LOS SISTEMAS DE REPARTO PURO Y DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL COMO BASE DE LA PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA

 

PAY AS YOU GO SYSTEM AND CAPITALIZATION AS BASIS OF CONTRIBUTORY RETIREMENT PENSION

 

Daniel Hernández González[1]

Actuario de la Administración de la Seguridad Social. España

 

 

Resumen

 

En este trabajo se resumen las principales características de los sistemas de capitalización y reparto puro para, posteriormente, revisar su aplicación en España así como la posible implantación de un sistema mixto que permita una combinación de ambas alternativas.

 

Palabras clave

 

Sistema de reparto puro anual; Sistema de capitalización individual; Financiación de la Seguridad Social.

 

Abstract

 

This paper summarizes the main characteristics of capitalization and annual pay as you go system and their application in Spain with a possible implementation of a mixed system that allows a combination of both alternatives.

 

Keywords

 

Annual pay as you go system; Capitalization system. Financing of Social Security.

 

JEL: H55, J32.

 

 

1. Introducción

 

            En esta contribución reseñamos, sin ánimo de exhaustividad y siendo conscientes de lo mucho que queda por hacer y por decir, determinadas características de los sistemas de reparto simple anual y de capitalización individual a partir de las cuales damos cuenta de algunas posibilidades de actuación en el ánimo de favorecer el debate existente sobre la bondad de las citadas alternativas como base de las prestaciones de jubilación en su modalidad contributiva.

 

 

2. Los sistemas de reparto

 

            El sistema de reparto simple puro o anual consiste en distribuir en cada ejercicio las prestaciones de un colectivo entre los ingresos por cotizaciones que dicho colectivo ha realizado durante ese periodo. Si seguimos a Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio (1993), tomamos como hipótesis una estructura demográfica estable y la edad x+r como edad de acceso a la jubilación, la ecuación de equilibrio en el k-ésimo ejercicio sería:

 

 

a · (1+β) · Wx+r        Prestación anual de jubilación variable con β y calculada como un porcentaje a del salario W

Ws · (1+μ)              Salario medio anual creciente con μ

 

            El sistema de reparto puro no genera reservas matemáticas y se basa en la solidaridad y la transferencia de recursos entre generaciones, aunque no establece económicamente garantías para los pasivos por cuanto sus prestaciones dependen de la necesaria aportación de los activos. Tiene por ello una alta sensibilidad a la evolución demográfica del colectivo objeto de cobertura. Por otra parte, dentro de los sistemas de reparto citamos también los sistemas de reparto simple con cuota media escalonada o atenuados, que realizan el equilibrio en un período superior a un año o los sistemas de capitales de cobertura, anuales o atenuados, que fijan equilibrios en el periodo entre el valor actual de las prestaciones generadas y las aportaciones realizadas en el mismo.

 

 

3. Los sistemas de capitalización

 

            Siguiendo de nuevo a Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio (1993), el sistema de capitalización consiste en el equilibrio vitalicio entre aportaciones y prestaciones, equilibrio para cada persona en la capitalización individual y para la totalidad del colectivo en la capitalización colectiva. De forma general, los modelos de prestación definida se fundamentan en el equilibro actuarial entre prestaciones y aportaciones en un periodo determinado, siendo sensibles por tanto a las variables biométricas, mientras que en un sistema de aportación definida el fondo de capitalización individual de cada ejercicio se puede aproximar a la siguiente expresión:

 

 

Ak            Aportaciones realizadas en cada periodo

Gk            Gastos pospagables en cada periodo

 

La aportación definida no se encuentra influida por la variable demográfica, tiene un mayor control del coste y traslada el riesgo al titular de los derechos que genera la aportación, quien no sabe cuál será la cuantía de la prestación final a la que tendrá acceso.

 

Por último, siguiendo a Vidal Meliá, C. et al. (2002), otra alternativa en liza sería la “incorporación al sistema de reparto de instrumentos financieros actuariales utilizados en el sistema de capitalización a través de las cuentas nocionales de aportación definida”.

 

 

4. Particularidades de los sistemas de reparto y capitalización

 

4.1. La modificación del sistema de reparto

 

En nuestro sistema de seguridad social las prestaciones de jubilación contributiva se fundamentan, entre otros pilares, en la solidaridad y la función protectora que dicho sistema tiene como elementos rectores, así como también en la contribución realizada por el futuro perceptor. Sin embargo, la incertidumbre vinculada a la estructura demográfica y al mercado de trabajo ha fomentado desde hace tiempo el debate sobre la bondad del sistema de reparto como sustento de las prestaciones para la jubilación, escenario que igualmente ha dado lugar a una batería de propuestas para la reforma de estas prestaciones contributivas en nuestro régimen de seguridad social, entre las que aquí citamos:

 

a)         El aumento de la edad legal de jubilación.

 

b)         La ampliación del periodo que sirve de base para el cálculo de las pensiones, buscando avanzar en la equiparación entre la contribución realizada y la prestación a percibir.

 

c)         La aplicación de medidas para combatir el fraude, tanto en el lado de los ingresos como en el de gastos y la reducción del número de regímenes especiales.

 

d)         El incentivo de la previsión individual y empresarial, en la práctica articulado a través de medidas fiscales en el primer caso y de la propuesta de imposición de una medida coercitiva de obligatoriedad en el caso empresarial.

 

e)         Control de las prejubilaciones y adaptación de sus características a la verdadera realidad del procedimiento, con la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal.

 

f)          Remodelación del mercado de trabajo y fomento de la competitividad económica para reforzar el sistema por la vía de los ingresos.

A nuestro entender, cualquier modificación en el sistema de seguridad social debería partir de la consideración de algunas de estas medidas, sin renunciar a otras tales como el aumento limitado de la cotización a cargo del trabajador, principal beneficiario del sistema contributivo, una vez alcanzados nuevamente escenarios económicos favorables y sin que desdeñemos aquí la existencia de efectos colaterales e inflacionarios, como tampoco olvidamos el posible efecto en el entorno laboral de una modificación en la edad de jubilación -efecto sobre el que, por cierto, no hay unanimidad- aunque es obvio que la edad actual está desfasada respecto a la capacidad vital y laboral del trabajador, como también lo es que no tiene sentido hablar de la reforma integral del modelo sin corregir previamente las distorsiones que aportan determinadas prejubilaciones.

 

4.2. La sustitución total del sistema de reparto

 

Una de las propuestas alternativas al sistema actual en cuanto a la pensión de jubilación contributiva ha sido la sustitución plena del sistema de reparto por un sistema de capitalización de aportación definida exento de riesgo biométrico.

 

El sistema actual de reparto, junto a la trascendental incidencia de la estructura demográfica y laboral en su devenir, también presenta en la práctica un problema relevante en cuanto a la existencia de aportaciones que finalmente pueden no convertirse en derechos, puesto que entre los requisitos de acceso a la prestación contributiva se encuentra el haber cotizado un número mínimo de años. De igual forma, la existencia de un número máximo de años de cotización para el cálculo de la prestación hace que todas aquellas aportaciones por encima del tope superior no reviertan a quien aporta, sino que se sometan totalmente al principio de solidaridad, con la posibilidad de idéntico derecho para dos beneficiarios que no tienen por qué haber aportado idéntica cantidad a lo largo de su vida.

 

A pesar de todo lo anterior, nosotros no consideramos como primera opción la sustitución total de un sistema de reparto como el actual por un sistema de capitalización, puesto que los activos tendrían que financiar las prestaciones de los pasivos actuales –vía cotización o por vía impositiva- y posiblemente soportar una cuota adicional para garantizar sus propios derechos según el sistema de capitalización establecido, es decir, existirían altos costes de transición.

 

Por otra parte, esta medida elimina el componente de solidaridad en la contribución y parte de que toda la cotización se dedica a financiar la jubilación, obviando que existen otras prestaciones contributivas a las que el sistema de reparto hace frente con los ingresos de cada ejercicio.

 

Además, encontramos un problema subjetivo en un sistema total de capitalización de aportación definida que derivaría en unas prestaciones que pueden ser muy diferentes para dos aportaciones iguales, tanto en cuantía como en plazo, por el mero hecho de acceso a la prestación en distintos instantes temporales, aspecto plenamente defendible en el caso de un sistema voluntario de previsión pues quien aporta asume ese riesgo, pero sujeto a discusión cuando el sistema es de carácter público y sobre todo obligatorio. La situación se agrava al no existir tampoco garantía a priori de que mayores aportaciones no puedan generar prestaciones inferiores dependiendo de la fecha de cálculo. Como indicio de la presumible y sensible diferencia en la prestación final se presentan las medias móviles de las cotizaciones diarias del Ibex-35 sin correcciones adicionales de tendencia o estacionalidad desde el inicio de 1995 hasta el cierre de febrero de 2009:

 

Gráfico 1. Medias móviles de la cotización diaria del Ibex-35

Fuente: Elaboración propia.

 

Por ello, conviene dejar constancia de que el debate en determinados sectores no se centra en la elección entre reparto y capitalización como sistema básico, sino en la disyuntiva gestión pública versus gestión privada, cuando, obviamente, el conjunto público-privado no tiene por qué tener una correspondencia biunívoca con el conjunto imagen reparto-capitalización. No deja de ser curioso que muchos de quienes rechazan la falta de libertad en la elección por el individuo en cuanto al destino de sus cotizaciones, puesto que éstas son detraídas, gestionadas y reintegradas de nuevo al particular por el Estado a través del sistema público de reparto, sean los mismos que no ponen ningún reparo a la misma falta de libertad si esas partidas de carácter ilíquido obligatoriamente se dejasen en manos de determinados destinatarios de carácter no público sin posibilidad de elección para el beneficiario.

 

No debe olvidarse quién es el principal beneficiario de un sistema de gestión de aportación definida: el propio gestor. Al beneficiario el cambio de un sistema de reparto a uno de aportación definida puede serle o puede no serle beneficioso atendiendo a múltiples variables, por ejemplo los movimientos del mercado de capitales en aquellas inversiones vinculadas al mismo, que pueden ser productivos, más o menos neutros e incluso perjudiciales si la persona que se jubila lo hace en momentos recesivos continuados, con la posibilidad en este caso de que la prestación por jubilación contributiva llegase a no tener diferencias significativas con la no contributiva o ser, una vez tenida en cuenta la inflación, ajena a los objetivos para los que ha sido creada. Por todo ello, no debe obviarse que no estamos hablando de un complemento voluntario a la pensión de jubilación sino de la pensión en sí, que se configura en un entorno de obligatoriedad y previsible iliquidez para quien realiza las aportaciones.

 

Al movernos en entornos de riesgo e incertidumbre no es factible concretar con exactitud el efecto en las prestaciones futuras, puesto que riesgo y rentabilidad se mueven en idéntico sentido, pero sí es posible hablar, aunque con diferente intensidad, eso sí, de un beneficio para el gestor, que no soporta determinados riesgos directamente tal y como lo hace el beneficiario, y que es capaz de obtener una remuneración importante a través de las comisiones percibidas aunque la actividad haya generado pérdidas. Se nos podrá decir –no sin razón- que las gestoras del sistema serían las primeras interesadas en una actividad orientada a beneficios -a mayor beneficio mayor comisión-, pero tales rendimientos no están garantizados y la inacción en la actividad también puede generar una rentabilidad que tienda a infinito ante un coste nulo o cuasi-nulo y nada impide diseños oportunistas o con intereses oblicuos.

 

Por otra parte, si el sistema público de reparto garantiza una actualización de las prestaciones a percibir, protegiéndolas en cierta medida de unas variaciones de los precios que sí se contraponen al rendimiento de la aportación definida, es difícil admitir por parte del beneficiario la renuncia a un “beneficio cierto” en detrimento de un riesgo para sus aportaciones finalistas.

 

Por último, como problemas adicionales reseñamos la incertidumbre sobre la existencia de un mercado suficiente de activos susceptibles de actuar como base de la aportación definida total que, atendiendo a los requerimientos de un sistema de previsión a largo plazo, sustente los procedimientos de inversión/desinversión necesarios, la influencia que los procedimientos citados originarán en los precios de mercado sin estar sustentados en la economía real o la existencia de derechos sobre el capital que, o bien pueden interferir en el funcionamiento y la gestión empresarial o bien serían cercenados creando una situación de desigualdad discutible.

 

4.3. Sistemas mixtos de reparto y capitalización

 

Otra posibilidad es el mantenimiento del sistema de reparto y la implantación de un sistema de capitalización parcial de aportación definida que complemente al primero y sea financiado con una parte de las cotizaciones pagadas por el individuo, buscando el equilibro entre solidaridad y equidad individual.

 

Junto a todo lo dicho hasta ahora y sin entrar a debatir si la opción de aportación definida se debería girar sólo sobre la jubilación o también sobre otras prestaciones, esta modalidad debería separar la naturaleza y la gestión de los modelos de reparto y capitalización, así como evaluar continua y convenientemente los ingresos y gastos del sistema para no generar problemas adicionales en el resto de las prestaciones; debería también reforzarse inexcusablemente su independencia del poder político y de los “agentes sociales”, mientras que requeriría una gran transparencia e información clara, veraz y recurrente a todos los beneficiarios incluso desde momentos previos a su implantación.

 

La existencia de un sistema de capitalización confiere, desde el mismo momento de la aportación, derechos individuales que deben ser indisponibles antes del acaecimiento del hecho cubierto y que no pueden ser obviados ni diluidos en un conjunto más amplio de derechos, mitigando así la inexistencia de derechos contributivos en el caso de plazos de cotización inferiores a los que legalmente dan acceso a la prestación en la actualidad. Los derechos consolidados se imputan al beneficiario, quien los percibiría aunque no tuviese derecho a una prestación contributiva en los términos que el sistema de reparto determinase, sin perjuicio de la existencia de posibles desajustes en esta opción y de la necesaria modificación de aspectos legales de nuestro sistema de Seguridad Social, entre ellos el concepto de límite de ingresos que recoge el Real Decreto Legislativo 1/1994 para pensiones no contributivas.

 

Esta capitalización puede igualmente solventar algunos problemas que se dan en carreras profesionales muy dilatadas, para las que, a partir del límite máximo de aportaciones, se podrían diseñar fórmulas más favorables para el individuo –por ejemplo posibilitar un mayor porcentaje destinado a la capitalización- sin perder totalmente el componente solidario.

 

Otro elemento de interés en este apartado es la configuración de la gestión de un teórico sistema de capitalización. Una primera posibilidad es que sea gestionado por la Administración a través de sus distintos profesionales, pues la existencia de un sistema de capitalización individual no excluye una gestión pública del mismo en la que los actuarios, economistas y estadísticos de la Administración de la Seguridad Social tienen mucho que decir, tal y como ocurre en países más avanzados. A favor de este sistema se encuentra una mayor independencia en la gestión, que en todo caso debe garantizarse sin fisuras por vía legislativa y posiblemente costes de administración menores que los que derivarían de la iniciativa privada. En este sentido, la gestión debe basarse en la eficiencia y la independencia, obviando injerencias o la imposición de criterios de inversión tales como la inversión en empresas que “atiendan a criterios sociales y medioambientales”, que responden a intereses distintos a los deseables. Somos conscientes de que contra esta alternativa no faltarían voces interesadas y argumentos falaces que no podemos desarrollar aquí por falta de espacio, así como surgiría un erróneo debate dentro de la misma Administración si diversas instituciones quieren el control de un sistema que, a nuestro juicio, debería ser íntegramente gestionado por la Seguridad Social.

 

Otra alternativa sería la gestión privada de la capitalización, con una previsible pérdida de independencia, la incertidumbre e inseguridad sobre la introducción de motivos colaterales de gestión y sin la garantía de una mayor eficiencia a tenor de los resultados actuales. En este escenario entendemos como necesarias las siguientes características:

 

1.         El sistema de remuneración establecido para el gestor debe estar basado en la eficiencia y en los resultados. No parece lógico que, en una alternativa que no es voluntaria sino obligatoria, una gestión que derive en resultados negativos haga todavía más gravoso para el beneficiario la existencia de amplias comisiones en detrimento de su patrimonio. El sistema de retribución debería ser variable, no lineal y creciente con la rentabilidad obtenida, podría girarse sobre dicha rentabilidad y no sobre el valor del patrimonio, con porcentajes ajustados y poca sensibilidad a premiar resultados negativos.

 

El gestor, para mitigar los resultados negativos de su gestión, tiene la posibilidad de cubrirse mediante operaciones de seguro y reaseguro, cuyo coste debería ser asumido por él y no por el patrimonio que sustenta las prestaciones o por sus beneficiarios.

 

Con un sistema exigente, restrictivo en la remuneración por pérdidas y abierto a la competencia, las gestoras sin duda realizarán planteamientos de eficiencia que redundarán en beneficios para los ciudadanos y obtendrían una lícita remuneración a los esfuerzos realizados. Por otra parte entendemos muy favorable la posibilidad de que la gestión no esté cautiva en un único punto, pues la falta de competitividad sería sin ninguna duda un lastre, si bien los requisitos de acceso al sistema deben ser tan estrictos como profundo el control y seguimiento por parte de las Administraciones Públicas –y no por entidades ajenas a la misma-.

 

2.         Partiendo de lo anterior, es deseable que sea el beneficiario quien escoja la opción que considera más adecuada a sus intereses y que no existan restricciones a la movilidad entre alternativas, con una alternativa base –que bien pudiera ser la gestión pública basada en la capitalización- al menos para la falta de elección personal.

 

3.         Por otra parte, ya se ha comentado que la base de la aportación definida podría ser un porcentaje de la cotización imputable al trabajador, pero nosotros valoramos positivamente que sea éste quien determine el porcentaje que quiere que se dedique al modelo de capitalización entre varias alternativas, con unos límites mínimos y máximos según la estructura de costes, porcentaje que podría ser modificado bajo determinados requisitos de plazo y cuantía.

 

En definitiva, no somos detractores de la capitalización de una parte de las prestaciones de jubilación contributivas, con la posibilidad de participación pública y privada bajo criterios de eficiencia, transparencia, competencia, independencia y libertad de elección para el beneficiario, sin olvidar en ningún caso los requerimientos que la obligatoriedad e indisponibilidad imponen ni el verdadero objetivo de la prestación.

 

 

5. Conclusiones

 

La modificación del sistema de prestaciones de jubilación contributiva actual parece aconsejable dadas las circunstancias demográficas y económicas en que se desenvuelve la población española.

 

Para ello, es imprescindible en primer lugar la creación sin demora de una estructura técnica y profesional con los recursos materiales y humanos adecuados y específicos para la evaluación, estudio, determinación y control de -entre otros aspectos y prestaciones- la jubilación contributiva en el marco de la Seguridad Social, con la valoración y utilización independiente de los múltiples recursos que distintas disciplinas ofrecen: simulación y evaluación independiente de los múltiples escenarios posibles, análisis actuarial, interacción de variables, análisis de la solvencia o realización del balance actuarial (Boado Penas, M.C. y C. Vidal Meliá, 2008), entre otros.

 

En segundo lugar se deberían tomar decisiones sobre los parámetros actuales que sustentan el sistema de reparto, adaptando su estructura a la realidad presente y a las necesidades futuras de la población española.

 

Un último paso, pero no por ello susceptible de ser dilatado en el tiempo innecesariamente, englobaría la valoración y toma de decisiones sobre una posible –pero no obligatoria- modificación parcial del sistema de reparto y la apertura de un sistema de capitalización complementario del que, insistimos para pesar de algunas opciones, no han de quedar fuera los profesionales que desarrollan su labor dentro de la Seguridad Social.

 

En definitiva, hay diversas maneras de abordar la reforma de las prestaciones de jubilación contributiva y sólo dos alternativas de fondo: la que consiste en satisfacer a grupos de interés en detrimento de los intereses de los ciudadanos y la que se orienta a la búsqueda de la eficiencia y la racionalidad actuarial y económica, si bien ambas deben empezar indefectiblemente con el reconocimiento de la existencia de un horizonte en la previsión social muy superior al horizonte político, a nuestro juicio verdadero riesgo del sistema. Y esto, ni conviene omitirlo, ni conviene olvidarlo.

 

 


Fecha de recepción del artículo:     12 de enero de 2009

Fecha de aceptación definitiva:       11 de febrero de 2009

 

 

Bibliografía

 

[1] Boado Penas, M.C. y C. Vidal Meliá (2008): El balance actuarial como indicador de la solvencia del sistema de reparto. Documento de trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Serie EC, nº 2.

 

[2] Ruiz Tegle, J. (1996): “El nuevo sistema de pensiones en Chile. Una evaluación provisoria (1981-1995)”. Actuarios nº 14. Dic 96 – Feb 97.

 

[3] Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio (1993): Matemática Actuarial. Editorial Mapfre.

 

[4] Vegas Asensio, J. (1996): La previsión social colectiva. Planes de pensiones y mutualidades de previsión social; Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 19; Consejo General de los colegios Oficiales de Corredores de Comercio.

 

[5] Vidal Meliá, C.; J. E. Devesa Carpio y A. Lejárraga García (2002): “Cuentas nocionales de aportación definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles.

 



[1] Correo electrónico: daniel.hernandez@actuarios.org