostenibilidad, debemos generar, dentro de un concepto de protección social en el tiempo, el equilibrio entre la capacidad que tiene un país para atender situaciones de desprotección y la garantía de que eso es posible hacerlo en base a nuestro propio crecimiento económico y nuestra riqueza, equilibrio que, por otra parte, es la esencia del Pacto de Toledo.

 

            Desde el Pacto de Toledo tenemos que ser capaces de trasladar a la sociedad española los riesgos y desafíos que tenemos por delante, principalmente vinculados a nuestro proceso de envejecimiento, que además en España es un triple envejecimiento: el de la población en general, el de la población activa en particular y el de la población mayor de 80 años. Ante las modificaciones demográficas acaecidas y no previstas en el Pacto de Toledo de 1995 ni en 2003, los profesionales y los políticos necesitamos responder a esta pregunta: ¿Dispone la Seguridad Social –y va a disponer en el futuro- de suficientes recursos para cubrir sus compromisos de pago a largo plazo? Este es el reto del Pacto de Toledo: ser capaces de identificar las políticas necesarias adecuadas que necesita nuestro país en el nuevo escenario económico, demográfico y social.

 

            Debemos trabajar en las prestaciones y los ingresos, pero también en la eficiencia en la resolución de los problemas de la sociedad española asociados a nuestras tasas de natalidad y fecundidad o a la incorporación laboral de la mujer en condiciones de equidad con el hombre; debemos actuar en el mercado de trabajo desde la productividad, pero sin obviar que no es posible desarrollar políticas que conlleven la expulsión anticipada masiva de trabajadores en edad de desarrollar perfectamente su actividad. No es posible fomentar el abandono de la naturaleza productiva sino que debemos avanzar en la dirección contraria: incentivar la prolongación de la vida activa.

 

            Nuestro objetivo en la renovación del Pacto de Toledo es garantizar el esfuerzo del sistema para dar cobertura a quien lo necesita y ser capaces de concentrar la solidaridad necesaria en los grupos con menor nivel de renta. Todos los avances tienen que mejorar el tratamiento de la contributividad [sic.], si bien debe quedar claro que ningún partido político quiere recortar prestaciones y los ciudadanos deben ver que la Seguridad Social opera para hacer compatibles sus aspiraciones de una prestación futura con el esfuerzo contributivo realizado en su vida laboral.

 

            Les invito por ello a que participen activamente en este proceso de debate, que no es únicamente político.

 

 

3. Gaspar Llamazares Trigo

 

            En un contexto de crisis, de las negociaciones y pactos no suelen salir bien parados los más débiles. El Pacto de Toledo al que nos convocan va a ser un pacto difícil por su estructura y también por las condiciones económicas en que estamos.

 

            Da la impresión de que en periodos de crisis la receta es la austeridad pública malentendida, mientras que también surgen los típicos debates con respecto a las pensiones que apuntan a la inviabilidad del actual sistema. Nosotros no compartimos esa reflexión, en la que únicamente se ven los riesgos del sistema de pensiones y no sus posibilidades, especialmente si tenemos en cuenta la crisis internacional, los riesgos de los sistemas mixtos y privados de pensiones –que nadie hace públicos- y los mayores costes de gestión de éstos.

 

            Llama la atención la evolución demográfica como argumento para plantear las dificultades del sistema público de pensiones, pero en absoluto se habla de nuestro modelo de empleo precario o de nuestra economía precaria, factores que dificultan el mantenimiento de las políticas sociales. Tampoco se habla de cuál será la situación real de la productividad, pues su incremento capacitará para hacer frente al pago de los sistemas de pensiones.

 

            Otra cuestión es la sima que nos separa de la Unión Europea en materia de gasto social. España todavía tiene una deuda con sus ciudadanos: ha llegado al 100% de la renta media de la UE y, sin embargo, nos separan muchos puntos de renta social. En concreto, nuestro gasto social está entre el 60%-65% del gasto medio de la UE en términos de paridad de compra, y necesitaríamos gastar 70.000 millones más en estos momentos para equiparar el gasto social de nuestro país con el gasto social comunitario medio, gasto social que incluye la educación, la sanidad, los servicios sociales o las políticas relacionadas con la Seguridad Social.

 

            Se entenderá como conclusión que mi formación política no ve con alarma la situación de nuestro sistema de pensiones y no es partidaria de debilitar este sistema, ni desde el punto de vista de los ingresos –con rebajas de cuotas o presión fiscal- ni de los gastos. Sí somos partidarios de mantener una buena financiación de nuestro sistema, unida a una mejora en la calidad del empleo y a un cambio del modelo de desarrollo que hoy por hoy tenemos, para que nuestra economía no se base en sectores económicos en regresión y no compita con otras economías en bajos salarios o baja presión fiscal.

 

            No somos partidarios del retraso en la edad de jubilación y sí pensamos que es necesario equilibrar mejor contributividad [sic.] y solidaridad, sin olvidar que nuestra pensión no contributiva es un escándalo en relación a la media europea –no llegamos al 50% de la pensión no contributiva media comunitaria y estamos cerca del 65% en el caso de la contributiva-.

 

            Somos partidarios de abordar las pensiones mínimas y lograr un mayor equilibrio entre pensiones de hombres y mujeres, de abordar las pensiones de viudedad, especialmente aquellas carenciales, y de tratar otras cuestiones importantes que tienen que ver con determinados colectivos. En definitiva, apoyamos el desarrollo de políticas públicas, la convergencia de políticas económicas, laborales y sociales con la Unión Europea y el sistema público de pensiones.

 

 

4. Emilio Olabarría Muñoz

 

            Respecto al Pacto de Toledo nos gustaría recuperar los dos grandes principios que fundamentaron su constitución: el primero, de naturaleza política y utópica, es la exclusión del debate sobre las pensiones del debate político; el segundo es establecer un diagnóstico de la situación, de las posibilidades y medidas de actuación que tenemos que acometer para garantizar la suficiencia financiera del sistema, principio que también ha resultado fallido. Por tanto, no deberíamos reformar el Pacto de Toledo sino volverlo a fundar.

 

            Nuestro diagnóstico es que estamos ante un Pacto de Toledo inerte y que las medidas legislativas no son objeto de consideración por los diputados del Pacto, ni siquiera por el Parlamento. Las normas aprobadas en la antigua legislatura venían configuradas por acuerdos interprofesionales suscritos por cuatro interlocutores sociales, que posteriormente eran validados por el Gobierno que los convertía en sus propios principios. Así ocurrió con la reforma laboral destinada a la estabilidad laboral, y así ha ocurrido con la Ley 40/2007, donde CIU y PNV presentamos una enmienda a la totalidad por entender que se vulneraba uno de los requerimientos de la jurisprudencia constitucional: la irregresividad [sic.] en relación a la reforma de las pensiones.

 

            La primera petición que realizamos es que este nuevo Pacto de Toledo debería ser objeto de regeneración y sus recomendaciones y propuestas tendrían que ser objeto de la debida consideración en los debates parlamentarios, a la vez que el debate no debe convertirse en un debate instrumental para conseguir réditos electorales. Debemos luchar por la sostenibilidad financiera de un sistema de pensiones sobre el cual la Comisión de Política Económica de la Unión Europea nos advierte de que existen severos riesgos en este momento.

 

            En un informe debatido en el Ecofin ya se indicaba que hay seis países comunitarios con incertidumbre en sus sistemas de reparto a causa del descenso del empleo y la calidad del mismo así como del crecimiento de las expectativas de vida. La Comisión de Política Económica también advertía que para el año 2040 el Estado Español tendrá que dedicar el 29,1% del Producto interior Bruto al sostenimiento del sistema de protección pública.

 

            Teniendo en cuenta que hay que hacer un esfuerzo en la creación del empleo de calidad, tampoco hay que ser alarmista, pues creo que el sistema es sostenible si se hacen bien las cosas que estaban en el Pacto de Toledo y quedan por cumplir: una reflexión seria de la edad de jubilación pues no hay que convertir en un tótem los 65 años, la flexibilidad en la jubilación de los trabajadores o trabajar contra la economía sumergida, gran quebranto de la sostenibilidad financiera del sistema. También habría que reducir regímenes especiales.

 

            Lo que el Pacto de Toledo necesita sobre todo es dejar de ser algo inerte e irrelevante políticamente en relación a la articulación de una política social que garantice la estabilidad y la sostenibilidad de un sistema de pensiones sobre el cual penden serias dificultades que, entre todos y apelando al consenso, deberíamos intentar remover.

 

 

5. Isabel López i Chamosa

 

            Agradezco en primer lugar la invitación para trasladar nuestras opiniones sobre el sistema a debate.

 

            El Pacto de Toledo tiene un funcionamiento cuyo mayor valor es el consenso de las fuerzas políticas, patronales y sindicales; aunque para unos vaya demasiado deprisa y para otros demasiado despacio, lo importante es que estamos en un punto donde se puede llegar al acuerdo. Dicho lo anterior, ¿Hay que hacer reformas en el Pacto de Toledo? Seguramente sí. La gran virtud del Pacto es que estas reformas podemos introducirlas cada poco tiempo, orientando el sistema hacia la dirección adecuada sin grandes traumas.

 

            Tenemos una Ley de seguridad social y un sistema muy buenos, aunque no exentos de problemas. El primer problema es que necesitaría una ordenación total, más allá de las reformas parciales acaecidas desde el año 67. Otro asunto es la contributividad [sic.], pues vemos que los que más han contribuido no son siempre los que mejor pensión tienen, caso de las prejubilaciones, ya que un prejubilado “no voluntario” tiene acceso a una pensión con ciertos descuentos mientras que una persona que ha cotizado menos, al jubilarse con el 100%, puede tener una pensión mayor. Yo no soy de las que creo que se debería contemplar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, pero sí más años de los actuales, ya que las carreras profesionales son inversamente proporcionales a como lo eran hace veinte años.

 

            También hemos de reformar la viudedad, pero diferenciando aquellas situaciones en las que no se tienen ingresos propios frente a las que sí los tienen. Por otra parte debo indicar que algunas de las disfunciones de la pensión de jubilación no son fruto del sistema de seguridad social, sino del mercado de trabajo. Igualmente, debemos conseguir que la edad legal de jubilación se acerque a la edad real.

 

            No debo omitir que algunos grupos somos muy respetuosos con las recomendaciones del Pacto de Toledo y no proponemos reformas que no vayan por este sistema. El grupo socialista está dispuesto a hablar de todo pero a reformar sólo aquello que tenga consenso.

 

            Termino hablando del asunto de las reformas estructurales; una cosa es hablar de cómo mejorar la productividad, la Formación Profesional o la permanencia del trabajador hasta los 65 años (¿cómo vamos a decirle a un trabajador que trabaje más allá de los 65 cuando es expulsado del mercado de trabajo con poco más de 50?), pero las reformas estructurales deben ser consecuentes. Antes se achacaba el problema del mercado de trabajo a la rigidez en la entrada. Hoy hay flexibilidad hasta para una hora y sigue habiendo problemas. Luego se dijo que era la salida. Sin embargo, cerca del 33% de los trabajadores españoles tienen un contrato temporal, otra gran parte salen del mercado con veinte días de indemnización y sólo se dan cuarenta y cinco días para aquel trabajador a quien no se puede despedir ni por causas tecnológicas, ni administrativas, ni económicas, ni laborales. Entonces, ¿Qué reformas estructurales hay que llevar al mercado de trabajo?

 

            Hay que afrontar los retos pero con fórmulas que permitan consolidar más el sistema, fortalecer el mercado de trabajo y la creación de empleo, pues garantizando esto garantizamos el futuro de la Seguridad Social.

 

 

6. Prestaciones de Muerte y Supervivencia ¿Existe alguna propuesta de modificación?

 

6.1. Emilio Olabarría Muñoz

 

Los beneficiarios de las pensiones de supervivencia son los grandes maltratados. Soy firme partidario de incrementar el coeficiente del 52% al 70%, y con hijos a cargo incluso hasta el 90%, sin perjuicio de que haya mucho que hablar sobre los complementos a mínimos.

 

 

6.2. Inmaculada Riera i Reñé

 

Me uno a lo que indica el Sr. Olabarría y al respecto indico que mi grupo parlamentario ha presentado diversas propuestas para reconducir esta situación de injusticia social. Estamos obligados a una mejora sustancial, no sólo del 70%, e, insisto, a replantear el escenario actual.

 

 

6.3. Gaspar Llamazares Trigo

 

Reitero que es uno de los temas a abordar sin demora. Es necesario dignificar las pensiones de viudedad atendiendo a las particularidades ya expuestas, es decir, teniendo en cuenta la renta resultante.

 

 

6.4. Tomás Burgos Gallego

 

Hay dos discursos sobre este tema que deberían converger en el Pacto de Toledo: uno que versa sobre el incremento del porcentaje de base reguladora de viudedad, que compartimos pero no de forma indiscriminada, y otro sobre la subida de pensiones mínimas sin desentenderse de la situación real de otros pensionistas.

 

 

6.5. Isabel López i Chamosa

 

Asumiendo que las pensiones mínimas pueden no ser suficientes, toda reforma debe respetar el actual sistema para que no genere otras desigualdades puesto que, por ejemplo, subir el 70% de la base reguladora de viudedad crea un problema con los prejubilados que cobran el 60% y no debemos permitir estos desajustes.

 

 

                                                                       

Fecha de recepción del artículo:     18 de noviembre de 2008

Fecha de aceptación definitiva:       18 de noviembre de 2008