ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN EN EL SECTOR JUSTICIA

 

 

José de la Mata Amaya

Director General de Modernización de la Administración de Justicia

 

Presentado por Dª. María del Mar Gómez Arroyo

Presidente de la Asociación de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social

 

 

1. Introducción

 

            Existen razones que ligan la modernización de la justicia a la economía de un país y a su desarrollo económico, más allá del impacto de las resoluciones judiciales. La seguridad jurídica, la confiabilidad o la capacidad de predicción de las resoluciones judiciales afectan a las inversiones, al desarrollo económico, etc.

 

            En España la situación es paradójica; en los últimos años ha habido un incremento presupuestario anual destinado a la justicia importante, un incremento de la planta judicial y de la productividad anual y, sin embargo, pese a esa inversión, todavía la justicia española no funciona de forma eficiente. Los procesos son largos, lentos y complejos, no existiendo coordinación total entre instituciones, con una percepción negativa por parte de la ciudadanía (el 77% de los ciudadanos cree que la justicia no funciona adecuadamente), que reclama la modernización del sector, algo que, a diferencia de otros sectores públicos, la administración judicial no ha conseguido llevar a cabo.

 

            Con el Plan para la modernización de la justicia se busca una estrategia integral de modernización que permita establecer y prever cuáles son las políticas públicas que se van a impulsar desde el Ministerio de Justicia, y desde estas determinar los ejes estratégicos a desarrollar, con objetivos claros y viables para todos los que intervienen, si bien el plan es flexible y no se encuentra encorsetado en sus principios.

 

            Por otra parte, se está anunciando la inminente Ley de Economía Sostenible, en la que el sector justicia estará representado a través de determinados ejes y políticas que se intentarán alcanzar en la convicción de que la modernización de la justicia es un instrumento que coadyuva al desarrollo económico nacional.

 

 

2. El Plan de modernización de la justicia

 

            El Plan de modernización de la justicia se asienta en el establecimiento de una ruta metodológica que se basará en el consenso y la participación, puesto que en el sector justicia hay una amplia complejidad institucional. Por ello, se han establecido alianzas estratégicas con todos los actores, dando lugar al Acuerdo Social por la Justicia, presentado en el Parlamento. De igual forma, se ha incluido a todos los colectivos profesionales ligados al sector: asociaciones profesionales, sindicatos, colegios profesionales, etc. buscando sus aportaciones a la mejora del mismo y, por último, se ha incorporado a la sociedad civil a través de la participación, directa o indirecta, de más de cien organizaciones.

 

            El objetivo es que España disponga de un servicio público de justicia ágil y efectivo, accesible y atento con el ciudadano, responsable y moderno que garantice el acceso a la justicia y proporcione tutela judicial efectiva pronta y cumplida, que desarrolle su acción al nivel de las expectativas de los ciudadanos y que sea equiparable en sus rendimientos al de los servicios públicos más avanzados.

 

            Sobre esta visión se ha organizado una estrategia de modernización articulada en tres políticas públicas principales: la política de modernización, la política de protección de derechos y transparencia y la política de colegiación y cooperación de esfuerzos, que en nuestro caso va más allá de una definición clásica como método o herramienta auxiliar, ya que alcanza este grado jerárquico por la complejidad institucional existente.

 

            Estas políticas se estructuran en 6 ejes, 24 programas y 147 actuaciones concretas, no siendo el proyecto una declaración de intenciones ni un documento político que fije las grandes líneas, sino un desarrollo concreto. A partir de él se crean los planes operativos anuales, que ya en 2009 recogen las 45 actuaciones a desarrollar entre su aprobación y el cierre del ejercicio. Por otra parte, es necesario indicar que se tiene como objetivo la edición de una memoria anual sobre el plan de modernización para ver su grado efectivo de cumplimiento.

 

 

3. Política de modernización

 

            La política de modernización se centrará en conseguir un servicio público de calidad, que sea gestionado por profesionales altamente cualificados y que sea tecnológicamente avanzado. Cada uno de sus ejes se desagrega en diversas actuaciones concretas.

 

Servicio público de calidad

 

            Se trabajara en la modificación de la planta y demarcación judicial, pues el sistema actual está agotado.

 

            Se transformarán las oficinas judiciales, que tienen una organización ineficiente; se buscará la creación de servicios comunes y la separación nítida entre las funciones administrativas y gubernativas y las estrictamente jurisdiccionales, puesto que en la actualidad jueces y magistrados tienen que ocuparse de funciones organizativas y de dirección que dispersan su dedicación de las funciones estrictamente jurisdiccionales.

 

            Se mejorarán y modernizarán los Registros Civiles; en los tres últimos años, con una inversión de aproximadamente 80 millones de euros, se han informatizado todos los Registros Civiles principales (432) y se ha digitalizado el 80% de las inscripciones registrales. Sin embargo, el servicio es todavía insatisfactorio y el plan buscará la modernización con arreglo a un principio básico: transformar el Registro Civil actual en un registro civil de servicios desjudicializado, que facilite directamente a otras administraciones los datos que ahora se requieren al ciudadano. Hablamos entonces de una interoperabilidad que busca el ahorro de tiempo y esfuerzo para los usuarios y, además, que el ciudadano pueda realizar sus trámites sin intermediación manual.

 

            El servicio público requiere personal altamente cualificado. Se crearán nuevas figuras legales que permitirán mejorar el servicio que se presta, por ejemplo, la creación de jueces de adscripción territorial, jueces con movilidad destinados a cabeceras de provincia que atenderán lugares donde haya vacantes estructurales o reforzarán lugares con alta carga de trabajo. Al mismo tiempo se apostará por la formación y la gestión del cambio.

 

            Por otra parte, se requiere una modernización tecnológica más allá de la inversión ya realizada. Existen hasta siete programas de actuación dentro de esta estrategia que inciden en este campo, entre los que están el programa de infraestructuras tecnológicas o el programa de sistemas de registro, documentación y control de las actuaciones procesales, etc., con una orientación hacia el expediente electrónico y el abandono del papel, proceso que no será corto pero que ya está en marcha, por ejemplo, con el proyecto de generación del expediente electrónico en la Audiencia Nacional, o con el sistema de comunicaciones seguras Lexnet, que está realizando ya cerca de 750.000 notificaciones mensuales por vía telemática.

 

            Todos estos programas, por su parte, se presentarán en forma de servicios al usuario con el desarrollo de portales orientados al profesional, al funcionario y al ciudadano en general.

 

 

4. Política de orientación al ciudadano

 

            Dentro de esta política se busca la mejora de la garantía y defensa de los derechos de los ciudadanos. Aquí podemos destacar la potenciación de los mecanismos de mediación extrajudicial puesto que, por mucho que se mejore el rendimiento del sector justicia, difícilmente va a poder hacer frente a un caudal de ingresos en el sistema de millones de asuntos judiciales.

 

            En segundo lugar hay que optimizar la asistencia jurídica gratuita al ciudadano, mejorando la atención pero también los mecanismos de gestión y control. También se quiere actuar en el campo de la transparencia judicial, con un énfasis en el acceso a la información judicial por parte de los ciudadanos.

 

            Por último, se trabaja en el desarrollo e implantación más eficaz de la carta de derechos de las personas ante la justicia, buscando una justicia más accesible y atenta.

 

 

5. Política de cooperación y colegiación de esfuerzos

 

            En este apartado hay dos elementos fundamentales:

1.      Cooperación internacional. En este campo el trabajo se divide en dos áreas básicas: la cooperación jurídica internacional y el marco de cooperación internacional al desarrollo dentro de las estrategias españolas en la materia.

 

2.      Cooperación y colegiación interna entre instituciones, que tiene a su vez dos puntos de actuación relevantes:

 

a)     Organizativo. El sistema judicial en su conjunto tiene un reto que asumir en 2010: el despliegue y la transformación de toda la organización judicial y esto se tiene que hacer en colaboración con todas las instituciones judiciales, buscando sinergias y que las actuaciones se coordinen en todo el territorio nacional.

 

b)     Tecnológico. Se ha dado un paso importante desde que se ha aprobado el Plan Estratégico de Modernización, y es la constitución de un esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

 

      La Ley 11/07, de Acceso de los Ciudadanos a la Información, que establece, entre otros, los requerimientos que debe cumplir el estado en esta materia, paradójicamente, no es de aplicación al sector justicia, algo que el Ministerio de Justicia está tratando de solventar a través de varias vías. Así, se pretende la aprobación del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Ello se ha concretado en la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las once Comunidades Autonómicas con competencias transferidas en la materia, que crea el EJIS, que fijará el conjunto de estándares que tienen que seguir los sistemas judiciales para lograr la interoperabilidad de todos ellos, lo que implicará potenciar el “test de compatibilidad” aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.

 

            En definitiva, hay una preocupación importante por la colegiación de esfuerzos y la interoperabilidad, donde se van a centrar los esfuerzos fundamentales que el sector justicia va a poner en acción los próximos años, en el convencimiento de que esto va a ser la forma de mejorar el servicio público que se presta al ciudadano.

 

 

6. Conclusiones

 

            Si todo el Plan Estratégico se va completando conforme lo establecido, la Justicia que tendremos en 2012 se habrá centrado en las siguientes características:

 

-          Se incrementará la planta judicial en un 20%, adaptando las nuevas unidades judiciales a la nueva organización.

-          Se hará un esfuerzo importante en recursos humanos, con un incremento de hasta 2.000 plazas entre jueces, fiscales y secretarios judiciales.

-          Se garantizará el despliegue de la nueva organización, y de la clásica sala tradicional se pasará a una estructura basada en servicios comunes de carácter procesal y administrativo donde el 100% de las salas de vista esté dotado de elementos tecnológicos adecuados, como un adelanto en la “oficina sin papeles”.

-          Se crearán los jueces de adscripción territorial.

-          Estará en pleno funcionamiento el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

-          Se dispondrá de un Registro Civil único, digitalizado e informatizado.

-          Los tiempos de tramitación y respuesta se reducirán gracias también a las sucesivas supresiones de trámites superfluos y al sistema de mediación.

-          Se modificará la Ley de Planta y Demarcación y se crearán oficinas de atención a la víctima en todo el territorio nacional, así como mejorará la legislación española en materia de derechos y libertades de acuerdo a los compromisos del Programa de Estocolmo.

 

            El Plan de Modernización de la Justicia está soportado con un incremento presupuestario del 48%, creciendo en el año próximo el presupuesto del Ministerio de Justicia en un 13,70%, especialmente en el capítulo VI, inversiones. Existe un compromiso del Gobierno de España y de todas las fuerzas políticas para sustentar este proceso de modernización. El esfuerzo presupuestario que este país va a hacer en los próximos años en materia de justicia es muy importante en un contexto económico tan complejo como el actual, lo que coloca al Ministerio de Justicia -y también a las Comunidades Autónomas, al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial- en una situación de absoluta responsabilidad en la que todas las partes implicadas han de estar a la altura de las demandas de los ciudadanos.

 

 

Cuestiones a debate

 

1.                  Serían convenientes medidas que consigan agilizar la tramitación de plazos y los tiempos de resolución en expedientes de regulación de empleo o despidos de trabajadores, algo que conseguiría ahorrar costes en los sectores público y privado.

 

2.                  Por la experiencia en la administración no judicial, sería conveniente la dotación en los juzgados de lo social de profesionales cualificados no juristas, por ejemplo actuarios, puesto que en determinados procesos las demandas de información a la administración parten del desconocimiento de la realidad de las operaciones desde el ámbito jurídico.

 

Respuestas

 

1.                  En efecto, son necesarias medidas para agilizar la tramitación en la jurisdicción social, aunque no sea la más lenta en la resolución de conflictos. La modernización tecnológica y la transformación de las oficinas judiciales serán positivas en este sentido. Por otra parte, en octubre el Consejo de Ministros aprobó un plan a propuesta del Ministerio de Justicia de refuerzos en la jurisdicción social para poder aligerar la carga de trabajo en cuestiones, entre otras, como los despidos.

 

2.                  Considero de extraordinario interés el que los órganos de la Justicia puedan contar con peritos expertos adscritos a los órganos judiciales tal y como ocurre con diversos profesionales en la actualidad. Por otra parte, aprovecho para indicar que una de las iniciativas que el Ministerio de Justicia está poniendo en marcha en estos días es la generación de un “laboratorio de ideas” con profesionales de distinta cualificación y orientación profesional para completar la estrategia diseñada.