LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. REFORMA DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA RELACIÓN ENTRE OBLIGACIONES Y DERECHOS CONSUMIDOS (1)

 

Manuel Sanabria Borrego (2)

Estadístico de la Administración de la Seguridad Social.

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Sevilla

 

Daniel Hernández González (3)

Actuario. Cuerpo Superior de Actuarios Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social

 

 


(1) Los autores tienen conocimiento de que actualmente se está elaborando por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía el Libro blanco del envejecimiento activo. Existe ya un documento marco de análisis y reflexión, y diversos grupos de trabajo elaboran aportaciones entre las que figura la propuesta de mejora de la pensión de viudedad (D. Camilo Fernando Hernández León, y D. José Ramón Bejines), mediante una reformulación global de la misma, con similar inspiración y los mismos fines que son desarrollados en el presente artículo.

(2) Correo electrónico: manuel.sanabria@inss.seg-social.es

(3) Correo electrónico: daniel.hernandez@actuarios.org

 

 

1. Introducción

 

            La pensión de viudedad, encuadrada dentro de las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social, tiene su razón de ser en la sustitución de las rentas perdidas a causa del fallecimiento del cónyuge -o asimilado en los términos recogidos en la legislación actual-, si bien este espíritu se ha ido diluyendo con las continuas modificaciones legislativas que han afectado a esta prestación.

 

            Las reformas de los últimos años se han centrado en el reconocimiento de derechos atendiendo a las características del beneficiario superviviente y a su relación con el causante fallecido, mientras que, desde una perspectiva económica, su incidencia ha estado vinculada principalmente al incremento de los porcentajes que se aplican a la base reguladora para la obtención de la cuantía de la prestación, con el consiguiente aumento del gasto público en la materia.

 

            Los planteamientos que se recogen en este trabajo se orientan a la determinación de la pensión de viudedad atendiendo a las cantidades ya consumidas por la prestación de jubilación, buscando, entre otros objetivos, mejorar la sostenibilidad del sistema y la posibilidad de incrementar las cuantías mínimas establecidas por ley. En este sentido, el planteamiento general difiere de las tendencias legislativas que se han plasmado en los últimos años, siendo posible su articulación práctica a través de múltiples alternativas y destacando, por encima de todo, su filosofía.

 

            La adopción de un sistema que se guíe por los principios aquí propuestos daría lugar a una reducción en el coste de la prestación en su vertiente contributiva, produciéndose una traslación de una parte de dicho coste hacia la financiación impositiva debido al incremento de situaciones que se derivarían al sistema no contributivo.

 

 

2. Las prestaciones de viudedad en la Seguridad Social española

 

            El capítulo VIII del Título II del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, recoge los preceptos básicos de la pensión de viudedad, ya sea temporal o vitalicia.

 

            Será beneficiario de una pensión de viudedad el cónyuge superviviente al fallecimiento del cónyuge generador del derecho, con los requisitos de situación en alta o asimilada, cotización, origen del óbito, vínculo matrimonial y otros aspectos relacionados contenidos en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo mencionado. Por otra parte, según el artículo 174.bis de dicho texto, “cuando el cónyuge superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes y reúna el resto de requisitos enumerados en el apartado 1 del artículo 174, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años”.

 

            Las pensiones de viudedad han sido objeto de remodelación continua desde los años sesenta desde diversos puntos de vista, habiéndose aumentado sucesivamente los porcentajes que se aplican a la base reguladora para determinar el importe de la pensión y también definido con mayor precisión y adaptación a la realidad contemporánea el concepto de beneficiario y sus relaciones con el causante. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Estado para 2006, BOE 30 de diciembre 2005, en su disposición adicional quincuagésima cuarta, sobre la pensión de viudedad, indicaba que: “El Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados, previa su valoración y análisis con los agentes sociales en el marco del diálogo social, un proyecto de Ley que, dentro de un contexto de reformulación global de la pensión de viudedad, dirigido a que la misma recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante y posibilite, igualmente, el acceso a la cobertura a las personas que, sin la existencia de vínculo matrimonial, conformen un núcleo familiar en el que se produzca una situación de dependencia económica y/o existan hijos menores comunes, en el momento de fallecimiento del causante”, mientras que la recomendación duodécima del Pacto de Toledo: “Reforzamiento del principio de solidaridad” ha tenido un intenso desarrollo, buscando la cobertura efectiva de las necesidades producidas tras el fallecimiento y la mejora de las pensiones de viudedad de las personas sin recursos.

 

            Las recientes medidas adoptadas, que suponen una mejora de importes en situaciones de especial necesidad y un aumento en el campo de aplicación (parejas de hecho, del mismo sexo, compatibilidad SOVI), ocasionan en su conjunto un lógico incremento de gasto. Sin embargo, cualquier medida que tenga como objetivo recuperar para la pensión de viudedad su carácter de prestación sustitutiva de rentas perdidas debería buscar una menor protección para los beneficiarios con rentas suficientes, trabajo u otras prestaciones del sistema, aun cuando esta idea choca frontalmente con la realidad actual de la prestación. Por otra parte, el cotizante actual -posible futuro causante- tiene la percepción subjetiva de que sus cotizaciones no pueden ser ignoradas y que una minoración de la pensión de viudedad es una afrenta al “contrato de seguro” que ha suscrito, independientemente de la situación del beneficiario. Así es “socialmente” entendido el aspecto contributivo del sistema.

 

            El proceso de revisión que ha tenido lugar en el pasado inmediato, lejos de agotarse, tiene diversidad de opciones adicionales de modificación que pasan, entre otras, por un nuevo aumento del porcentaje aplicable a la base reguladora para el cálculo del importe de la pensión, la financiación de la prestación o de una parte de la misma por vía impositiva –por ejemplo los incrementos adicionales sobre el tipo general aplicado- o la expansión de la diferenciación de los colectivos de beneficiarios según la situación de los mismos, puesto que no es lo mismo la viudedad de un beneficiario con capacidad para obtener un patrimonio propio que la de una persona con dependencia económica absoluta del finado.

 

            De estas alternativas podemos ver, de forma breve, que el aumento del tipo a aplicar sobre la base reguladora conllevaría una mejora indudable en las prestaciones, pero también un incremento de gasto público y de Seguridad Social y, sin entrar a valorar otros aspectos sociales más delicados, dotaría al sistema de una ineficiencia poco deseable; en una prestación de jubilación con una base reguladora de importe C unidades monetarias, de la que el beneficiario con quince años de cotización recibiría un porcentaje j = 50% de C, su fallecimiento y la generación del derecho a una pensión de viudedad llevaría este porcentaje a v = 52%, con lo que una pensión de viudedad, que pretende compensar rentas perdidas, sería superior a aquella que genera tales rentas, algo que puede ser más ilógico cuanto mayor sea la diferencia entre los porcentajes v y j a favor del primero. En el caso de causantes que fallezcan en situación de pasivo –la mayoría en la práctica-, una posibilidad para evitar disfunciones en esta opción podría ser la determinación del porcentaje a aplicar para la viudedad de los casos agravados teniendo en cuenta el tipo aplicado en la determinación de la pensión de jubilación del causante y la relación entre ambos porcentajes, estableciéndose así un sistema de tipos de carácter variable en el que el límite de las rentas sustitutas viene dado por las rentas sustituidas.

 

            El futuro de nuestro sistema requiere aportaciones equilibradas que favorezcan la sostenibilidad, buscando un difícil equilibrio entre la reducción del gasto y la mejora de la protección a las efectivas situaciones de necesidad. La prestación de viudedad reúne todos los requisitos para que su reforma sea abordada con esta doble ambición. En un gran número de propuestas las modificaciones se han centrado en el beneficiario, sus características y los requisitos de acceso, si bien en este trabajo se va a establecer un modelo principalmente desde el punto de vista económico, atendiendo en primer lugar a las características de quien genera el derecho.

 

            La propuesta aquí recogida buscará un menor coste de la prestación mediante su racionalización y sin traumatizar los derechos de los ciudadanos. Este menor coste podría ser tan notorio que permitiría elevar la protección en los casos agravados de necesidad, en los que el viudo/a dispone de menores rentas, sin dejar de suponer un ahorro efectivo. Por otra parte, insistimos, lo verdaderamente importante de la propuesta es su filosofía, ya que las herramientas existentes para su aplicación y desarrollo práctico son de muy diversa índole.

 

 

3. Hacia una reforma de la pensión de viudedad contributiva desde el punto de vista económico

 

3.1 Objetivos de la reforma

 

Entre los objetivos prioritarios de la propuesta podríamos enumerar los siguientes:

 

1    La mejora de la sostenibilidad del sistema contributivo economizando recursos, de manera que el importe global del coste de la prestación en la vertiente contributiva sea considerablemente menor al actual.

 

2    La búsqueda de un incremento en la eficacia del sistema posibilitando, gracias a la existencia de más recursos económicos, hacer frente a mejoras de las situaciones de especial necesidad por la capacidad de aumento de la prestación en los casos de menos recursos del beneficiario.

 

3.   La recuperación del carácter de renta de sustitución de la pensión de viudedad, promoviendo el acercamiento a un equilibrio entre la contribución realizada y lo efectivamente percibido, manteniendo el respeto de los derechos de los ciudadanos, cotizantes y beneficiarios pero determinando las cuantías de la prestación sin olvidar lo ya satisfecho.

 

Por otra parte, como valores añadidos, la propuesta podría permitir en su desarrollo:

 

a)   Simplificar la normativa, de manera que posiblemente pueda atenderse la diversidad de situaciones a través de una mecánica más sencilla (4).

 

b)   Incentivar un uso más adecuado de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial antes de los 65 años. El retraso en incorporarse a la situación de jubilado se vería de forma directa favorecido desde la perspectiva del beneficio económico futuro para la pareja superviviente. Por el contrario la jubilación anticipada supondrá una minoración en los futuros ingresos contributivos del beneficiario, tal y como podrá deducirse del desarrollo de la propuesta.

 

 

 


(4) El ahorro contributivo permitiría orientar en un futuro los requisitos con vocación de amplitud, sin que suponga quebranto económico. Por ejemplo, no sería necesaria la viudedad temporal. Por otra parte, la relación entre obligaciones y derechos ya consumidos posibilitaría enfocar el montante económico como un derecho transmisible a través de la legislación civil general como patrimonio común de una sociedad de gananciales y, por tanto, el reconocimiento del derecho a pensión contributiva podría ser un problema asimilable al derecho civil, buscando una unificación de los derechos aplicables: ¿Existe sociedad de gananciales u obligación de prestar alimentos? En este caso existiría derecho a la prestación referida.

 

3.2. Marco teórico y aspectos generales del sistema alternativo

 

            Si llamamos parte contributiva de la pensión de viudedad a la resultante del cálculo inicial -porcentaje sobre la base reguladora- más revalorizaciones, y parte no contributiva a los complementos a mínimos(5), la modificación de la prestación de viudedad que se promueve desde estas páginas consiste en determinar el importe de la prestación contributiva de tal forma que el porcentaje sobre la base reguladora se calcule teniendo en cuenta la relación entre aportaciones –cuotas u obligaciones- y las prestaciones ya percibidas por el causante -esencialmente jubilación-. Metodológicamente se pretende simular el concepto de “rescate”, descontando al porcentaje general a aplicar a la base reguladora un porcentaje gradual en función de los años en los que se ha percibido efectivamente por el causante una prestación de jubilación. Por tanto, la modificación actuará directamente sobre el segmento contributivo de la prestación, que trasladará una parte de sus costes al sistema no contributivo –que también podría ser remodelado-, y a su vez podría permitir la redefinición de los casos de especial necesidad gracias al ahorro esperado, de manera que se otorgase mayor protección efectiva en los casos de carencia de rentas suficientes para el beneficiario, todo ello con la limitación de la necesaria correspondencia entre los campos contributivo y no contributivo y sin que se deban perder de vista las relaciones entre los complementos a mínimos asignados a distintas prestaciones.

 

 


(5) Si bien los complementos a mínimos no están en la actualidad vinculados totalmente al sistema no contributivo, se espera que en un futuro cercano sean financiados íntegramente por recursos ajenos al sistema de Seguridad Social; por ello se hablará aquí de parte no contributiva.

 

            La parte contributiva de la prestación alcanzará su máximo en aquellos casos en los que el tiempo de cotización haya sido más elevado y el causante no haya llegado aún a percibir la prestación de jubilación. En el otro extremo, la parte contributiva de la prestación quedaría nula en aquellos supuestos en que a una edad avanzada del causante, la pensión de jubilación ya percibida hubiese superado los límites fijados. Sin embargo, esta falta de cuantía contributiva se compensaría con la percepción de una prestación no contributiva cuyo incremento de valores mínimos podría estudiarse atendiendo a la futura separación definitiva de fuentes de financiación, mientras que también sería necesario estudiar con datos reales la relación que debe existir entre prestaciones contributivas y no contributivas para evitar disfunciones en el sistema en su conjunto.

 

            En aquellos casos en que exista una minoración de la parte contributiva de la prestación, esta no es indiscriminada, sino que busca la equidad entre lo aportado, lo percibido y lo que resta por percibir en términos esperados, pues cuanto más pensión de jubilación se ha consumido, a priori, para un mismo nivel de aportaciones, menos pensión de viudedad contributiva y también menor esperanza de vida presenta el beneficiario de la misma, al ser la supervivencia una función real monótona decreciente.

 

            En resumen, la pensión de viudedad quedaría configurada a través de dos ejes: la parte contributiva, cuyo sustento es el cálculo en función de la relación entre obligaciones y derechos consumidos, y la parte no contributiva, garantía en función de las rentas del beneficiario.

 

 

4. Una alternativa práctica en la propuesta de modificación de la pensión de viudedad

 

4.1. Consideraciones generales

 

            Buscando la sencillez, una mayor claridad expositiva y atendiendo a su carácter introductorio, en nuestro desarrollo práctico vamos a centrar la exposición en la parte contributiva, verdadero objeto del presente trabajo, con la referencia a las contingencias derivadas de causantes en situación de pasivo, aunque en la concreción numérica se utilizarán datos globales manteniendo las prestaciones derivadas de activo con el sistema de cálculo vigente en la actualidad. La metodología a seguir mantendrá como hipótesis unos importes de base reguladora y unos requisitos jurídicos de acceso en los mismos términos que los actuales, teniendo en cuenta que, con la base teórica expresada en la formulación general, son posibles un buen número de propuestas concretas que cumplan los objetivos previstos; como ya hemos indicado con anterioridad, la filosofía de la alternativa es más relevante que la concreción a través de un ejemplo determinado, que tiene múltiples alternativas.

 

            El ejemplo práctico mantiene el esquema actual de cálculo, es decir, un porcentaje sobre la base reguladora, pero siendo este porcentaje P de carácter variable. Utilizaremos en este caso una función del tipo:

 

 

            j           Tiempo de jubilación efectivamente consumido

            c          Tiempo efectivamente cotizado, c > 0

         α        Tipo de aplicación máximo establecido con carácter general

         ω         Coeficiente de reducción

 

cuyos cálculos finales pueden realizarse sin dificultad a través de una hoja de cálculo en la que trabajaremos en años y obviaremos el efecto del tiempo en las unidades monetarias. En esta opción, el descuento sobre el porcentaje máximo de aplicación establecido legalmente es directamente proporcional a los años efectivamente percibidos de jubilación por el causante en el momento de fallecimiento e inversamente proporcional al tiempo efectivamente cotizado. El coeficiente ω es determinable a voluntad del legislador, permitiendo acentuar o disminuir el descuento, si bien su valor teórico inicial puede establecerse por métodos de cálculo concretos. Con un ejemplo en 105 para una cotización de 35 años se disminuyen tres puntos (105/35 = 3) en la base reguladora por cada año de percepción efectiva de la jubilación antes del fallecimiento, quedando así:

 

 

            El valor escogido para ω presenta aquí matices de arbitrariedad pero, estimando el tiempo medio de percepción de una pensión de viudedad en 20 años, el valor de descuento no se aleja considerablemente de la mitad de la percepción de jubilación en caso de cotización máxima.

 

            En definitiva, en el momento del fallecimiento, se hace por una sola vez el cálculo consistente en restarle al porcentaje máximo general (52% en la actualidad) una cuantía, que es cero cuando el fallecido no ha percibido ningún año completo de jubilación y es más relevante cuanta más jubilación se ha percibido, teniendo en cuenta que los años cotizados tienen efecto contrario a la jubilación percibida, significando un menor descuento a medida que son más numerosos. En cuanto a la pensión de Incapacidad Permanente, esta se considera jubilación a partir de los 65 años y, por tanto, sólo a partir de este cambio lo percibido supondría años de jubilación a efectos de la fórmula de cálculo.

 

            Por otra parte, nada impide establecer en el desarrollo teórico un tipo mínimo –o una cuantía mínima- que proporcione en todos los casos una parte contributiva en la prestación; incluso puede considerarse una decisión muy adecuada para eliminar los posibles desajustes entre los campos contributivo y no contributivo, si bien, cuanto mayor sean la cuantía o el tipo garantizado menor ahorro supondrá para el sistema.

 

            Somos conscientes de que el carácter introductorio y la intención divulgativa de la propuesta hace que ésta deba dotarse posteriormente de mayor eficiencia en la formulación y abarcar muchos de los aspectos que no han sido aquí contemplados, entre otros, la jubilación parcial, las cotizaciones superiores a los máximos de cálculo, la evolución de la esperanza de vida de la población, las situaciones de mayor necesidad que ahora se consideran a través de un porcentaje particular del 70% sobre la base reguladora, los posibles desajustes entre los sistemas contributivo y no contributivo o las posibles restricciones a los beneficiarios atendiendo a su capacidad económica.

 

 

4.2 Caracterización numérica y comparación de sistemas

 

            En aplicación de la formulación propuesta el porcentaje aplicable sería el que se presenta en la tabla de la página siguiente, que utiliza como variables la edad de fallecimiento del causante, a su vez perceptor de una prestación de jubilación causada a los 65 años, los años completos percibidos de jubilación y los años cotizados; aquellas situaciones no perceptoras de la prestación contributiva tendrían derecho a la prestación no contributiva que se determine, no existiendo población desamparada pero siendo necesario analizar las relaciones entre ambos campos de protección, tal y como ya se ha expuesto con anterioridad.

 

            Por otra parte, también insistimos en que este ejemplo puede adecuarse para limitar las casillas que aparecen con importe nulo, si bien esto supone siempre menor ahorro al sistema contributivo y un reequilibrio de las relaciones entre las variables que entran en juego.

 

           

El porcentaje de pensiones de viudedad procedentes de pasivo en la provincia de Sevilla(6) es aproximadamente el 85%, y el causante procedente de pasivo por jubilación no suele generar en la actualidad viudo/a con cargas familiares. Por otra parte, el porcentaje de viudedad derivado de contingencias profesionales se sitúa en el 1.5%, mientras el gasto anual contributivo en viudedad (incluida la parte de complementos a mínimos –cerca de 3 mil millones de euros- tal y como está la prestación en la actualidad) para el conjunto del Estado para 2010 puede cifrarse en torno a 18.479.833.510 € -el 19% del total del crédito en pensiones- para 2.306.391 pensiones estimadas(7).

 

            Se pretende ahora calcular la variación de coste que supondría para la prestación de viudedad contributiva la reformulación bajo las nuevas premisas. La aplicación de distintos porcentajes sobre la base reguladora, en los casos en los que el fallecimiento se produce después de percibir pensión de jubilación, ocasiona un diferente coste en la prestación, que puede cuantificarse. Para ello, nos centraremos en el estudio en el caso más frecuente en la práctica: pensión de viudedad causada por el fallecido varón y beneficiaria de sexo femenino.

 

            Metodológicamente las aproximaciones numéricas se realizarán sobre la parte contributiva de la prestación; se recurrirá al número de parejas de diferente sexo por cada edad del varón y de la mujer en España proveniente del Censo de Población y Viviendas 2001, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. También del INE y de sus Tablas de mortalidad del INE del año 2007 de la población de España por sexo y edad se ha obtenido el riesgo de muerte del varón en un año según su edad –obteniendo así el posible número de pensiones a causar en un ejercicio- y la esperanza de vida de la mujer según edad -para su tiempo medio de percepción-.

 

 


(6) Valoración entre el 01/01/2004 y 31/12/2008.

(7) Tomo de Síntesis de cifras y datos de los Proyectos de presupuestos de la Seguridad Social para 2010. www.seg-social.es

 

            Se ha asumido la simplificación consistente en suponer que todo fallecimiento ocasiona una pensión de viudedad bajo la hipótesis de neutralidad de esta acción en los cálculos, hecho que debería comprobarse en estudios posteriores; se está sobredimensionando así el número de pensiones, pero tanto para el cálculo en función de la situación actual como para el cálculo con la metodología propuesta.

 

            Una sencilla -aunque extensa- hoja de cálculo de doble entrada con las diferentes edades de la mujer y edades del hombre recoge en cada celda el número de parejas existentes para cada edad. Se añade para cada fila otra adicional con el número de fallecimientos de varón esperados para el año siguiente según su edad, y otra fila más (en aplicación de la esperanza de vida de la mujer por edades) con el número de mensualidades esperado de percepción. Por último, se incluye una nueva fila con la aplicación del porcentaje sobre la base reguladora, cuya acción sobre los totales arroja un “número teórico” de veces de percepción del importe completo de dicha base.

 

            Así, homogeneizando en términos de bases reguladoras, se obtiene una unidad comparativa de coste sin necesidad de cuantificar el importe de las mismas, considerando neutro para este ejemplo el efecto de la diversidad en base. Se aplica este cálculo para la situación actual y para la propuesta ejemplificada en los casos de 15, 20, 25, 30 y 35 años de cotización. Tal y como se ha indicado, los años de cotización supondrían diferentes porcentajes sobre la base en función de los años de percepción de la pensión de jubilación antes del fallecimiento. Un ejemplo de esta forma de actuación es el que se muestra a continuación:

 

 

            De los datos recogidos en el informe económico financiero elaborado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que acompaña a la Ley de presupuestos para 2009 puede extraerse el número de pensionistas de jubilación según los años cotizados. Tomamos el 10% como marca de clase estimada asociada a los intervalos que contemplan los 15, 20, 25 y 30 años cotizados, dado que el número de pensionistas por años de cotización es bastante uniforme hasta llegar al tope máximo, dejando el 60% para los pensionistas que alcanzan la jubilación tras 35 o más años de cotización. Por otra parte, para efectuar los cálculos conforme a las modificaciones teóricas propuestas se utiliza una nueva simplificación consistente en que los causantes de viudedad perciben jubilación a partir de los 65 años de edad.

 

            Con la metodología descrita, las hipótesis de partida no restrictivas utilizadas y la normativa actual, considerando el 52% de la base reguladora en todas las pensiones, el número de bases reguladoras estimadas completas de prestación inicial que se causan en el primer año y se abonan hasta el fallecimiento de todas las beneficiarias para la pensión de viudedad, sería de 16.477.269. Suponiendo estabilidad en las características de los nuevos accesos al sistema, este número de bases se corresponde, por tanto, con todas las causadas en el año natural y abonadas hasta el fallecimiento de todas las viudas, es decir tiene carácter vitalicio. Como es lógico, estos planteamientos de partida deberán adaptar las hipótesis a los datos exhaustivos, concretos y reales de la situación existente en nuestro país.

 

            En un segundo paso realizamos idéntico cálculo con los nuevos argumentos teóricos, esto es, con la modificación consistente en obtener el porcentaje de la base reguladora en función de los años de percepción de jubilación antes del fallecimiento y de los años cotizados. El procedimiento se realiza en cinco ocasiones, una por  cada clase, suponiendo en cada una de ellas una hipótesis diferente de años cotizados. Bajo el supuesto de que todo el mundo al causar pensión ha cotizado más de 35 años, con el descuento de porcentaje en la base reguladora por la jubilación percibida, en lugar de 16.477.269 bases completas se obtendrían 10.824.246 bases completas. La reducción obedece al uso de menores porcentajes sobre la base reguladora por los años percibidos de jubilación. Pero como esta situación se estima que sólo ocurre en un 60% estimado de los causantes (aquellos con cotización máxima), las bases teóricas que se completan con 35 años de cotización son el 60% de 10.824.246, es decir, 6.494.548. Bajo los mismos principios, si todo el mundo al causar pensión ha cotizado 30 años, serían 10.383.209 bases, y al estimarse que ocurre esto en un 10% de los casos, las bases que se completan son 1.038.320 y así sucesivamente, obteniéndose mediante este procedimiento la siguiente tabla:

 

Años cotizados

Bases completas

Peso

Bases

Ponderadas

35

10.824.246

60%

6.494.548

30

10.383.209

10%

1.038.320

25

9.677.409

10%

967.740

20

9.216.643

10%

921.664

15

8.433.024

10%

843.302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Asignando pesos del 60%, 10%, 10%, 10% y 10% a las categorías señaladas introducimos el factor años de cotización ponderándolo en función de su distribución o frecuencia, con lo que tendríamos un número esperado de 10.265.574 bases reguladoras completas, que sería el número estimado en el caso de aplicación de los nuevos descuentos tras haber percibido jubilación. De nuevo se incide en que para el ejemplo sólo se modifica la procedencia de pasivo, mientras que la procedencia de activo se calcula de idéntica manera a la actual. Se pasaría pues de 16.477.269 a 10.265.574 bases reguladoras estimadas, lo que supondría aproximadamente un 62% por ciento esperado de gasto. Es decir, un 38% de ahorro en términos de número de bases reguladoras en la parte contributiva de la prestación, si bien en cuanto a una estimación concreta sobre el montante monetario sería necesario, al menos, conocer la distribución de la cuantía monetaria de las bases reguladoras de prestaciones de jubilación, aunque en términos globales puede decirse que el 38% de la parte contributiva de la prestación se acercaría  a los 5.900 millones de euros anuales.

 

            Atendiendo a la aplicación práctica de la propuesta, con las hipótesis planteadas se podría hablar de un ahorro esperado cercano al 38% de la prestación contributiva en número de bases reguladoras, considerando que no hay modificación en la procedencia de activo ni en las contingencias profesionales. No obstante lo anterior, una consecuencia directa de disminuir la parte contributiva de la pensión está en el hecho de que, aunque no se aumentase el importe del mínimo vigente en cada caso, habría más pensiones sujetas a mínimos y más parte de complemento, puesto que aquellos beneficiarios a los que el cálculo propuesto no les aporta pensión contributiva alguna sí tendrían derecho al mínimo vigente establecido y no quedarían sin prestación, si bien el sistema deberá valorarse globalmente. De nuevo incidimos en que esta parte de mínimos se financiará en un futuro vía impuestos, por lo que se produciría una traslación de costes desde el la Seguridad Social al régimen impositivo correspondiente.

 

            El ahorro obtenido apuntalará indudablemente el sistema contributivo, elemento fundamental y prioritario, pero también le capacitará para la toma en consideración de otros aspectos relacionados atendiendo a la situación de los ingresos y los costes, ya que se puede abordar la reforma del sistema desde varios puntos de vista: la mayor capacidad de gasto para los mismos ingresos, la menor necesidad de ingresos para los mismos gastos o el fortalecimiento conjunto del sistema con vistas a la evolución de escenarios futuros.

 

            Desde el punto de vista práctico se puede proponer una aplicación gradual en el sentido de descontar como años de jubilación aquellos que transcurrieran a partir de la fecha en vigor de la norma. Podría aplicarse, por tanto, a todos los causantes desde el primer momento, de tal forma que en lugar de computar toda la jubilación percibida para hacer el descuento sobre el porcentaje se descontase tan solo la jubilación transcurrida entre la fecha de entrada en vigor y el momento de causar viudedad.

 

            Tal y como está elaborada la propuesta de modificación no se detectan a priori colectivos especialmente singularizados, si bien se tendría como colectivo más desfavorecido (siempre en la prestación contributiva, no en mínimos) al de aquellos pensionistas de jubilación que no hubiesen alcanzado los años máximos de cotización, con mayor incidencia cuanto menor tiempo de cotización se haya efectuado. En el caso de causantes procedentes de Incapacidad Permanente, a partir de los 65 años son considerados pensionistas de jubilación y sería a partir de este momento cuando su tiempo de prestación descontara porcentaje sobre la base reguladora de la posible viudedad.

 

 

5. Conclusiones

 

            Dentro de las posibles reformas que se pueden acometer sobre las prestaciones de viudedad la que aquí se propugna incide en la relación económica entre los derechos ya consumidos y las obligaciones efectivamente formalizadas a través de las aportaciones al sistema. Si bien, en el ánimo de ejemplificar, se ha presentado una forma concreta de actuación, lo más importante de la propuesta es el espíritu de la misma, puesto que para su aplicación práctica es posible determinar un gran número de opciones que cumplan los objetivos marcados y que requerirán una profundidad adicional en el análisis de los distintos escenarios en los que se mueve el siempre complejo equilibro entre derechos y obligaciones.

 

            Los planteamientos expuestos conllevan una sensible traslación de costes desde el sistema contributivo de la Seguridad Social hacia el marco impositivo general, colaborando en la sostenibilidad y el futuro del sistema, devolviendo la prestación hacia sus planteamientos filosóficos originales sin olvidar los derechos de los ciudadanos; por todo ello, nosotros apostamos por una modificación de la prestación de viudedad teniendo en cuenta el componente económico de la misma, buscando apuntalar la viabilidad futura del sistema y siendo conscientes de que los planteamientos aquí descritos pueden ser la base de trabajo para abordar, con posterioridad, otro asunto pendiente y de indudable relevancia en estas prestaciones: las cuantías a percibir por los beneficiarios en función de su nivel de renta.

 

 

6. Referencias

 

[1] Ojeda Avilés, A.; (2008); Reformulación de la pensión de viudedad; Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Nº 74. Págs. 333-342.

 

[2] Sampedro Corral, M. (2008); Modificaciones introducidas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en la prestación de muerte y supervivencia. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Nº 74. Págs. 105-128.